por Mariene Pecora, Periódico VAS, Resumen Latinoamericano, 3 de octubre de 2021.
Foto: Dabove Daniel /Télam
«Parece que ser pobre es un delito, les pedí cinco minutos para poder procesar lo que estaba pasando, pero la policía nos sacó de la cama a los empujones, con los puesto», dice Leonela llorando frente a la cámara, detrás de ella, munida de toda clase de pertrechos, una hilera de policías le impide el paso. No puede, ni podrá retirar las pocas pertenencias que sobrevivieron al fuego en el cobertizo que habitaba junto a sus seis hijes.
Leonela, clama, ruega, implora que le dejen retirar los útiles y la ropa de sus hijes, mientras la topadora avanza sobre las precarias viviendas improvisadas en el terreno que, hasta hace tres meses, era un basural al costado de la hipotética urbanización de la ex Villa 31, en el sector denominado La Contaneira.
Este Guernica vernáculo se desató la húmeda y fría madrugada del 30 de septiembre. A las 7 de la mañana, funcionarios de la administración porteña y de la fiscalía 11, a cargo de Valeria Messaglia, se presentaron en el lugar junto a un escuadrón de la policía de la Ciudad, que rodeo el predio y, tras dar lectura a la sentencia judicial, comenzó a desalojar con fuego y golpes, a las 100 familias del asentamiento Fuerza de las mujeres, denominado así por la gran cantidad de madres en situación de violencia machista que lo habitaban.
Mientras las casillas ardían el personal del programa Buenos Aires Presente intentaba trasladar a las familias desahuciadas al parador del Parque Roca, a 19 kilómetros del lugar, asegurando a las madres que al día siguiente sus hijes regresarían a la escuela con la normalidad habitual.
Leonela pregunta entre sollozos: «¿Con qué van a ir a estudiar, nuestros niñes si les rompieron todo? ¿Dónde está la mochila, dónde están los zapatos, donde está la ropa? ¿Con qué libros van a estudiar? ¿Con qué cabeza se van a sentar en la escuela a escuchar a la maestra? ¿Cómo van a comprender lo que se les está enseñando después de la violencia que sufrieron esta mañana? ¿Tendrán la oportunidad de relatar cómo la policía los arrojó a la calle y los trató peor que a delincuentes?».
«¡No se puede creer la violencia que ejercieron sobre estas criaturas!», exclama Leonela. Cecia, su hija de apenas 8 años que está junto a ella, grita con voz desgarrada: «¡Si quieren que estemos bien, que nos den un techo para vivir!». De su figura pequeña, de su pelo revuelto y del dolor de su mirada no surge más que una pregunta: ¿Ésta esta es la vida que queremos para nuestras infancias?
«Vinieron, entraron y tiraron todo. Nos desalojaron por la fuerza y la policía no nos deja pasar retirar nuestras pertenencias», relata Estela, una joven madre que carga en sus brazos un bebé, mientras que de sus piernas se amarran sus otros dos hijos. «Somos mujeres víctimas de violencia de género, estamos solas con nuestros niñes, y el subsidio habitacional, de 8000 pesos, que nos ofrece el programa Buenos Aires Presente no nos alcanza para nada. El alquiler de una habitación en la Villa ronda entre los 10.000 y 15.000 pesos. Y, además, nadie te quiere alquilar con pibes», agrega.
Pese a la situación de violencia machista que atravesó la mayoría de las mujeres que encabezaron esta toma, el ministerio de Mujeres (Nacional) no intervino en ningún momento. Una de las pocas organizaciones que acompañó intensamente esta cruzada, fue el movimiento popular La Dignidad.
A principio de agosto, Mónica Zárate vocera de esta organización aseguraba a Periódico VAS que ningún funcionario o funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat de Ciudad o Nación se había acercado al lugar. «Pedimos mesa de diálogo porque estas personas están en situación de calle efectiva y esta problemática requiere una discusión sobre políticas de urbanización orientadas a sectores de menores recursos», decía.
Este negro jueves de septiembre, la voz dolida de Mónica Zárate, relata: «Hubo violencia policial, institucional y de todo tipo, porque hasta prendieron fuego en el lugar. Y encima rompieron las maderitas con las que habíamos levantado las casitas. Esa clase de violencia es la que inculca Larreta. ¡Pobres familias, pobres madres, pobres criaturas que tienen que ver todo este desastre! Ya es violencia no tener una casita para vivir, y cuando consiguen un lugarcito, lo manda a destruir».
«No sabemos dónde vamos dormir esta noche con nuestros niñes. Hace tres meses que estamos en este asentamiento que armamos porque no tenemos un lugar para vivir», dice Graciela Sosa, otra de las voceras de la toma que, al igual que Mónica Zárate, considera que se trata del derecho humano de las mujeres y de las madres a tener una vivienda digna. Y, como Estela, asegura que los alquileres de la Villa 31 no se pueden pagar. «Hoy quedamos a la deriva», se lamenta.
«No estamos pidiendo un subsidio habitacional, sino vivienda, tierra y trabajo», dice Pedro Sánchez un padre desalojado, que relata: «Hoy quedamos en situación de calle, y el Gobierno de Larreta nos quiere mandar a un parador. Somos familias que no tenemos un lugar para vivir porque no podemos alquilar, porque tenemos chicos y nadie nos alquila. Soy cartonero y tengo cinco hijos. ¿Cómo hago para vivir en una pieza de cuatro por cuatro?».
Cada testimonio es tan estremecedor como el paisaje yermo del terreno donde se erigía la toma. Tras el paso de la topadora yacen esparcidos entre los escombros algunos juguetes maltrechos, chapas retorcidas, trozos de vigas, telas roídas. Retazos de vidas que niños y niñas intentan rescatar junto a sus madres.
El dolor se huele, tanto como la furia contenida en esas pequeñas miradas de ojos gigantes. Son 200 infancias arrojadas a la intemperie. No hay argumento ni explicación que avale tamaño desamparo. Ni siquiera en nombre de la fútil e improbable promesa de las autoridades porteñas de erigir en el lugar una escuela, un jardín de infantes y un espacio verde.
En paralelo al dramático desalojo de la toma Fuerza de las mujeres, el oficialismo en la Legislatura porteña, aprobaba un convenio firmado entre el Jefe de Gobierno y un grupo de corporaciones inmobiliarias para erigir once torres de lujo en distintos puntos de la Ciudad. Ninguna de estas viviendas está pensada para dar respuesta al tremendo déficit habitacional que subyace en este territorio. No se trata de la construcción de viviendas sociales, sino de lujosos e inaccesibles habitáculos para saciar la voracidad especulativa. La repetición indefinida de una postal que da cuenta de una ciudad plagada de casas sin gente y habitada por gente sin casas.
Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ) en diciembre del año pasado da cuenta de que en los últimos cuatro años, el presupuesto porteño orientado a la vivienda social acumula una disminución del 39,78%. Mientras que 2021 descendió un 17,09% respecto a 2020. Porcentajes que representan una caída del 55,87% de las partidas destinadas a programas de infraestructura, vivienda y atención de la emergencia habitacional e integración socioeconómica en los procesos de reurbanización de las villas de emergencia. En tanto, que el presupuesto asignado a las villas de emergencia en el presente año es de 8.302 millones de pesos, monto similar al de 2020, y un 67,9% inferior al devengado en 2019.
