Resumen Medio Oriente, 1 de noviembre de 2021-.
El grupo de derechos humanos Al Haq con sede en Ramallah afirmó que, desde el día de la Nakba en 1948, «Israel» ha aplicado «un régimen de apartheid de leyes, políticas y prácticas discriminatorias destinadas a institucionalizar y normalizar su subyugación, dominación y explotación sistemáticas del pueblo palestino a ambos lados de la Línea Verde, así como de los refugiados y exiliados palestinos en el extranjero».
El grupo de derechos humanos de Palestina, Al-Haq, recientemente ilegalizado por «Israel», afirmó que Tel Aviv lleva décadas aplicando progresivamente un régimen de apartheid de leyes discriminatorias.
La organización, que vigila y documenta las violaciones de derechos cometidas por la entidad ocupante, publicó el lunes un informe de 15 páginas.
El grupo no gubernamental de derechos con sede en Ramallah señaló que, desde el día de la Nakba en 1948, «Israel» ha aplicado evidentemente «un régimen de apartheid de leyes, políticas y prácticas discriminatorias destinadas a institucionalizar y normalizar su subyugación, dominación y explotación sistemáticas del pueblo palestino a ambos lados de la Línea Verde, así como de los refugiados y exiliados palestinos en el extranjero».
El 15 de mayo de 1948, «Israel» desalojó por la fuerza a cientos de miles de palestinos de su tierra natal y proclamó su existencia. Los palestinos celebran este día como el «Día de la Nakba», o el «Día de la Catástrofe».
La llamada Línea Verde era la línea de demarcación establecida en los Acuerdos de Armisticio de 1949 entre el régimen israelí y los estados árabes de Egipto, Jordania, El Líbano y Siria tras la guerra árabe-israelí de 1948. Sirvió como frontera de facto de la entidad ocupante desde 1949 hasta 1967, cuando estalló la Guerra de los Seis Días.
«Para mantener su sistema de apartheid, «Israel» ha llevado a cabo una política de persecución sistemática de las organizaciones de la sociedad civil palestina que se enfrentan a sus leyes, políticas y prácticas de apartheid.
Estos actos de persecución han incluido diversas formas de intimidación y acoso institucionalizado que van desde las amenazas de muerte, la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, el castigo colectivo, la prohibición de viajar, la revocación de la residencia, la deportación y las campañas de desprestigio dirigidas por el gobierno, en un esfuerzo por reducir el espacio de la sociedad civil palestina», dijo además Al-Haq en su informe.
Al-Haq se encuentra entre los seis grupos de derechos y de la sociedad civil que «Israel» ilegalizó recientemente tras calificarlos de organizaciones «terroristas».
El 19 de octubre, el ministro de Asuntos Militares, Benny Gantz, dijo que el ministerio había designado como «organizaciones terroristas» a los seis grupos de la sociedad civil: Addameer, Al-Haq, Defensa de los Niños de Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. La orden militar no se hizo pública hasta tres días después, el 22 de octubre.
La decisión autorizará al régimen a ilegalizar efectivamente las actividades de estas organizaciones de la sociedad civil, cerrar sus oficinas, confiscar sus bienes y también detener y encarcelar a los miembros de su personal. Además, Tel Aviv también prohibirá la financiación o incluso el apoyo público a las actividades de los grupos.
La medida de «Israel» ha suscitado las críticas de varios organismos de vigilancia de los derechos humanos. El movimiento de resistencia palestino Hamas, la Liga Árabe y varios legisladores estadounidenses ya han denunciado la decisión.
«La reducción del espacio de la sociedad civil palestina para desacreditar totalmente su imagen, sus esfuerzos e iniciativas, deslegitimar y criminalizar sus acciones, y cortar sus fuentes de financiación, tanto en el escenario regional como en el internacional, no es nada nuevo, sino que se ha ido acelerando a un ritmo preocupante en la última década», señala el informe.
El régimen israelí y sus «entidades afiliadas han seguido orquestando campañas de desprestigio, amenazas y medidas de acoso contra las organizaciones palestinas que promueven una narrativa crítica, incluso de sus propios dirigentes palestinos, y que se ocupan de cuestiones que van desde la ocupación israelí, la anexión, el apartheid y la colonización de tierras palestinas, las actividades empresariales y de asentamiento, los recursos medioambientales y naturales, los presos políticos, el asilo y los refugiados hasta la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional (CPI)», señala el informe de Al-Haq.
En julio, más de 600 académicos, artistas e intelectuales de más de 45 países de todo el mundo arremetieron contra las prácticas israelíes contra los palestinos y pidieron el fin inmediato del «régimen de apartheid de Israel» en los territorios ocupados.
Unos 600 mil israelíes viven en más de 230 asentamientos construidos desde la ocupación en 1967 de los territorios palestinos de Cisjordania y Al Quds Oriental. Los palestinos quieren que Cisjordania forme parte de un futuro Estado palestino independiente, con Al Quds Oriental como capital.
La última ronda de conversaciones entre israelíes y palestinos fracasó en 2014. Uno de los principales puntos de fricción en esas negociaciones fue la continua expansión de los asentamientos por parte de «Israel». Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, ya que se construyen en tierras ocupadas. El Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado las actividades de asentamiento de Israel en varias resoluciones.
Fuente: Al Mayadeen
