Por Tamara Pearson*, Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2021.
foto: Un niño en un mercado en Puebla, Mexico. (Tamara Pearson)
La mayoría de las personas están familiarizadas con la devastadora deuda del tercer mundo, ¿pero qué pasa con la deuda que tienen los países dominantes, como Estados Unidos, por el daño que le han causado a países como México? Según mis cuentas, Estados Unidos debería pagarle a México un mínimo de 37 billones de dólares por los últimos dos décadas de daños. Esa cifra representa casi dos años del PIB de Estados Unidos, o 35 años del PIB de México (un hecho que por sí solo demuestra la enorme desigualdad entre los vecinos).
Después de los años de Donald Trump, el nuevo gobierno de Joe Biden asegura que intenta establecer una mejor relación con México a través de la “cooperación”. A principios de octubre, Estados Unidos y México comenzaron a discutir un nuevo plan conjunto de seguridad. “Luego de 13 años de la Iniciativa Mérida, es tiempo para un nuevo enfoque integral para nuestra cooperación en seguridad, uno que nos ponga como socios igualitarios en la definición de nuestras prioridades compartidas”, 
dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken.
El comunicado conjunto sobre el diálogo de seguridad, también representó un sesgo pretencioso: “Como dos naciones con una sociedad duradera basada en soberanía, respeto mutuo y el vínculo extraordinario de familia y amistad… cada uno reconocemos nuestra responsabilidad compartida y prometemos avanzar como socios para encontrar soluciones respaldadas por la justicia…”.
En realidad, “la relación establecida con Estados Unidos es sumamente desigual”, me dijo en entrevista Óscar Espino, miembro del Congreso Nacional Indígena de México (CNI).
Sólo podría existir una relación saludable entre México y Estados Unidos si primero se reconoce y comprende el daño que Estados Unidos le ha causado. A continuación, hago un desglose de los daños:
Estados Unidos promueve la violencia y la venta de armas de fuego en México
En 2007, Estados Unidos llevó a México su llamada “guerra contra las drogas” global, una campaña de apoyo e intervención militar, bajo el nombre de la Iniciativa Mérida, con la cual le proporcionó fondos a México para entrenamiento y equipo militar.
El inicio de la Iniciativa Mérida coincide con un repentino y continuo aumento en las tasas de homicidios y desapariciones en México. Los cárteles del narcotráfico aumentaron en un 900% de 2006 a 2012. En 2004, había 18 desapariciones forzadas al año, para 2011 eran
3 mil 111. Con el aumento del crimen organizado llegaron los secuestros, más feminicidios, tráfico de mujeres para explotación sexual, tortura,y un temor generalizado y una desconfianza en la sociedad mexicana que no es endémica de la cultura.
La violencia, por su parte, creó refugiadxs (unas 357,000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia o conflicto desde 2009), quienes posteriormente fueron detenidos y deportados frecuentemente en su intento por entrar a Estados Unidos. Las restricciones en la frontera estadounidense también facilitaron el aumento del crimen organizado en la zona, una vez que las personas se ven obligadas a pagarles a traficantes para cruzar la frontera. Tan solo en el último año fiscal de Estados Unidos, más de
600,000 mexicanxs fueron deportadxs.
La Iniciativa Mérida también fue una manera con la que Estados Unidos aumentó su venta de armas de fuego a México. Cada año, aproximadamente 873,000 armas entran desde Estados Unidos. Casi 4 millones de crímenes se cometen cada año con estas armas. Las empresas estadounidenses Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, fabrican
deliberadamente armas de fuego para el mercado del crimen organizado en México. Colt, por ejemplo, comercializa sus productos con nombres como .38 El Jefe, .88 El Grito y .38 Emiliano Zapata 1911. Los modelos de armas, al igual que muchos productos estadounidenses en México, se han convertido en símbolos de estatus.
México presentó una demanda contra Estados Unidos por el daño ocasionado por su industria armamentista. Pero, para Miguel Parra, un vocero rarámuri de Mogótavo, en el municipio de Urique, en el norte de México, “la industria armamentista nos afecta directamente ya que promueve la violencia en los lugares donde vivimos… eso es porque si no hay guerra, no hay venta de armas”.
Por los daños causados por Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, revisé el número de vidas perdidas cada año en asesinatos y desapariciones forzadas (personas que nunca fueron encontradas), que están por encima de los niveles previos a la iniciativa. Son un total de 236.099 vidas desde 2007, a 1 millón de dólares por cada una de ellas, da un total de 236.000 millones de dólares.
Pero eso no es suficiente. “Si les preguntamos a lxs familiares de las víctimas de desaparición forzada o de las políticas de seguridad de Estados Unidos… de la violencia provocada por armas de fuego y el narcotráfico… no creo que haya condición económica alguna que pueda responder a tanto dolor”, agregó Espino.
Usar a México como basurero
Para México, todo cambió con la firma del TLCAN en 1994. El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, expuso a México a muchas más importaciones y exportaciones. Las multinacionales estadounidenses no tardaron en instalar cientos de fábricas para aprovechar los salarios y costos de servicios más bajos en México, así como las cláusulas del TLCAN que obligaban a México a tolerar casi todas las consecuencias en materia ambiental y de contaminación.
El Capítulo 11 del TLCAN, por ejemplo, señala que lxs inversores extranjerxs que consideren que sus ganancias se ven afectadas por regulaciones ambientales o de salud pública, pueden demandar al gobierno para obtener una compensación monetaria. Y fue justo lo que hizo la corporación MetalClad de Estados Unidos. Las autoridades locales determinaron que la compañía de eliminación de residuos contaminaría el abastecimiento local de agua y ordenó su cierre. Así que Metalclad presentó una
demanda. Y la ganó.
Básicamente, Estados Unidos envió buena parte de su industria contaminante a México, lxs mexicanxs produjeron los bienes, que posteriormente fueron enviados de regreso a Estados Unidos para su consumo. Las cifras del gobierno mexicano revelaron que el costo del daño ambiental causado por el TLCAN, tan sólo en 1999, fue de 47,000 millones de dólares, y daños anuales por la contaminación de al menos 36,000 millones de dólares por año.
Mexicali, en la frontera con Estados Unidos, solía ser una tranquila ciudad agrícola. En la década de 1980, Estados Unidos comenzó a establecer fábricas allí y, posteriormente aumentaron con la firma del TLCAN. Actualmente, gracias a empresas como Kellogg’s, Gulfstream, Raytheon, Collins Aerospace, National Oilwell Varco, Autolite y Coca-Cola, Mexicali tiene uno de los peores niveles de calidad del aire en México, así como elevadas tasas de asma y muertes por enfermedades respiratorias.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, identificó 50 regiones que sufren de emergencias ambientales en México. Los “infiernos ambientales”, como los definió, están todos ubicados cerca de corredores industriales que operan bajo el tratado de libre comercio.
La única cifra disponible que analiza específicamente el daño causado por las empresas estadounidenses es el número de 1999 del TLCAN. Así que tomé esa cifra y calculé su valor en los siguientes años considerando la expansión de las multinacionales aquí y posteriormente restando un porcentaje para Canadá. El costo sería de 1.52 billones de dólares.
Generar pobreza a través del comercio injusto, el robo de recursos y la explotación laboral extrema
Actualmente, hay unas 18,000 empresas estadounidenses operando en México. Los sueldos extremadamente bajos que pagan están causando la pobreza que el gobierno de Biden
ha afirmado que quiere atacar de raíz para evitar una mayor migración.
Las empresas estadounidenses pagan a lxs trabajadores mexicanxs entre 2.40 y
2.70 dólares la hora, comparado con el salario típico en Estados Unidos de
30 dólares la hora. Eso significa que las empresas estadounidenses pueden ahorrarse el
70% de sus costos de mano de obra y reducir los costos operativos en aproximadamente un
80% (cuando incluyes los costos más bajos de alquiler y servicios).
Las condiciones en las fábricas y lugares como Amazon y Walmart, también están provocando daños en la salud física y mental. En las fábricas, las personas a veces tienen que estar paradas durante 21 horas seguidas para que la fábrica ahorre espacio y se asegure que no se duerman. Con frecuencia lxs empleadxs están expuestxs a químicos, tienen problemas respiratorios y no toman suficiente agua en todo el día para alcanzar sus metas de producción.
En Amazon en México, hay horas extras obligadas, semanas de 60 horas y los despidos injustificados son comunes. Walmart
ha utilizado a ancianos para embolsar las compras sin pagarles un sueldo (a pesar de obligarlos a cumplir turnos), por lo que dependen de propinas para recibir ingresos. Lxs trabajadores ganan 13 pesos la hora (63 centavos de dólar), que no suele ser suficiente para un alquiler, ya no digamos otros gastos.
Utilizando la tasa de ahorro del 80% por el uso de mano de obra mexicana y el costo de servicios, así como las cifras del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) de ganancias netas para multinacionales en México (que sólo toma en cuenta a las empresas con ingresos superiores a los 25 millones de dólares) y ajustando la inflación, calculo que Estados Unidos le debe a México al menos 336,000 millones de dólares desde 2000 por motivos de explotación.
Y mientras Estados Unidos y otras empresas extranjeras no pagan prácticamente nada por el agua de México, también hay compañías como Coca-Cola que
embotellan el agua de México y luego se la venden a lugareñxs a cambio de una ganancia; y
Constellation Brands, que también toma el agua mexicana para convertirla en cerveza, la cual vende posteriormente en Estados Unidos, y lo único que lxs mexicanxs reciben a cambio es una severa escasez de agua.
Las empresas extranjeras también extraen 60,800 barriles del petróleo mexicano diariamente, mientras que otras explotan la tierra mexicana y la envían hacia el norte en la forma de minerales y metales. En los últimos dos años, compañías de Estados Unidos y Canadá han recibido el
87% de las concesiones de minería en México. Estas empresas se quedan con prácticamente todas las ganancias procedentes de los recursos mexicanos, y sólo pagan cuotas de entre 0,4% al 2% del total del valor de las minas, y sólo entre 6 y
129 pesos (menos de 10 dólares) por hectárea por la tierra concesionada. En tanto, lxs agricultores e indígenas son expulsadxs de sus tierras y, alrededor de las minas, abundan los conflictos sociales y ambientales, la violencia y la corrupción.
¿Cuánto ha robado Estados Unidos a través de sus minas en México desde el año 2000? Analicé las exportaciones mineras anuales de Estados Unidos, tomé en consideración los míseros impuestos e hice el ajuste inflacionario, y el total es de 154,400 millones de dólares.
Pero quizás lo peor de todo es la pobreza general provocada por el TLCAN, que reorganizó por completo la economía de México y, por lo tanto, también el funcionamiento de sus estructuras sociales y tradicionales. Los productos estadounidenses reemplazaron a los productos mexicanos y modificaron las dietas de los mexicanos, el sistema de tianguis que funcionaba tan bien, incluso antes de la invasión española, fue básicamente reemplazado por Walmarts, y México ahora importa maíz, que no es sólo la base de su dieta, sino una parte fundamental de la identidad y filosofía de lxs mexicanxs.
Espino describió cómo las empresas mexicanas pasan problemas para sobrevivir y cómo las empresas estadounidenses, en lugar de crear empleos, terminaron por alentar a las personas a migrar de las áreas rurales a ciudades industriales. “Realmente, nunca hubo oportunidades de trabajo que beneficiaran a las y los mexicanos”, aseguró. “Los intereses económicos de Estados Unidos determinan la política que le impone a México y que ha provocado un saqueo ambiental y social”, agregó.
Estados Unidos deliberadamente mantuvo y causó pobreza en México, después de los efectos de la colonización. Con el TLCAN, millones de personas perdieron su trabajo y sus tierras, y México tuvo que cambiar su constitución para que la tierra que se les cedió permanentemente a lxs campesinxs mexicanxs pudiera ser vendida, incautada y adquirida por extranjerxs. Lxs agricultores de maíz recibieron un 70% menos por sus cosechas una vez que se
cuadruplicaron las importaciones de maíz subsidiado desde Estados Unidos. Cuando el TMEC reemplazó al TLCAN en julio de 2020, se
mantuvo este injusto régimen comercial.
Si a México le hubieran permitido mantener la tasa de crecimiento que tuvo entre 1960 y 1980, actualmente podría tener una producción per cápita similar a la de Portugal o Corea del Sur, argumentó el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), y muy pocxs mexicanxs habrían tenido la necesidad de migrar a Estados Unidos. En su lugar, desde que se implementó el TLCAN en 1994 y hasta 2012, la tasa de pobreza y los sueldos en México prácticamente no han cambiado.
Antes del TLCAN, México y Corea del Sur crecían a un ritmo similar y tenían el mismo PIB per cápita PPA cuando fue implementado, así que utilicé el crecimiento del PIB per cápita de Corea del Sur durante los últimos 20 años comparado con el de México, para calcular el impacto económico del TLCAN. A lo largo de 20 años, la política económica de Estados Unidos (y de Canadá) hacia México privó al país de 35.325 billones de dólares.
El daño total
Desde luego que ninguna cantidad podría realmente compensar el dolor o el sufrimiento. La cifra total de 37.235 billones de dólares incluye todos los números mencionados anteriormente, excepto la explotación salarial, que sería parte de la cifra general de pobreza. Hay una mucho mayor disponibilidad de informes de mercado, datos nacionales y otra información para países ricos que para México, y tuve que usar las cifras disponibles, y posteriormente triangularlas y sumarlas para cada año.
Los 37 billones de dólares son el mínimo. La cifra no incluye el trauma generalizado de la violencia y la pobreza, la falta de soberanía ante un país dominante o el actual mensaje de que Estados Unidos y su “democracia”, productos y cultura son superiores a los de México. No incluye la forma en que la pobreza despoja de poder a los humanos y los deja indefensos y sin esperanza, ni cómo inhibe a una niñez próspera del descubrimiento y el crecimiento, restringe la libertad o afecta el autoestima. No incluye cómo el daño ambiental, más allá de las implicaciones presupuestarias, destruye los hogares culturales, las historias y la forma de vida de las personas.
Para Parra, la imposición de fronteras estrictamente controladas, en donde las personas de Estados Unidos fácilmente pueden entrar a México, pero lxs indígenas mexicanxs no pueden moverse libremente, tiene un enorme impacto psicológico.
“Como indígenas, no tenemos fronteras”, dijo. Ir de un lado a otro es natural, “pero como indígenas, vivimos una realidad que a veces no entendemos… las fronteras son un control político y social”.
Así que, si bien no lo engloba todo, lo que la cifra puede indicar es el grado con lo que Estados Unidos se beneficia de una relación desigual, explotadora y abusiva hacia México, y lo insuficientes que son los pequeños gestos para crear cualquier tipo de desigualdad y justicia.
Lo que aplica para Estados Unidos y México, también aplica de forma general para Estados Unidos y Latinoamérica, y para la relación entre regiones ricas y países más pobres. ¿Cuánto tendría que pagar Estados Unidos para compensar por los golpes de Estado que ha coordinado en Latinoamérica y su extensas consecuencias, o por otras intervenciones, sanciones, políticas económicas, y financiamiento de contras y cualquier otra táctica antirrevolucionaria?
A nivel mundial, los países ricos no ayudan a los países pobres a desarrollarse. Les roban dinero y recursos a gran escala para que, en la realidad, los países pobres desarrollen a los países ricos a punta de pistola, ya sea metafórica o literal.
Más allá de las indemnizaciones, “se necesita un plan de justicia. Parte de eso sería la libertad para que lxs indígenas se desplacen a dónde sea”, dijo Parra.
Para Espino, depende de México protegerse de las “políticas de saqueo de recursos” de Estados Unidos. Espera que llegue el día en que México realmente sea soberano y capaz de autogestionarse.
*Tamara Pearson, @pajaritaroja, ha ejercido como periodista durante dos décadas, de las cuales ha trabajado como editora y periodista en Latinoamérica en los últimos 14 años. Es autora de la novela “The Butterfly Prison” y su obra puede ser consultada en su blog.
