Resumen Latinoamericano, 14 de diciembre de 2021.
Este miércoles, se llevara a cabo el acto por la derogación de la Ley de Urgente Consideración , en la explanada de la Universidad a las 18:30hs. La convocatoria coincide con la primera semana después de confirmada por la Corte Electoral que se validaron las firmas necesarias para llevar a referéndum 135 artículos de la LUC.
La ley tiene ciertos desprecios por la participación ciudadana, recordemos que fue impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, y aprobada de forma relámpago en julio de 2020, en el contexto de restricciones de movilidad por la pandemia de la covid-19. Los sectores impulsores del referéndum esperan que este permita a la población informarse de los contenidos y alcances de esta legislación, y así participar del debate democrático.
De esta manera, la Corte Electoral uruguaya validó, el pasado miércoles, la cantidad de firmas necesarias para convocar a un referendo contra parte de una ley clave del gobierno del presidente, que se realizará el 27 de marzo, informaron las autoridades judiciales. Para activar este mecanismo es necesario un 25% del padrón electoral, lo que equivale a 671.544 firmas, las cuales se alcanzaron, según informó la Comisión Nacional pro Referéndum.
Claramente, este impulso fue de gran parte de la población más vulnerable del territorio uruguayo que gritó en contra de una ley que representa el carácter concentrador, privatizador y represivo de la LUC. Desde que la pandemia hizo de las suyas, la sociedad quedó desamparada ante la crisis económica y precarias condiciones de vida, de la cual todavía quedan secuelas presentes. El estado y las autoridades mantienen firmes sus objetivos, en donde el poder hegemónico y las empresas no presentan limite algún a la sed de ganancias.
Es decir, la LUC configura una política de hostilidad a través de una serie de disposiciones, de prácticas, y de cuestiones administrativas y legales que generan modelos de interacción entre el gobierno y la sociedad. El gobierno pretende avanzar con su proyecto más de fondo que disponen de un conjunto de medidas que en distintos órdenes expresa el ajuste y el modelo neoliberal y privatizador que vino a imponer la derecha así como brinda una cobertura legal para un mayor avance represivo que limita el derecho a la protesta o criminaliza la pobreza desde una visión punitiva y de control social. La reforma de la seguridad social, con un encare privatizador y de mayores ganancias para las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), así como su aumento de la edad jubilatoria es una de las “tareas” principales que tiene Lacalle para este periodo de gobierno. En paralelo, dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación. También, se van construyendo formas en las que el accionar policial pasa a ser legitimado en tanto discrecional, y la población objetivo de ese accionar pasa a ser vista como una población peligrosa, criminalizada.