Resumen Latinoamericano, 3 de enero de 2022.
El presidente peruano intenta tender puentes con la oposición y la prensa, mientras sus rivales políticos preparan un nuevo pedido de vacancia «mejor estructurado» y no impulsado por «la pasión».
Menos de seis meses han pasado desde que Pedro Castillo Terrones asumió la Presidencia de Perú, el 28 de julio de 2021. En ese breve período, el mandatario de izquierda debió sortear todo tipo de obstáculos para sostener a su Gobierno, que tambalea con cada denuncia y ya ha logrado en noviembre un récord de nivel internacional: cambia a un ministro cada 11 días, según analizó el diario El Comercio.
En total, una docena de funcionarios abandonaron el gabinete en este primer semestre por escándalos y críticas de propios y ajenos. Además, la conducción del partido oficialista Perú Libre rompió con Castillo, y su bancada en el Congreso quedó dividida.
Sin dudas el peor momento de Castillo llegó el 8 de diciembre, cuando quedó al borde de la destitución por ‘incapacidad moral’, una operatoria impulsada desde el Parlamento que no prosperó porque los votos de la derecha y sus aliados no alcanzaron para lograr la vacancia presidencial.
Pasión por destituir
Pero, lejos de claudicar, los sectores conservadores del Poder Legislativo mantienen vivo en su agenda el objetivo de hacer caer al gobierno, por lo que insistirán con más denuncias contra Castillo y su equipo, mientras preparan un nuevo pedido de vacancia que suene, al menos, un poco más convincente.
Así lo adelantó el líder del partido Renovación Popular, el empresario Rafael López Aliaga. La iniciativa sería presentada a mediados de enero: «Queremos tener algo bien estructurado», señaló.
En los grandes medios casi no se habla de otra cosa. La ansiedad por ver al presidente besando la lona es tal que los propios impulsores intentan poner paños fríos para no dar golpes al aire. «Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre una vacancia en el corto plazo, me refiero a esta semana que viene», dijo con cierta cautela el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, el pasado 27 de diciembre. Y continuó: «O sea, ha habido demasiado ruido político y demasiada información que viene apareciendo día a día. Hay que tener un análisis completo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Eso no se puede hacer de un día para otro por un capricho o por la disposición de alguien de afuera».
Para Montoya, la iniciativa anterior, propuesta por Patricia Chirinos, legisladora de la alianza derechista Avanza País, fracasó porque los bloques opositores se dejaron llevar «por la pasión». Y advirtió que esta vez deberían dejar «que se resuelvan las investigaciones» en contra de Castillo y su equipo.
Más allá de estrategias y de tiempos, el vocero tiene todas sus fichas puestas en una destitución: «La vacancia presidencial no se descartará de ninguna manera. Lo que falta es conseguir el consenso para lograr los votos necesarios. Esto reventará en algún momento. En el Gobierno siguen un plan para instalar el comunismo, no podemos permitirlo«.
Investigadores investigados
Son varias las denuncias por presunta corrupción que tocan a la gestión, pero la más resonante en estos momentos es la que involucra a la petrolera estatal Petroperú. Se sospecha que el mandatario otorgó una licitación para la adquisición de 280.000 barriles de biodiésel en favor de Samir George Abudayeh Giha, un contratista de la empresa Heaven Petroleum Operators.
Según reveló la prensa peruana, el mandatario habría asistido a una reunión previa con el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y el propio Abudayeh Giha, quien días después saldría adjudicado.
Aquí aparece otro problema para el docente rural que dirige el Ejecutivo. Y es que la fiscal Norah Córdova, a cargo de la investigación, es una ferviente opositora, que considera al presidente como un «comunista y un corrupto», según reveló ella misma a través de sus redes sociales.
El proceso no solo podría estar viciado por la animosidad de la fiscal, sino que también los fiscales adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando incurrieron en presuntas infracciones administrativas, al intentar allanar el Palacio Presidencial. Tanto Córdoba, quien se describe como «genéticamente anticomunista», como los dos fiscales anticorrupción, fueron denunciados por el Gobierno y están siendo investigados.
Errores que se pagan caro
Declaraciones polémicas, cuestionadas designaciones, contradicciones en el propio equipo de Gobierno, reuniones no informadas y un mal vínculo con la prensa alimentan la idea de una falta de transparencia difícil de revertir para la gestión de Castillo.
A mediados de diciembre, una encuesta de Ipsos reveló que el 58 % de los peruanos desaprueba al presidente, la cifra más alta desde su llegada al poder. Además, la percepción de retroceso alcanza al 56 % de la población, la peor cifra desde 1991, bajo el gobierno de Alberto Fujimori.
58% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo como presidente y 36% la aprueba. Desde que inició su gobierno, la desaprobación aumentó 13 puntos. #IpsosPeru@politica_ECpe Más detalles 👇https://t.co/WMa3jQjreEpic.twitter.com/0887Cq69Id— Ipsos Perú (@ipsosperu) December 12, 2021
Sin embargo, la falta de confianza en el Congreso es todavía peor. De acuerdo al mismo relevamiento, 70 % de los peruanos desaprueba al Congreso de la República, y 22 % lo aprueba. Desde agosto, primer mes completo de Castillo en el poder, a diciembre, la desaprobación aumentó 26 puntos.
A esto se suman las tensiones y enfrentamientos internos en el Partido Perú Libre, cuyo líder, Vladimir Cerrón, intenta disimular sin demasiado éxito. «Nosotros como partido tenemos discrepancias con el Gobierno, una discrepancia sana que siempre se debe dar en democracia, pero eso no implica ni justifica que se tenga que apoyar un golpe de Estado [promovido] por el espacio que debe ser más democrático en el país que es el Congreso de la República», dijo Cerrón ante la prensa previo al debate por la vacancia.
En diciembre, tres legisladores de la bancada presentaron sus renuncias, Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría y Betssy Chávez. En su carta de dimisión, Echeverría explicó que su alejamiento se dio por una decisión personal, no consensuada con el resto de los parlamentarios salientes: «Se debe a que hay mucha diferencia en un sector de la bancada que tiene una posición alineada a la derecha«, afirmó.
En los últimos días del año que se fue, Pedro Castillo intentó tender puentes tanto con los grupos opositores como con la prensa, organizando reuniones con dirigentes y líderes de opinión en el Palacio Presidencial en Lima.
Sin embargo, los sectores más duros de la derecha se negaron a participar y los que sí lo hicieron, contaron solamente que el mandatario está pensando en más cambios en su tren Ejecutivo: «Él ha reconocido que tiene que dar una vuelta al timón y refrescar su entorno y dar mayor seguridad a la población con una gestión transparente. Sí va a producir cambios en el gabinete«, contó al diario La República el líder de Acción Popular y gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara.
En medio de la crisis económica y con la tercera ola de coronavirus a cuestas —se registran picos de contagios diarios en algunas zonas de Lima — , el gobierno de Castillo enfrentará un 2022 cargado de desafíos.
Fuente: RT