En la madrugada de hoy, 22 de octubre, trece jóvenes de Euskal Herria han sido detenidos bajo la acusación de pertenecer a SEGI. 300 agentes de policía han participado en esta operación. Éste es un nuevo episodio represivo contra la juventud vasca, con una intencionalidad política clara. Los Colectivos de Jóvenes Comunistas denunciamos y condenamos las detenciones y pedimos su puesta inmediata en libertad.
Este caso viene de la mano del incremento gradual de los niveles de represión que ejerce el Estado Español, tanto en Euskal Herria como en el conjunto de su territorio. Esto se explica a través de la confluencia de dos tendencias:
- por un lado, el abandono de la estrategia de lucha armada por parte de ETA, resta una enorme legitimidad al consenso impuesto por el Estado y por los grandes medios de comunicación, en torno a la idea de que cualquier represión contra el movimiento popular e independentista está justificado ya que este movimiento es “terrorista”. La estrategia represiva sigue apostando por prohibir cualquier opción política que plantee alternativas al modelo económico y territorial de la oligarquía española. Sin embargo, la excusa ahora es “el entorno” de ETA, término extensible a cualquier organización o lucha que plantee soluciones en términos rupturistas. Aquí cabe desde la lucha contra el Tren de Alta Velocidad hasta organizaciones políticas juveniles independentistas como SEGI.
- por otro lado, el crecimiento de la lucha popular, no sólo en Euskal Herria, sino en todo el Estado, ha provocado un aumento claro de la represión contra el movimiento popular. Hacía mucho tiempo que no había tantos militantes comunistas ‑especialmente, jóvenes- respondiendo ante los tribunales por sus actividades políticas.
Los recientes cambios de responsabilidades del Gobierno (refuerzo de legitimidad en la figura de Rubalcaba e inclusión de Ramón Jauregui) se producen en un contexto de desgaste y descrédito del PSOE, y pretenden entre otras cosas correr una cortina de humo ante su fracaso económico y social cargando las tintas sobre Euskal Herria.
El Estado Español apuesta cada vez más por soluciones policiales: por arrestos, identificaciones, registros, grabación de llamadas y espionaje en internet. El Estado de excepción se aplica en Euskal Herria a rajatabla, donde cualquier idea cercana al independentismo socialista se juzga como terrorista, se ilegalizan partidos políticos y centenares de jóvenes están en prisión bajo la acusación de terrorismo sin necesidad de prueba alguna.
Las mismas garantías formales de la democracia de las que presume este sistema son violadas de forma constante, por no hablar de los contenidos.
Dice el ministro del Interior Rubalcaba que tantas veces como se reorganice SEGI, tantas veces se harán macrorredadas para desarticularla. Cualquier ministro franquista hubiera podido decir lo mismo sobre el partido comunista; cualquier dictador latinoamericano habría firmado una amenaza en esos términos. La degradación democrática en España ha llegado hasta tal punto que grandes sectores de la población no se sorprenden ‑e incluso, simpatizan- por la detención de jóvenes de 20 o 22 años, por sus ideas políticas, por su compromiso con el movimiento estudiantil, obrero, de solidaridad,… etc
Hay vagas referencias en la prensa a posibles relaciones con la Kale Borroka y un argumento reiterado hasta el aburrimiento de que SEGI es la “cantera de ETA”, es decir, que algunos de sus miembros podrían llegar a militar en ETA en el futuro, por cercanía ideológica. Es decir, estamos ante represión “preventiva”, ante un “minority report” donde se arresta a quienes se les presume inocencia, pero que podrían llegar a ser “terroristas” debido a sus ideas.
De ahí se deriva toda una legislación represiva que incluye leyes antidemocráticas como la Ley Antiterrorista o la Ley de partidos que recientemente PP y PSOE han dado muestras de querer reforzar para evitar, en lo inmediato, retirar ‑por vía judicial- a los cargos electos de la izquierda abertzale de los puestos de responsabilidad para los que han sido elegidos legitimamente en las instituciones, pero cuya aplicación podría servir para extender el cerco o apartheid sobre otras fuerzas de la izquierda rupturista o anticapitalista para evitar que tengan alguna posibilidad de alcanzar cualquier tipo de representación a nivel local u otras.
La Ley Antiterrorista no sólo se aplica en Euskal Herria, sino que es un arma en manos del Estado para aplicar con total impunidad una suspensión de las garantías constitucionales en el arresto de sindicalistas, militantes comunistas y los sectores populares. De hecho, eso ya está sucediendo.
En toda la estrategia represiva, juega un papel fundamental el aparato mediático del régimen español. Los grandes medios de comunicación, propiedad del Estado o de la oligarquía, repiten de forma sistemática toda la propaganda gubernamental, haciendo justificable la represión y convirtiendo a personas del pueblo sin ninguna acción armada en su haber, en terroristas.
La presunción de inocencia brilla por su ausencia. Los medios han reproducido los nombres y apellidos de los militantes de SEGI, así como sus fotografías. Recordemos que son jóvenes a los que los tribunales, por ahora, no han conseguido condenar por ningún delito y que, incluso para la justicia española, son presuntamente inocentes.
Los Colectivos de Jóvenes Comunistas denunciamos la represión contra la organización SEGI y contra el movimiento popular, juvenil y de la clase obrera.
Comité Central de los CJC
22 de Octubre de 2010
