Resumen Latinoamericano/Agencias - El régimen de Honduras militarizó una amplia zona rural de Tocoa Colón, en el Valle del Aguán, donde los campesinos reclaman la propiedad de sus tierras sustraídas por terratenientes, entre ellos el empresario golpista Miguel Facussé.
El terrateniente es acusado de organizar ejércitos privados entrenados por paramilitares colombianos y se lo responsabiliza por el asesinato la semana pasada de cinco trabajadores miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca)
La militarización de El Aguán fue ordenada personalmente por Porfirio Lobo, quien asumió el Ejecutivo luego de elecciones ilegítimas, ya que el país había sufrido un golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.
El régimen hondureño busca hacer creer que la muerte de los campesinos del Aguán, que ya suman 19 en lo que va de año, es resultado de enfrentamientos armados con lo cual intenta justificar la militarización de la región.
Así lo denunció la Red Morazánica de Información (RMI) a través del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la cual afirma que Lobo se dispone a aplicar en esa zona una ley antiterrorista dirigida a reprimir a los opositores.
Desde la RMI indicaron que esta situación se demuestra porque el Ejecutivo no cuestionó las muertes provocadas por los terratenientes y sus mercenarios.
Por su parte, el FNRP llamó a desmontar la maniobra de Lobo y sus mentiras sobre un supuesto armamentismo de los campesinos, y apoyó la decisión de estos últimos de continuar la lucha por la recuperación de tierras a pesar de las amenazas.
En tanto, se conoció que que se mantiene la intervención militar del Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras mientras crece el temor de que la información legal y expedientes de propiedades de tierras y empresas sean desaparecidos.
La invasión de soldados en las oficinas del instituto de la ciudad de Sinaloa fue realizada ayer y ordenada por el propio Lobo.
Más de quinientos uniformados tienen ocupadas las instalaciones del INA e impiden la entrada de trabajadores.
El sindicato de empleados de esa institución emitió un comunicado en el que denuncia que el régimen quiere demostrar quiénes son los que tienen el poder, y la ocupación militar es un recrudecimiento de la represión contra el pueblo hondureño en resistencia.
El dirigente del Muca, Juan Chinchilla, alertó que en las instalaciones del INA están algunos proyectos en desarrollo, como los de piscicultura y avicultura, los cuales pueden ser destruidos.
Entre los documentos están las remediciones de las tierras fiscales, en especial la finca El Tumbador donde se produjo una masacre de campesinos que se le atribuye a Facussé.
El INA informó en un comunicado que la militarización de las oficinas de Sinaloa, con el supuesto propósito de registrar en busca de armas de uso oficial, fue un acto innecesario y bastaba con que las autoridades correspondientes lo hubieran requerido.
Por otro lado, legisladores hondureños consideraron como indigna la condecoración en el Congreso Nacional al ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
Diputados abandonaron el hemiciclo en repudio a la entrega de la Medalla de Honor al Mérito al ex mandatario, quien apoyó al régimen de facto instalado después del golpe de Estado y al régimen de Lobo.
Uribe realizó una visita de tres días a Honduras, invitado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y fue recibido por Lobo.
Decenas de manifestantes, vestidos de negro, realizaron una manifestación en el aeropuerto internacional de Toncontín en repudio a la presencia del ex mandatario.
El FNRP denunció que Uribe representa los intereses de la oligarquía y de Estados Unidos de militarizar la región y destruir los procesos de cambio en Latinoamérica.
“Álvaro Uribe es un guerrerista al servicio de la agenda de control geoestratégico norteamericano” afirmó la resistencia hondureña.