La huelga general en contra de la reforma de las pensiones ya ha recabado más de 700 adhesiones de comités de empresa. En Araba destacan los de Atusa, Olan, Sapem, Arcelor de Agurain, Dulantzi Metals, Aernnova-Hegal, Miguel Carrera, Daewoo, Garaje Moderno, Zara, HM, Ayuntamiento de Gasteiz, Diputación, Jesús Obrero, Biomendi, Ayuntamiento de Agurain, Aratubo, Aiala Vidrio, Ayuntamiento de Laudio, Amurrio Ferrocarril, Tubos Reunidos, Miko, Funciones Urbina, Condesa, Estampaciones San Ignacio, Tuboplast, Celsa Atlantic. En Bizkaia destacan Arteche, Troquenor, Vicrila, Ayuntamiento de Leioa, Kimberly, Petronor, Bombardier, Precicast, Ayuntamiento de Sestao, Ikastola Azti-Leku, Fuchosa, Ayuntamiento de Durango, Pesa, Ayuntamiento de Bilbo y Ayuntamiento de Galdakao, Diputación, Metro Bilbao, EITB, Editorial Iparagirre. Eusko Tren. Autoridad Portuaria de Bilbo, Unilever Food, Lauro Ikastola, Giroa, Ormazabal, BBK, Museo de Bellas Artes, Supermercado Ercoreca, Sabeco, Cie Tarabusi, entre otros. En Gipuzkoa el listado incluye a CAF, Niessen, Aceralia, Arcelor Mittal de Bergara, Korta, Altuna y Uria, TS Fundiciones, Ayuntamiento de Zarautz, Ramón Vizcaino, Carrefour, Zardoya Otis, Catesa, Candy, Ayuntamiento de Arrasate, Ayuntamiento de Tolosa, ITV, Unipapel, Jaso Idiazabal, Elektra, Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Errenteria, GARA, Autoridad Portuaria de Pasaia, GKN yABB-Niessen, entre otros. De Nafarroa, destacan Savera, Funvera, Sunsundegui, Martiko, Donier, Caprabo, Papelera San Andrés, Viscofan, Papelera Cordovilla, Papelera de Zangotza, Nortem, Sarriopapel, Gráficos Lizarra y Aceros Moldeados, entre otras. A éstas se unen las empresas del sector público, las juntas de personal, la UPV-EHU, y los comités del área sociosanitaria.
Colectivos de mujeres
Por otro lado, Bilgune Feminista, Bizkaiko Emakume Asanblada, Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea, Plazandreok, Medeak, Andere Bidatz, Emakume Internazionalistak, Atarrabiako Emakume Taldea, Altsasuko Feministak y Barañaingo Hagin Taldea expresaron ayer en Bilbo la necesidad de las mujeres de sumarse a la huelga general para el jueves 27 de enero, que convoca la mayoría sindical ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, a la que se suma ESK, porque la reforma de las pensiones que proyecta el Gobierno español «nos hará desiguales ante la crisis y miserables con el recorte de pensiones». Las mujeres reclaman «un empleo de calidad» y «condiciones de vida dignas».
Según explicaron Ana Ruiz, Edurne Eguzkitze y Miren Aranguren, «la aprobación de la reforma de las pensiones supondrá un nuevo recorte que atacará directamente a los derechos de la clase trabajadora, pero tendrá una incidencia mayor para las mujeres». Por eso, esas organizaciones feministas concluyeron que, ante «la gravedad de la ofensiva nos adherimos a la huelga general».
A juicio de las organizaciones de mujeres, afirmaron que «detrás de la reforma hay una clara decisión política de desmantelar el modelo público de protección social, ya escaso, impuesto y con claros déficit». Porque esa reforma «profundizará en las desigualdades sociales, falta de derechos y afectará gravemente a las personas que sufren la precariedad laboral y la discriminación y de un modo especial a las mujeres. Todo para favorecer el negocio que con nuestras pensiones quiere hacer la banca».
«Expulsadas del sistema»
Para estos colectivos, pasar de 65 a 67 años en la edad de jubilación y la necesidad de aumentar el número de años de cotización para tener un derecho a pensión contributiva «dejará cada vez a más personas sin derecho a pensión» y «afectará de forma generalizada a las mujeres al tener trayectorias laborales discontinuas marcadas por la discriminación que conlleva la adjudicación del trabajo reproductivo y productivo».
En ese sentido, lamentaron que el Gobierno español mantenga la pretensión de exigir que se coticen más de 35 años para garantizar el 100% de la pensión, porque «todas las personas que no lleguen a ese cómputo verán seriamente reducida su pensión». Los diez colectivos de mujeres sostienen que «en el caso de las mujeres, la discontinuidad laboral, la jornada reducida y la presencia mayoritaria en el empleo sumergido provocará que nos quedemos sin derecho a percibir una pensión o recibamos unas pensiones miserables».
En este caso, estos colectivos dedicaron una mención especial a las trabajadoras del hogar que «ni tan siquiera están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social» o «las mujeres baserritarras, las cuales ni siquiera pueden darse de alta en este régimen por tratarse de un seguro autónomo previsto para la unidad familiar; por lo tanto, un derecho derivado y no individual».
A la vez denunciaron que el Gobierno español ha quebrado la confianza de los pensionistas porque «eliminará la obligación de que las pensiones mantengan el poder adquisitivo», dado que en la reforma se plantea la posibilidad de que las pensiones no se revaloricen cada año en función de la inflación.
Por ello, denunciaron que «con esta reforma no se nos quiere garantizar el poder adquisitivo. Nos lleva a la mujeres a estados de pobreza y se nos condena a unas condiciones precarias e indignas».