Todavía con el eco de la sentencia que condena a cuatro guardias civiles por un delito de torturas, nos han vuelto a sacudir por dentro duros testimonios de personas torturadas a manos de la Guardia Civil.
Quizás para Adolfo Ares, para quien el hecho de que una sentencia ponga negro sobre blanco la existencia de la siempre negada y ocultada tortura a los militantes vascos es signo de que el estado derecho existe, también sean signo de esa intachable democracia los relatos escalofriantes que los detenidos la semana pasada en Nafarroa hicieron al juez y relataron luego a familiares y abogados, sobre toda clase de amenazas, intentos de vejación, golpes y abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Pero a las personas de bien esta violencia sin límite sobre las personas detenidas no puede producir sino un vivo escalofrío y un fuerte rechazo y repulsa.
A cuenta, precisamente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que debería marcar un antes y un después en el tratamiento de la lacra de la tortura, un medio de comunicación lanzaba una pregunta que a muchos y muchas nos había venido a la cabeza nada más escuchar el fallo condenatorio. Y esta pregunta no era otra que, a la vista de la postura adoptada por Rubalcaba durante todo el proceso, defendiendo a capa y espada una versión que ha resultado mentira, protegiendo y defendiendo a quienes los jueces han condenado como torturadores ¿qué debería hacer ahora el Ministro del Interior?
Y es una pregunta que se te queda dentro. Lógicamente, en un verdadero estado de derecho esta postura debería tener, sin lugar a dudas, drásticas consecuencias que pasaran, desde luego, por la asunción de responsabilidades y la actuación en consecuencia. Pero del estado español esto ni lo soñamos.
Sin embargo, al hilo del sonsonete que el propio Rubalcaba ha mantenido tras el último anuncio de ETA “solo queremos oir…”, “solo queremos escuchar…”, creo que a él se le debería decir exactamente lo mismo. Y es que solo queremos escuchar de su boca que la incomunicación ha terminado. Solo queremos oir que la tortura ha terminado. Mientras esto no ocurra todo lo demás viene de boca de quien ninguna legitimidad tiene, ni puede tener, frente a los y las personas que han sufrido la tortura, que se cuentan por miles en este pueblo, a sus familiares y allegados, a las miles de personas que se han movilizado y se movilizan contra la tortura y su práctica sistemática y a las personas individuales y también agentes políticos y sociales a quienes, cada vez en mayor número, preocupa una práctica como la de la tortura que no están ya dispuestos a admitir.
Duele mucho escuchar los relatos de tortura. Duele ver el dolor de quien los ha sufrido y duele más, si es que cabe, cuando este dolor es el de alguien próximo o de un amigo. Duele ver la impunidad de quien practica la tortura y duele ver la pasividad de jueces y políticos que de este modo la protegen y la aseguran mientras pretenden dar lecciones de ética y moral. Pero no es ese dolor lo que quisiera reivindicar.
La reivindicación es clara: la tortura ha de terminar y para ello el régimen de incomunicación que se aplica a detenidos por motivos políticos ha de terminar. Y es que esta incomunicación, que impide que la familia del detenido pueda saber por qué y donde está detenido, que impide que pueda ser asistido por un abogado de su propia designación, que permite que la detención pueda durar hasta cinco largos días y que, de hecho, impide cualquier conocimiento o incidencia que pueda tenerse sobre esa situación, no es más que el muro que asegura que la tortura se lleve a cabo y que quien la lleva a cabo quede en la absoluta impunidad.
El camino es, sin duda, el de la exigencia del fin de esta cruel práctica, el de la exigencia de responsabilidades políticas, el de la denuncia y el de la movilización. Y en este camino cada vez somos más las personas que nos vamos encontrando y muchas más, sin duda, las que nos vamos a encontrar. Esta es la única forma y la va a ser, de que esta infame práctica, más pronto que tarde, se vaya a terminar.
Mientras así ocurre, vaya por delante mi cariño y mi abrazo a todos y todas las que habéis sufrido esta infinita violencia del estado y mi convencimiento absoluto de que el devenir de las cosas pondrá a cada cual en su lugar.
Amaia Izko es abogada. En la Audiencia Nacional, ha asistido a cientos de personas que han denunciado torturas tras el periodo de incomunicación, entre ellas los últimos detenidos en Nafarroa. También representó a Igor Portu y Mattin Sarasola en el juicio en que varios guardias civiles fueron condenados por torturas.
