A lo largo de esta semana, varios ciudadanos y ciudadanas navarras deberán comparecer ante la Audiencia Nacional al hilo de distintos episodios represivos:
Mañana martes día 22, nueve ciudadanos navarros han sido citados en la Audiencia Nacional para declarar en relación a las fotos de los presos y presas políticas vascas que fueron exhibidas en la última Korrika a su paso por Iruñea.
El miércoles día 23 se celebrará el juicio contra la vecina de Donibane Josune Arriaga, que fue extraditada del Estado francés en virtud de una euroorden. Se le acusa de tomar parte en una acción de ETA, por la cual tiene una petición fiscal de 30 años. Una vez más, las pruebas de cargo son las declaraciones de otros detenidos obtenidas bajo tortura.
El viernes 25, el vecino de Iturrama Ibai Azkona será juzgado bajo la acusación de haber colocado en un cajero automático un artefacto explosivo que no llegó a explotar, por lo que se enfrenta a una petición fiscal de 7 años. Las únicas pruebas contra Ibai Azkona son declaraciones policiales obtenidas bajo tortura.
Además, en estos días se ha conocido que el ex preso político de Burlata Aitor Torrea se enfrenta a una petición fiscal de 2 años por los hechos acaecidos en el funeral de su padre. Torrea se encontraba en prisión cuando su padre falleció, y fue conducido al funeral escoltado por la Policía Nacional. Al salir de la Iglesia, hubo momentos de tensión entre la Policía Nacional y las personas congregadas en Burlata. Al hilo de estos hechos, otro joven se enfrentará a una petición fiscal de 4 años y 4 meses por atentado a la autoridad, desórdenes públicos y daños, mientras que el propio Aitor Torrea ha sido acusado por el fiscal de cómplice de atentado a la autoridad, por lo que se enfrentará a una petición de dos años. Todos los testigos presenciales niegan que Torrea agrediese o fuese cómplice de ninguna agresión a los agentes que le custodiaban, ni tampoco que gritase “Gora ETA, Gora Euskal Herria askatasuna (sic), ETA matalos”, como señala el atestado policial.
Finalmente, en estos días se ha conocido la imposición de una lluvia de multas en Ansoáin (entre 30 y 40) a personas acusadas de haber tomado parte en una manifestación para denunciar la detención de Roxika Iriarte, detenida en septiembre.
Todos estos hechos nos dan la medida del acelerón represivo en que se halla inmerso el estado español. Mientras en Euskal Herria se van dando pasos hacia la resolución de conflicto y la apertura de un proceso democrático, el Estado sigue empeñado en su estrategia represiva y en el castigo a la disidencia vasca, síntoma de la debilidad política de quien todavía no se atreve a confrontar con el independentismo sin represión, sin torturas, sin juicios farsa, sin censuras y sin castigos económicos con clara intencionalidad política.
AAM