Los sindicatos que componen la mayoría sindical vasca hemos exigido la derogación de la ley de partidos desde su aprobación, y hemos rechazado públicamente en numerosas ocasiones los diversos procesos de ilegalización de siglas políticas y plataformas electorales que se han producido al amparo dicha ley y del pacto antiterrorista de diciembre de 2001.
La Ley de Partidos fue creada ex profeso para criminalizar colectivamente a quienes profesan determinadas ideas y anular la expresión política de una parte de la sociedad vasca. Es una ley propia de un estado de excepción, incompatible con un estado democrático de derecho.
El debate que se ha generado en el Estado español tras la creación y posterior solicitud de registro del partido político SORTU, ha dejado más claro todavía, la excepcionalidad de esta norma.
La mayoría sindical vasca desaprueba los discursos y las maniobras políticas que se están sucediendo: las condiciones que el propio estado establecía como necesarias y suficientes para legalizar una sigla ahora se han convertido en algo anecdótico. Eso significa que, en realidad, para ellos carece de importancia si SORTU cumple la ley o no.
El falso debate de la suficiencia pretende ocultar los espurios intereses políticos y electorales del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular. Esto deja en evidencia nuevamente la escasa catadura democrática de los partidos hegemónicos del estado que pretenden poner al poder judicial a su servicio.
La legalización de SORTU es una exigencia, de la mayoría política, sindical y social de este país. Pero antes que eso es, simplemente, un derecho y un deber democrático para con la parte de la sociedad vasca privada de expresión política.
No puede hablarse de un país normalizado mientras una sola de sus sensibilidades políticas no tenga garantizada la posibilidad de concurrir electoralmente en condiciones de igualdad, así como de participar en las instituciones. La izquierda abertzale ilegalizada debe reincorporarse, sin más dilación, a la vida política e institucional.
Sortu debe ser legalizada para que en las instituciones (ayuntamientos, diputaciones, parlamentos…) pueda corregirse la situación antidemocrática que se ha generado por aplicación de una ley y jurisprudencia injusta. En ese sentido, debe ponerse así fin a la sobrerrepresentación de la que gozan el resto de fuerzas, lo cual desfigura la voluntad manifestada por el pueblo.
Por todo ello, la mayoría sindical insta al Estado español a que proceda, sin más dilación, a la legalización de SORTU.
En Bilbao, a 14 de marzo de 2011
ELA-LAB-STEE/EILAS-EHNE-HIRU
ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru han reclamado al Estado español que no sea «un obstáculo» y legalice Sortu «sin más dilación», porque «es un derecho y un deber democrático».
