1.Situación del Corredor Navarro de Alta Velocidad: En abril de 2010 el Gobierno de Navarra firmó un Convenio con el Estado y con Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para establecer las condiciones de ejecución y financiación del tramo ferroviario de alta velocidad desde Castejón a Esquíroz. Varios de los trámites técnicos y administrativos necesarios ya se han ido realizando. En concreto, el Gobierno de Navarra está procediendo a realizar las expropiaciones correspondientes al tramo entre Castejón y Esquiroz, subdividido éste a su vez en varios subtramos. Dichas expropiaciones se están realizando desde la más absoluta indefensión y falta de información para propietarios, afectados y vecinos de dichas localidades, a quienes es la oposición mediante la Fundación Sustrai la que está contactando con aquellos propietarios que lo deseen para explicarles cuáles son sus derechos a que se pueden acoger en un momento dado. Tenemos que reseñar que el Gobierno de Navarra está pagando precios muy altos, hasta 3 veces por encima del valor estipulado, a determinados propietarios con el objeto de no tener ningún tipo de retraso administrativo en dicho trámite.
Por otro lado llamamos la atención en la chapuza que supone a nuestro entender el empezar la obra cuando ni siquiera a día de hoy se sabe a partir de Esquiroz cuál será el recorrido del TAV hasta su conexión con la llamada Y vasca. Van a empezar una obra sin ni siquiera saber por dónde pasará el TAV en la mitad de su recorrido, puesto que todavía faltan realizar varios estudios concretos, esto da una idea de las prisas, los intereses creados y la imposición a golpe de obra de un proyecto ajeno a la sociedad, y que sólo responde a los intereses de ciertos constructores, políticos y lobbys bancarios. Queremos denunciar el oscurantismo que rodea a este proyecto ya que desde las instituciones oficiales no se realiza ningún esfuerzo por explicar detalladamente el proyecto, sino que se limitan a ejecutar la obra pasando por encima de querer pulsar la voluntad de la sociedad respecto a qué tipo de modelo territorial y de transporte queremos en nuestra tierra.
2. Criminalización de la oposición al TAV: el día 31 de marzo tendrá lugar el juicio contra 4 personas de Iruñea para las que se piden 2 años de cárcel y 5000 euros de multa. Además se les pide 2500 euros de indemnización por parte del Aymto. de Zizur, y 34000 euros de fianza entre todos. Mientras la Administración nos niega el debate social y se gasta millones en propaganda por TAV, la oposición se ve ninguneada, censurada y criminalizada cuando intenta informar sobre las consecuencias del mismo. Queremos denunciar públicamente que desde las instituciones nos han estado prohibiendo charlas, exposiciones, recogidas de firmas y todo aquello que tiene que ver con el intento por nuestra parte de crear un verdadero debate social. El objetivo de este primer juicio en Navarra no es otro que el de intentar amedrentar a la oposición al TAV mediante un castigo ejemplar a escasos meses del comienzo de obras. Para nosotros este juicio está muy claro. Es ahora cuando van a hacer un esfuerzo por querer acallar, amedrentar y deslegitimar por todos los medios a la oposición al TAV. Y para ello no van a dudar en utilizar la represión para silenciar las voces contrarias a este proyecto. Por ello os animamos a participar en la concentración de apoyo a estas personas que tendrá lugar en el Palacio de justicia dicho día a las 9h y 30m
3. Impactos de la Obra.
3.1 Su construcción acarrearía un enorme gasto económico que pagaríamos entre todos. Calculamos que el coste total superaría los 3.000 millones de euros, una cifra similar al presupuesto anual del Gobierno de Navarra. En un momento de desempleo masivo y de recortes presupuestarios consideramos que el enorme gasto a realizar es un despilfarro que no nos podemos permitir. Más aún cuando este tipo de obras no crean empleo más allá del generado en su construcción en condiciones altamente precarias y teniendo en cuenta que su explotación comercial sería deficitaria por lo que requeriría de financiación pública permanente para su funcionamiento, como ya ocurre en el resto de líneas construidas.
3.2.- Supondría una enorme agresión a nuestro entorno con la ocupación de miles de hectáreas de terreno y las consiguientes trincheras, terraplenes, desmontes y escombreras, la creación de una barrera en el territorio, la explotación de las canteras existentes y la apertura de otras nuevas, los altos niveles de ruido que ocasionaría a su paso, la contaminación electromagnética de la infraestructura eléctrica que le acompañaría… En ningún momento se les ha ocurrido reformar, mejorar o adecuar la actual vía a las necesidades reales. Su intención de empezar desde 0 esta obra, y que casualmente la mayor parte de su recorrido discurrirá paralelo a la actual vía del tren, dice muy a las claras sus intenciones de negocio y el poco apego que le tienen al patrimonio natural y social de pueblos, comarcas y zonas naturales que van a ser arrasados. ¿Esta es la idea que tienen para desarrollar y potenciar la economía de las zonas rurales? ¿Hacer un tren que no sólo no va a parar en ninguna comarca, sino que se lleva por delante explotaciones agrícolas y ganaderas?
3.3.- Al unir solamente las capitales y ser el billete considerablemente más caro solo sería utilizado por una minoría de la población, aquella que viaja habitualmente a Zaragoza, Madrid o Barcelona, para quien se construye una infraestructura de esta envergadura de manera que pueda ahorrar unos minutos en sus desplazamientos (el TAV sólo le va ahorrar media hora al tren actual). Además, no implica en absoluto la reducción de camiones y coches de la carretera, ya que es incapaz de transportar cantidades significativas de mercancías y no da respuesta a la movilidad diaria de miles de personas por lo que seguirían usando el coche.
4. Convocatoria de Manifestación: Por todo esto os convocamos el día 2 de abril a la manifestación que tendrá lugar en Iruñea (parque de Antoniutti, 18h) bajo el lema: TAV en Navarra: ¡No dejemos que arranque! Para denunciar este proyecto y exigir su paralización hasta que no se dé un debate real, una información veraz a los ayuntamientos, vecinos y vecinas afectados y al resto de la sociedad sobre las consecuencias de su construcción, y un compromiso a favor de un modelo de transporte público y social, respetuoso con el medio ambiente y adecuado a nuestras necesidades.