El ex policía, que ha declarado como testigo en la vista oral, ha señalado a Felipe González, al ex ministro de Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Julián Sancristóbal como creadores de los GAL, y ha afirmado que contaron con el consentimiento del ex secretario general del PSE en Bizkaia Ricardo García Damborenea y otros cargos del PSOE como Txiki Benegas y Ramón Jáuregui, actual ministro de Presidencia.
Amedo ya anunció en agosto del año pasado que estaba dispuesto a «tirar de la manta» en el último juicio pendiente del GAL.
Planchuelo niega que instigara los atentados
Por su parte, Miguel Planchuelo ha negado que él fuera el instigador de los atentados contra los bares Batxoki y Consolation. Ha dicho que no conocía a los mercenarios portugueses Paolo Figueiredo Fontes, Rogelio Fernando Carvalho da Silva y Antonio Jorge Ferreira Cisneros, condenados por los hechos, y ha asegurado que tampoco dio dinero al ex policía José Amedo para que les pagara.
Planchuelo también se ha referido al secuestro de Segundo Marey, por el que fue condenado a nueve años y medio de cárcel, y ha señalado, como hizo durante el juicio, en 1998, que el Gobierno de Felipe González autorizó el secuestro «para salvar la vida» del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, secuestrado y ejecutado por ETA en 1983.
Miguel Planchuelo está acusado de un delito de «pertenencia a banda armada» y seis de «asesinato en grado de tentativa» por los atentados. La acusación particular, que pide 114 años de prisión para el ex comisario, considera que él fue el instigador de esos dos ataques con armas de fuego que dejaron varios heridos en los citados establecimientos, que eran frecuentados por refugiados políticos vascos.
La Fiscalía, en cambio, estima en su escrito de conclusiones preliminares que no puede considerarse a Planchuelo autor de esos delitos y por ello reclama el archivo de la causa.
En el juicio está previsto que testifique, además de Amedo, el ex policía Michel Domínguez. Ambos fueron condenados en 1991 a 108 años de prisión cada uno por reclutar a los mercenarios portugueses.
El juez Baltasar Garzón reabrió la causa en 1995 basándose en las declaraciones realizadas por Amedo y el también ex policía Michel Domínguez, que acusaron a Miguel Planchuelo de ser el inductor de los atentados y de otros que tuvieron lugar en 1986.