La justicia de Estados Unidos (EEUU) ha acusado al nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, de intentar destruir un avión Airbus de la compañía Delta Airlines, pero a pesar de que el terrorista frustrado haya declarado haber sido entrenado en Yemen por Al Qaeda, existen puntos extraños que beneficiarían al presidente Obama en un momento en que su imagen beatífica está cayendo en picado, debido a sus últimas maniobras que recuerdan, en todo, a George Bush.
Llama la atención que una persona incluida en una lista de sospechosos, obtuviera, sin problema alguno, autorización para viajar a un país que exige, con varios días de antelación, a las compañías aéreas las listas de los pasajeros, en las que figuran los datos personales de los viajeros. Para “aclarar” este punto, las autoridades estadounidenses han manifestado que si bien, Umar Farouk figuraba como sospechoso, no tenía prohibido volar a EEUU, una afirmación que suena a chiste.
Por otro lado, la espontánea inculpación del detenido, y su supuesta formación en campos de adiestramiento de Al Qaeda en Yemen, justificaría la política belicista que el premio Nobel de la Guerra, ha iniciado en la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, donde los bombardeos indiscriminados estadounidenses son cada día más frecuentes, debido a la confusa situación que se vive allí entre “milicianos irregulares chiítas”, soldados de Yemen y de Arabia Saudita.
Este atentado fallido beneficia al actual Gobierno en el debate abierto sobre la vigente Ley Patriótica, debate que la Cámara de Representantes decidió aplazar (no hace mucho), para dentro de 60 días, antes de que expire la ley, al considerar que no era momento apropiado para tomar una decisión sobre un tema que en absoluto es banal, pues afecta a las libertades fundamentales en EEUU, limitadas desde hace más de ocho años.
La Ley Patriótica se aprobó después de los atentados de septiembre de 2001. Desde entonces, diferentes grupos sociales exigen su derogación porque vulnera, entre otros, los derechos de privacidad y confidencialidad, y faculta al Secretario de Estado para considerar “terrorista” a cualquier grupo cuando sus actividades «amenazan la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EEUU», algo tan ambiguo que permite incluir en esa categoría, a las organizaciones que no sean del agrado del Gobierno.
Por si fuera poco, se trata de una ley extraterritorial, abarca jurisdicción internacional, y al estar basada en creencias políticas, posibilita la creación de listas negras de las que salen y entran los países, en función de los intereses geoestratégicos de Washington. Los últimos movimientos de EEUU en América Latina propiciarían la aparición de nuevos Estados “terroristas” que bien podrían ser Bolivia, Venezuela o Ecuador. Lo sucedido, le ha venido tan bien a Obama que resulta imposible evitar la suspicacia.
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