La localidad barcelonesa de Vic ha abierto la caja de los truenos. Bajo el escudo de la necesidad de “poner orden”, la corporación municipal, liderada por CiU y apoyada por PSC y ERC, ha anunciado que no empadronará a los inmigrantes sin papeles si no han iniciado los trámites para regularizar su situación
Es una medida insólita que rechazan la mayoría de los alcaldes de la zona y que no se entiende sin la presencia en el consistorio de Vic de Plataforma per Catalunya (PxC), la segunda fuerza local, que defiende sin pudor planteamientos xenófobos (ya propuso limitar el padrón a los sin papeles 2003) y que está liderada por Josep Anglada, vicepresidente provincial en Barcelona de Fuerza Nueva
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (UDC), considera demagógico atribuir a Anglada una influencia en la política local, mientras que el portavoz socialista, Josep Burgaya, niega rotundamente que el edil ultra marque la agenda política “porque no tiene ni el monopolio ni el conocimiento real de la inmigración”. El tercer brazo del equipo de gobierno, ERC, asegura que gobierna sin dejarse llevar por los extremismos de “los que reclaman liquidar a los inmigrantes y los que abogan por abrir completamente las puertas”, en referencia a PxC e ICV, respectivamente.
Desde las direcciones de los partidos implicados, las reacciones a la negativa a empadronar inmigrantes han sido más que tímidas. CiU declinó comentarla, el PSC la calificó de discutible y ERC asegura que “no la ve bien”. El anuncio de la PxC de concurrir a las elecciones autonómicas echará muy probablemente al traste el pacto tácito de los partidos catalanes de no utilizar el tema de la inmigración como arma electoral. Esa es la principal baza de que dispone Anglada, y ya sabe que funciona porque lo ha comprobado en Vic, pero también en otras poblaciones como Manlleu, El Vendrell o Cervera, donde también obtuvo concejales. PxC augura que puede obtener entre cuatro y ocho diputados en el Parlamento catalán.
Además de polémico y de dudosa legalidad, el acuerdo del Ayuntamiento de Vic supone una ruptura con la política de integración de la inmigración que llevó a cabo durante 17 años el alcalde de Unió Jacint Codina, hasta el punto de que se utilizara como modelo a seguir cuando acordó distribuir a los hijos de los nuevos vecinos entre todas las escuelas del municipio, fuesen públicas o privadas.
Los alcaldes de la zona temen que la expulsión de los inmigrantes de Vic les acabe creando un problema en sus municipios, y la mayoría de ellos rechazan el acuerdo adoptado en Vic. El alcalde de Calldenetes, Jaume Mas (ERC), prefiere no opinar hasta tener más información y considera que la medida no se puede adoptar de manera aislada.
Miquel Arisa, del PSC y alcalde de Centelles, considera la medida “más bien desacertada” y reconoce no entender los motivos de Vic para llevarla a cabo. Arisa asegura que en su municipio continuarán con el sistema actual de empadronamiento. Ni un ápice se cambiará tampoco en Roda de Ter, según confirma su alcalde, el independiente Antoni Llach. Un sistema, subraya, pactado a principios de 2009 en una reunión con distintos alcaldes de la zona, entre ellos el de Vic, que ahora se ha desdicho.