El Colectivo de Presos Políticos Vascos realiza desde ayer «chapeos» dentro de la nueva lucha contra la política penitenciaria de los gobiernos español y francés. Dinámica que ha sido respondida con un renovado intento de criminalización del Colectivo situándolo a las órdenes de ETA, así como con especulaciones y avisos filtrados a medios de comunicación.
Las 742 personas que componen el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) arrancan su protesta negándose a salir de su celda desde ayer. Dentro de la dinámica de lucha emprendida el pasado lunes para denunciar la política penitenciaria de los gobiernos español y francés y en aras de que se reconozca su estatus político y cesen las vulneraciones de sus derechos, y después de socializar durante toda la semana anterior las razones de la lucha, los presos políticos vascos se han encerrado en sus celdas.
En una nueva nota remitida a GARA ‑que se puede leer de manera íntegra en la siguiente página junto al comunicado del pasado domingo‑, EPPK informa del encierro que están desarrollando los presos y las presas. Destaca que mediante esta protesta quieren hacer ver que una parte importante de los presos que componen EPPK se encuentran «secuestrados de forma despiadada y cruel». El texto exige la inmediata puesta en libertad de los presos enfermos, así como de los que han cumplido su condena de manera íntegra o de los que se encuentran en periodo de acceso a la libertad condicional.
El encierro emprendido ayer, que en la práctica supone que los presos trascurran días enteros aislados dentro de sus celdas, acarrea unas duras consecuencias para ellos y sus familiares.
Pese a que cada prisión, tanto del Estado español como del francés, se rige por una normativa diferente y por lo tanto los efectos varían, se puede anticipar que los presos políticos vascos no se comunicarán con nadie mientras perdure este encierro.
La decisión de no abandonar su celda hará que pierdan la oportunidad de salir al patio, así como de acudir a los talleres, si es que los tuvieran. Este hecho hace que los presos no puedan tener contacto entre sí.
El contacto con el exterior también se verá anulado. Los presos perderán las visitas y los vis a vises si es que éstos coinciden con el periodo de encierro, porque no podrán desplazarse hasta las cabinas para realizar la visita. Asimismo, los prisioneros que cuenten con el derecho a telefonear a sus allegados perderán estas llamadas mientras perdure el «chapeo». Lo mismo ocurrirá con la correspondencia escrita, ya que los presos no acudirán a la garita para recibir ni mandar sus cartas, ni para recibir el periódico durante los días que se alargue esta protesta.
La alimentación también será otro de los aspectos en que se verán afectados los presos y las presas que habitualmente coman en el comedor. Pese a exigir a los carceleros que mientras dure la protesta se les entreguen los alimentos en su celda, muchos serán los que tendrán que alimentarse sólo con las reservas compradas anteriormente en el economato de la prisión.
En el punto de mira
Además de sufrir estas duras consecuencias, este tipo de lucha supone infringir el reglamento interno de la cárcel, lo que en la mayoría de los casos acarreará a buen seguro partes contra los presos políticos vascos y algún que otro castigo.
El pasado lunes, este diario daba cuenta de que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) comenzaba una dinámica de lucha como respuesta a las nuevas vueltas de tuerca represivas que se han dado en los últimos meses y que, a su entender, pretenden condicionar la apertura de un nuevo ciclo político en Euskal Herria. Denunciaban tanto las vulneraciones de derechos y agresiones que padecen ellos mismos como las que vienen sufriendo sus familiares y allegados. También incluían las dirigidas contra las muestras de solidaridad que se producen en las calles de Euskal Herria.
El comunicado de los presos incluía la noticia de que cinco personas habían decidido situarse fuera de la disciplina del Colectivo.
El inicio de esta nueva fase de lucha en las prisiones se produce después de que el pasado 2 de enero las calles de Bilbo fueran escenario de una de las mayores manifestaciones de los últimos años, donde 44.000 personas reivindicaron precisamente que se respetaran los derechos de las presas y presos y su repatriación a Euskal Herria.
Desnaturalizar la protesta
Para cualquier medio es fácil recoger testimonios sobre cuál es la situación de las presas y presos y de sus familiares y observar si se producen hechos objetivos que avalen o desmientan sus palabras. Sin embargo, la mayoría de ellos ‑por no decir la totalidad- optó por centrarse en la cuestión de las «expulsiones» y desnaturalizar la protesta presentándola bien como un intento de ETA de mostrar fortaleza y cohesión o bien como un pulso dentro del debate que mantienen las bases de la izquierda abertzale.
El Colectivo de Presos Políticos Vascos está conformado por cientos de personas, muchas de las cuales ni pertenecen ni han pertenecido nunca a ETA, sino que han sido encarceladas por su militancia en otras or- ganizaciones de la izquierda abertzale, su trabajo en distintos ámbitos como el diario «Egin» o por participar en acciones de kale borroka que también se sitúan fuera de la disciplina de la organización armada. Por lo tanto, atribuir sus decisiones a «la dirección de ETA» añade otra forma de criminalización a quienes ya se encuentran en prisión, y obedece al interés político que tantas veces ha repetido en los últimos meses el consejero de Interior, Rodolfo Ares, de enviar el mensaje de que «no son presos políticos, son asesinos». A ello contribuyen titulares como «ETA amenaza con una huelga de hambre de sus presos» o «ETA pretende silenciar a sus presos con la expulsión de cinco disidentes».
Además, los medios no han dudado en atribuir segundas intenciones al anuncio del inicio de la protesta. Lo más común ha sido enmarcarlo en el debate de la izquierda abertzale. Pero lejos de atender a las propias palabras de los presos, se elige como fuente al Ministerio de Interior y su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Sin embargo, el reparto de papeles ha debido ser algo caótico y no a todos les ha llegado la misma documentación. Porque mientras algunos medios aseguran que la lucha es «el cortafuegos que ETA» quiere poner al debate y que «el Colectivo irrumpe en el debate sobre el fin de la violencia apostando por la línea dura», otros, en abierta contradicción con los anteriores y citando también a Interior, no dudan en titular que «los presos esperan el apoyo de ETA a las tesis de Otegi».
Observados con lupa
El siguiente paso del Ministerio fue intentar agudizar contradicciones, anunciando que presos de fuera del Colectivo habían disfrutado de días de permiso. Y, al día siguiente, transmitió que conocía el calendario completo de movilizaciones que iban a realizar los prisioneros y lo hizo público.
La idea de que la actuación de cada preso va a ser mirada con lupa para su posterior utilización pública de acuerdo a los intereses gubernamentales ha quedado también suficientemente explicitada. Las dirección de cada prisión hará una evaluación cuantitativa y cualitativa del seguimiento de las protestas e Interior ya ha anunciado quiénes van a ser algunos de sus principales objetivos: Arnaldo Otegi y Rafa Díez.
No hay tregua. La política penitenciaria ‑lo dice el Gobierno español- es parte de su «lucha antiterrorista» y en ello se aplica.
