Hoy y mañana se reune el grupo de trabajo encargado de acordar el texto que se votará en el Parlamento de Gasteiz sobre el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Mañana, martes, colectivos sociales de Bizkaia se concentrarán a las 10:15 frente a las oficinas de Lakua en Bilbo en defensa del sistema de protección social.
Los convocantes acudirán provistos de enseres de una vivienda –cama, sofás, mesillas, nevera, televisor, cocina, lámparas, armarios…- para denunciar los recortes sociales y visualizar las consecuencias de la crisis en las miles de personas desempleadas, con empleos precarios o pensiones mínimas
Desde el 2009, año en el que entró en vigor la Ley de Renta de Garantía de Ingresos, y en especial desde la aprobación por el actual Gobierno de Gasteiz del reglamento que la desarrolla, ha disminuido la protección social y han aumentado las arbitrariedades por parte de las administraciones y las situaciones de indefensión de las personas que solicitan o perciben prestaciones, que han provocado algunas resoluciones del Ararteko.
Así mismo, los convocantes denuncia que las medidas tomadas, han hecho que aumenten los abusos y la explotación.
En mayo los colectivos convocantes, entre los que se encuentran Elkartzen, Argilan, Consejo de la Juventud de Euskadi, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo, presentaron a los grupos políticos una serie de enmiendas para corregir algunos de los principales problemas, como:
Denuncian que la inclusión del requisito de no disponer de ningún bien inmueble, a excepción de la vivienda habitual, ha creado innumerables problemas y discriminaciones. Aseguran que discrimina a personas que han migrado y que pueden tener en su pueblo una casa o un terreno que no aportan renta y que venderlos no aportaría un beneficio significativo además de que normalmente no tienen un valor comparable a una vivienda habitual. “Incluso se ha negado la prestación cuando la propiedad era la vivienda habitual de sus hijas e hijos menores o de progenitores sin ingresos”, añaden en nota de prensa.
La limitación de ayudas a dos personas por vivienda, también es objeto de critica. “Crea discriminación y aumenta las posibilidades de sufrir abusos, sobre todo cuando es patente las dificultades de muchas personas con pocos recursos para conseguir un alquiler en el que les den derecho a estar empadronadas”.
Denuncian que Diputación Foral ha agravado la situación al establecer el mismo límite para las Ayudas de Inserción. Destacan que la institución foral ha abusado de las suspensiones cautelares y no utilizan las medidas previstas para los incumplimientos, donde el interesado debería ser oído, la medida razonada.
“Muchas veces incumplimientos mínimos, como la falta de comunicación del cambio de domicilio, son tomadas como perdida de un requisito que conlleva la pérdida del derecho”.
En este sentido, subrayan la medida de 
Por último, destacan que todos estos recortes se adoptan cuando la cola del paro se desborda y cuando el 36% no recibe ningún subsidio. Otra consecuencia dramática de la actual crisis económica, y la falta de protección social, son los desahucios que afectan a decenas de familias: entre enero y marzo de este año aumentaron un 36%, cada día se producen 6 desahucios en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
