Al leer con detenimiento la sentencia del Tribunal Supremo me he acordado del artículo de Rafael Poch: “En 1949 el 56% de los altos funcionarios de la policía de Renania del Norte-Westfalia (Alemania Federal) procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS».
«En los años cincuenta en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Württemberg-Baden, el 50%».
«El juez ex nazi, Eduard Dreher, fue el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954 e impuso la prescripción para los crímenes de «complicidad con asesinato» que liberó de toda responsabilidad a los nazis, una especie de amnistía general. Esa ausencia de desnacificación, que la guerra fría y los aliados potenciaron en aras del combate contra el comunismo, contribuyó a una continuidad burocrática que aun hoy desprende un ambiguo tufillo”
Los jueces del Tribunal Supremo Juan Saavedra Ruiz, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano (ponente) y Juan Berdugo Gómez de la Torre argumentan de corrido y carretilla “que todos los presos de ETA denuncian torturas ‑lo que es falso‑, porque existe un manual que así lo indica”. Y rechazan la credibilidad de los testigos porque, de algún modo, pertenecerían o serían afines al mundo de ETA. O, con otras palabras, en el Estado español no se tortura porque lo dicen jueces, fiscales y funcionarios policiales en su mayoría de luengo pedigrí familiar.
Por su argumentación es muy fácil que los jueces y fiscales españoles superen las cifras de progenie ideológica de los alemanes, sobre todo en las altas esferas. Desde el putsch de Franco y su gente en el Estado español no se tortura, y lo decían y lo siguen diciendo jueces, fiscales y policía.
Y es que de familia le viene la casta al galgo.
