Mientras el Estado colombiano reinventa la historia para ocultar el alto índice de impunidad, el 90%, frente a los crímenes de lesa humanidad, las víctimas siguen pidiendo justicia y reclaman políticas públicas sobre la memoria.
El Estado colombiano ha aplicado de forma sistemática durante décadas políticas para acabar con las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales… Y lo podemos probar. Podemos probar que a partir de 2003, grupos especiales de los servicios de Inteligencia (DAS) se encargaron de espiar a las organizaciones de derechos humanos y sindicatos para neutralizarlos, desprestigiarlos y atemorizarlos y así poner fin a sus denuncias, y también podemos probar que era una estrategia sistemática y dirigida por el Estado». Yessika Johanna Hoyos Morales, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y también de H.I.J.O.S. Colombia, que agrupa a hijos e hijas de víctimas de vulneraciones de derechos humanos, no muestra un ápice de duda.
A pesar de la persecución y criminalización de la disidencia política y los intentos de deslegitimación a los que son sometidos los defensores de los derechos humanos y las propias víctimas de los crímenes de lesa humanidad, se muestra firme cuando denuncia la violencia del Estado, el pan de cada día en Colombia, donde las autoridades tratan de ocultar las masacres, los desaparecidos, los falsos positivos, los desplazamientos forzosos y la actividad paramilitar, cuya desmovilización fue una «mentira», asegura. Pero más alarmante que esas cifras de vulneración de derechos es el índice de impunidad, el 90%, de sus autores, tanto directos como intelectuales, y los intentos de las autoridades de seguir amparando e incluso favoreciendo esa situación.
La abogada colombiana relató en Bilbo, a donde acudió invitada por las organizaciones Askapena, Ahaztuak 1936 – 1977 y ACLAI (Asociación Cultural Latinoamericana de Inmigrantes), la realidad que no cuentan los grandes medios de comunicación sobre los derechos humanos en Colombia, donde continúan las masacres y las luchas sociales a pesar de esa imagen «dialogante» que trata de vender el Gobierno de Juan Manuel Santos, quien fue titular de Defensa en el Ejecutivo de Álvaro Uribe, en la época en que se produjeron los falsos positivos. En la capital vizcaina, Hoyos reivindicó justicia y memoria para acabar precisamente con la impunidad, una práctica fomentada por la propia Ley de Justicia y Paz, supuestamente para la desmovilización de los paramilitares, y cuyos principios eran verdad, justicia y memoria.
Califica de «indignante» que muchas de las 30.000 desmovilizaciones fueran falsas, que los desmovilizados no contaran la verdad ni entregaran los bienes robados. «Hoy se está reescribiendo y reinventando la historia para ocultar la impunidad frente a los graves crímenes de lesa humanidad» en Colombia, donde más sindicalistas han sido ejecutados ‑2.800; este año ya son 23‑, donde los líderes estudiantiles están amenazados, donde rectores universitarios vinculados a los paramilitares colaboran en la muerte de sus profesores, donde se persigue a abogados, líderes sociales y defensores de los derechos humanos, siempre con el pretexto de supuestos vínculos o pertenencia a organizaciones guerrilleras.
Así el poder militar, que cree haber ganado la guerra en el campo militar, crea el concepto de la «guerra jurídica» para eliminar a la disidencia y contrarrestar la labor de las organizaciones de derechos humanos, que han conseguido enviar a prisión a 1.800 militares y a las que tachan de «brazo jurídico de las organizaciones guerrilleras». Pero, como dice Hoyos, «no se puede utilizar el conflicto armado para justificar violaciones de los derechos humanos» y asegura que «nosotros no tenemos necesidad de inventar nada, lo necesita el Ejército que comete los crímenes».
Tiene claro que Colombia sigue primando la impunidad, además, porque favorece la implantación de determinado modelo económico, el de los Tratados de Libre Comercio, que no sólo violan la soberanía sino que desplazan a comunidades enteras para apropiarse de sus tierras. Por eso subraya que la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Tierras «no va a suponer la devolución de las tierras robadas, sino su legalización para que las multinacionales puedan hacerse con ellas. Los campesinos no van a volver nunca a ellas».
Ante esta situación, exige justicia y el impulso de políticas públicas que aporten a la recuperación y revalorización de la memoria, no la del Estado. «La lucha por la memoria está plenamente vigente y será dura y difícil porque quieren acallarnos». Una aportación importante a esa lucha será, sin duda, conseguir que se investigue y procese a Uribe en relación al paramilitarismo y sus crímenes. La esperanza se la da el pueblo peruano que consiguió juzgar y condenar a Alberto Fujimori.
