Desde Ahaztuak 1936 – 1977, asociación de victimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista, y ante el borrador del denominado como “decreto sobre víctimas de abusos policiales y parapoliciales en un contexto de motivación política entre los años 1968 y 1978” queremos hacer una primera valoración expresando nuestra satisfacción al ver que la persistencia en la denuncia del modelo de impunidad para estas victimas, tambien conocidas como “victimas del tardofranquismo”, ha conseguido abrir una nueva brecha en dicho modelo, esta vez en el apoyo sin fisuras al mismo hasta ahora mantenida por el Gobierno de la CAV. Este hecho no hace sino reafirmarnos en la validez y la vigencia de la denuncia continua y sin concesiones de dicho modelo de impunidad para los crimenes del regimen franquista y en la reivindicación de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación que las victimas del franquismo tenemos y nos son reiteradamente denegados. Ha sido esa persistencia la que permitió que algunas de estas victimas accedieran a algunos elementos de reconocimiento y reparación a traves del artículo 10 y de la disposición adicional cuarta de la Ley 52⁄2007, la conocida como “Ley de Memoria Histórica” y ha sido esa misma persistencia que hemos mantenido durante años la que ha hecho que desde el Gobierno de la CAV se vean tambien en la necesidad de encarar “de alguna manera” la realidad de dichas victimas.
Pero “de alguna manera” no quiere decir que dicha manera sea la justa ni la que las propias victimas demandan, ni tampoco la que una sociedad como la nuestra con deseos de comenzar a mirarse y reconstruirse de una forma verdaderamente democrática necesita. En este sentido este “nuevo decreto” ‑o al menos su borrador- solo viene a mostrar lo dificil y hasta patético que es para unas instituciones que se denominan democraticas intentar a estas alturas “hacer como que se salen” que no salir del cenagal que supone una impunidad apoyada desde esas mismas instituciones para crimenes cometidos por un régimen fascista como fue el de la dictadura franquista. Y es asi porque por mucho que lo intenten “apañar” este decreto no es mas que un ejercicio de dosificación de impunidad a conveniencia si lo vemos desde esa demanda integral de verdad, de justicia y de reparación para todas las victimas del franquismo y tambien para todas las personas que lucharon contra dicho régimen.
Asimismo, y ya en relación a los contenidos de este decreto son varias cuestiones las que nos preocupan. La primera es volver a constatar cómo una iniciativa que de partida dice asumir el papel de servir de instrumento de “declaración y reparación de las victimas que la violencia estatal produjo en la CAV entre 1968 y 1978” se presenta nuevamente como un instrumento para la exclusión de muchas de esas víctimas, desde dos perspectivas distintas: una primera que se concreta al marcar de forma absolutamente arbitraria unos parámetros temporales que “dejan fuera” de consideración a varias de estas victimas ‑Javier Batarrita, José Rey, Lorenzo Sarasola…- negandoles de esa forma una vez más sus derechos a la verdad, a la reparación y a la justicia. Se habla de una una posible extensión hasta 1960 pero de momento solo es una posibilidad enunciada. La segunda toma cuerpo cuando se excluye una vez más a aquellas victimas relacionadas con cualquiera de las organizaciones político-militares que en el periodo temporal que contempla dicho decreto enfrentaban de forma armada al régimen dictatorial, algo que tambien hizo en su momento la “Ley de Memoria Histórica”.
En este punto debemos señalar que es aqui donde más se muestra la validez y los resultados de la constante pelea que desde nuestra asociación junto con los familiares de algunos de los asesinados hemos mantenido durante estos ultimos años en defensa de su coondición de luchadores antifascistas y de victimas del franquismo. Este es el caso de Jon Paredes Manot “Txiki” y Angel Otaegi a los cuales se les ha venido denegando dicha condición, quitando por orden judicial su nombre a las calles a ellos dedicados, enviandonos a la Ertzaintza al cementerio de Zarautz para impedir el homenaje que cada 27 de Septiembre les venimos tributando en el aniversario de su fusilamiento, haciendonos acreedores de dos autos en la Audiencia Nacional por presunta “apologia del terrorismo”… Por encima de todo ello hemos seguido manteniendo esa demanda hasta ver como al dia de hoy, en este nuevo decreto, se ven obligados a reconocer a estos dos ciudadano vascos la condición de victimas, algo que sin embargo y en una muestra de las verdaderas intenciones que les animan van a seguir denegando sin embargo a decenas de personas tan victimas, tan luchadores antifascistas y tan resistentes armados, como Txiki y Otaegi cuya unica diferencia con estos es ser menos conocidos al no ser dos de los ultimos fusilados por el regimen franquista. Cualquiera que no tenga interes en no verlo percibirá enseguida la maniobra que bajo este “reconocimiento” se esconde, al intentar anular con una concesión “humanitaria” el carácter politico y resistente de Txiki y Otaegi, intenta hacer de ese reconocimiento la base para la continuidad del desconocimiento hacia tantos otros.
Otro de los enunciados hace referencia a la no consideración como sufrimientos injustos “aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por parte de quienes la realizaran o pretendieran realizarla”, algo que directamente otorga un caracter legitimo tanto a las fuerzas represivas del regimen franquista, como a sus actuaciones y por tanto al propio régimen y la consideración de “terroristas” a quienes lucharon contra él, consideración que fué la base sobre la que fueron condenados a muerte Txiki y Otaegi. Esa negación de su caracter de victimas y luchadores para tantas personas que resistieron al régimen franquista como consideraron que debian hacerlo deja sin embargo paso sin ningun tipo de complejo a la “presunción de inocencia y se salvaguardarn los derechos a la defensa y al honor de quienes aparezcan como sus victimarios”, esto es los responsables politicos, policiales, militares, judiciales… del reǵimen franquista.
Tambien debemos remarcar que desde este decreto se contemplará como único parámetro de reparación real la percepción de una determinada cantidad económica, no planteando ningúna medida contra la impunidad de las personas ‑cargos políticos, policiales, judiciales, militares- que tuvieran alguna reponsabilidad en los hechos que convirtieron a las victimas en tales. Esto además en un momento en el que la denuncia del modelo español de impunidad y la constatación de la gravedad de la persistencia de dicho modelo esta más presente que nunca ‑causa abierta desde Argentina contra diferentes responsables franquistas entre ellos que participaron en diferentes niveles en el asesinato de Txiki y Otaegi, caso de los miles de bebes arrebatados a sus padres…- y cuando la aplicación de los parámetros de justicia universal y de los de persecución de los crimenes cometidos por cualquier régimen fascista, el franquista incluido, deberían ser la base de cualquier normativa que desde cualquier institución pretenda ofrecer verdad, reparación y justicia a las victimas del franquismo, algo que desgraciadamente este decreto al igual que otras normativas anteriores parece seguir empeñado en desconocer.
Con este decreto nos lo han vuelven a demostrar de nuevo.
AHAZTUAK 1936 – 1977
