El debate sobre la memoria histórica ha cobrado en nuestro país una intensidad especial. En este debate cívico están presentes con especial fuerza, más que los aspectos metodológicos de la cuestión, una serie de sentimientos poderosamente enraizados tanto a nivel individual como colectivo. Dicho debate toma en consideración, por este mismo motivo, mucho más las consecuencias que las causas de los procesos históricos discutidos. El debate gira en torno a dos cuestiones fundamentales: las víctimas de la rebelión fascista de 1936 y la posterior dictadura franquista, por un lado, y las víctimas del conflicto político-militar entre Euskal Herria y el Estado Español, reabierto en 1959 con el nacimiento de E.T.A. hasta el presente. Por lo tanto, podemos decir, que la cuestión fundamental de la polémica está marcada por la cuestión del reconocimiento de las víctimas producidas en estos dos procesos señalados.
Respecto al primero de ellos, es decir, a las víctimas de la rebelión militar de 1936 y de la dictadura franquista, existe hoy por hoy un conflicto entre las posiciones que mantiene el Estado Español al respecto y el derecho penal internacional. Puesto que las atrocidades cometidas por el franquismo pueden ser consideradas sin lugar a dudas como crímenes de lesa humanidad y genocidio no deben tener prescripción, a pesar de la Ley de Amnistía de 1977 y diga lo que diga al respecto el Tribunal Supremo español. Cualquier jurista serio de cualquier parte del planeta podría corroborar esta afirmación. Así parece entenderlo también un tribunal argentino que ha iniciado un proceso contra una serie de asesinatos cometidos por fuerzas franquistas en los primeros meses de la rebelión militar y que bien pudiera constituir el punto de arranque de un proceso judicial más amplio que marcara el final de la impunidad de uno de los regímenes totalitarios más sanguinarios de la Historia Contemporánea. Los centenares de miles de víctimas (con decenas de miles desaparecidas aun hoy) de la brutalidad de franquista siguen esperando el reconocimiento que el Régimen de la II Restauración Borbónica les ha negado hasta hoy
En cuanto a la segunda cuestión, la de las víctimas de ETA, debemos considerar en primer lugar la presencia de distintos criterios entre aquellas asociaciones que están trabajando por la recuperación de su memoria, y esto tanto desde el punto de vista cuantitativo ¿Cuántas son en realidad? Como desde el punto de vista cualitativo ¿Desde cuándo comenzar a contar? Puesto que las distintas asociaciones dedicadas a la recuperación de la memoria de estas víctimas comparten la común denominación de “víctimas del terrorismo” existe, por ejemplo, la inquietud entre algunos de sus miembros de si pueden ser consideradas como tales aquellas que resultaron de acciones armadas de ETA durante el periodo de la dictadura, o sea de acciones de la organización armada en lucha entonces contra un régimen que basaba su supervivencia precisamente en el despliegue generalizado del terror. Podemos poner como ejemplo el emblemático caso del tristemente célebre torturador Melitón Manzanas. ¿Puede ser considerado este sujeto como una víctima del terrorismo? En tal caso, esto equivaldría a negar la legitimidad de la rebelión armada contra la tiranía y sentaría al mismo tiempo un absurdo y peligroso precedente a partir del cual el revisionismo histórico podría comenzar a denominar terroristas a los partisanos antifascistas italianos y yugoslavos, a los judíos insurrectos del Gueto de Varsovia, al maquis francés o a la guerrilla antifranquista de la posguerra, legitimando de ese modo a esos regímenes contra los que estos “terroristas” se alzaron en armas. Es verdad que esto no parece preocupar a la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo y por otra parte también es cierto que el comisario Manzanas recibió nada menos que la Medalla del Congreso con el apoyo de la mayoría gobernante del PP y con Aznar a la cabeza. Podríamos preguntarnos en virtud de qué un enemigo confeso de la democracia y conocidísimo agente del totalitarismo recibe un premio de una institución que teóricamente representa la soberanía de la sociedad civil, algo que este siniestro personaje combatió encarnizadamente toda su vida como miembro de la policía política franquista. Desde otro ámbito distinto, pero también como ejemplo de este descabellado programa de impúdica exhibición de revisionismo histórico, se ha tratado de convertir a un miembro del espionaje fascista en un héroe de la democracia. Se trata del espía Miguel Lejarza “El Lobo” agente de los servicios secretos organizados por el Almirante Carrero Blanco, que logró infiltrarse en ETA (p‑m) provocando la caída de numerosos militantes de esta organización armada, y de cuyas correrías como esbirro de la dictadura se ha llegado a realizar una película que lo convierte en poco menos que en un “luchador por la libertad”. Podemos encontrar fácilmente muchos más ejemplos sobre esta cuestión que nos revelarían también la imperiosa necesidad de aplicar una cuidadosa metodología para la recuperación de la memoria histórica, liberada de una vez por todas de las “Razones de Estado”
No cabe duda que el proceso de normalización democrática en el que se encuentra nuestra sociedad va a exigir de un reconocimiento real, eficaz y funcional de todas las víctimas del conflicto en su fase político- militar. Y también, por supuesto, de una reparación igualmente efectiva de todas ellas. Para ello va a ser imprescindible un gran esfuerzo en todas las partes implicadas, empezando por el reconocimiento de la bilateralidad del sufrimiento causado en este periodo histórico y de la verdad de lo sucedido. Algo que desgraciadamente hoy parece estar muy lejos de algunas asociaciones que, aparte de su instrumentalización por fuerzas políticas y mediáticas sistémicas, se han destacado hasta el presente por presentar la bandera de la venganza como único programa. Es preciso que estas asociaciones comprendan cuanto antes que tal programa está condenado a un escasísimo recorrido histórico, ya que su base real está indisolublemente vinculada a las necesidades coyunturales de distorsión del relato histórico y de agitación electoral de aquellas fuerzas sociales y políticas que han convertido precisamente en la negación de la memoria histórica su herramienta política más eficaz. Poco o nada van conseguir estas asociaciones respecto a un reconocimiento duradero y general, y a la reparación histórica de estas víctimas-reconocimiento y reparación que son por otra parte necesarias- si se empecinan en la negación del carácter específico que tienen de serlo como consecuencia de un conflicto político-militar entre dos partes, que generó durante más de medio siglo victimas en ambas direcciones.
Lo expuesto hasta ahora nos lleva a plantear aquí una de las consecuencias del conflicto político-militar que constituye, en nuestra opinión, una cuestión que no es precisamente baladí. Se trata del problema de la guerra trasmitida al lenguaje, o más precisamente, de la utilización de un lenguaje de guerra en tiempos de un proceso de resolución democrática de un conflicto armado. Ya hemos apuntado más arriba las dificultades que la utilización de determinados términos como “víctimas del terrorismo” puede acarrear en el proceso de recuperación de la memoria histórica que sin duda alguna suscitarán muchos más puntos de desencuentro que de consenso y resolución. La utilización del término “terrorismo” corresponde en el lenguaje dominante, siempre a criterios propagandísticos y obedece, como es sabido, exclusivamente a la necesidad de criminalizar la acción armada del enemigo y legitimar de esta manera la propia. Alfonso Sastre, entre otros, ha llamado la atención repetidas veces sobre este lenguaje de guerra que se ha instalado cómodamente en la comunicación cotidiana de las mayorías sociales “Los medios de comunicación-decía en un artículo, poco después de la agresión imperialista a Afganistán- llaman terrorismo a la guerra de los débiles, y guerra, y hasta justa, al terrorismo de los poderosos”. Los débiles (considerando como tales a todos aquellos que disponen de medios militares y propagandísticos muy limitados) han respondido también con un lenguaje de guerra similar, denominando terrorismo a las actuaciones armadas del enemigo poderoso y acciones armadas o de guerra a las propias. No obstante es de rigor reconocer que en la mayoría de los conflictos armados de la Historia, la aplicación del terror indiscriminado (o sea del terrorismo verdadero) ha sido monopolio casi exclusivo de los grupos sociales y políticos dominantes y de sus “brazos armados” es decir, de los ejércitos y aparatos policiales de los estados. De cualquier forma y para el caso de Euskal Herria sería necesario reemplazar de una vez por todas, este lenguaje de guerra, útil en otros momentos tanto para la insurgencia como para la contrainsurgencia, por otro que se ajuste más a las nuevas necesidades políticas que, para ambos contendientes, el nuevo escenario va generando día a día.
Insurgencia y contrainsurgencia, sin ninguna condena previa al análisis histórico serio y riguroso de una u otra, serían términos más adecuados, en nuestra opinión, para la realización de ese “Relato Histórico” creíble y aceptable para la mayoría social sobre lo sucedido en los algo más de 50 años últimos de nuestra Historia. Tal relato deberá tomar sobre todo en consideración los trabajos científicos de historiadores serios de diversas tendencias y las conclusiones del debate abierto en esta comunidad científica sobre la cuestión. Por lo tanto, el relato debe comenzar por tener en cuenta las causas históricas del conflicto político-militar y no solo las consecuencias por muy dolorosas que estas sean. Un relato que, como anuncian tanto responsables del PP como del PSE, pretende tener como eje central los sentimientos de las víctimas y, peor aún, solo de las víctimas de un lado del conflicto no pasará de ser otro elemento de propaganda guerra más, y en nada ayudará en el camino del reconocimiento general y duradero de las víctimas, ni siquiera de aquellas a quien propone como protagonistas únicas, y tampoco, como es lógico, en su reparación efectiva. Tal relato en nada contribuirá a la comprensión integral del conflicto como paso previo a su superación definitiva. Como se ha demostrado en otros procesos de resolución de conflictos político-militares, aparte de sus características históricas especificas, el binomio Verdad-Reparación parece estar sólidamente conformado. No es efectivamente posible la una sin la otra.
Estos tan simples como evidentes planteamientos parecen estar sin embargo todavía hoy muy lejos de las posiciones que mantiene el gobierno de Mariano Rajoy al respecto. Da la impresión de que se han convertido en prisioneros de sus propios demonios de guerra. Ignorando, por ejemplo, las recomendaciones de la Declaración de Aiete, trasmiten-al contrario de lo que pretenden los media afines al PP- una impresión de extraordinaria debilidad, algo que sin duda no pasa desapercibido en medios políticos internacionales, y que puede acabar comprometiendo su imagen gravemente en un futuro próximo, acarreando, en un escenario de profunda crisis económica global, consecuencias de diversa índole. También, desde luego, las actuaciones políticas de unos y otros en los primeros momentos de este nuevo escenario que se abre en Euskal Herria son elementos clave que conformarán el “relato” el día de mañana. La responsabilidad y la irresponsabilidad en la gestión de los nuevos tiempos darán también la medida justa en la radiografía histórica del conflicto.