Tan solo una semana después de la última redada en los pabellones abandonados de Zorrozaurre, desde SOS Racismo- Bizkaiko SOS Arrazakeria, han vuelto a denunciar una nueva intervención de la Policía Nacional en colaboración con Policía Municipal en dicho lugar. Tras la anterior redada, el colectivo antirracista reclamó al Ayuntamiento que dejara de utilizar la Ley de extranjería como medida represiva y que respondiera a los problemas sociales con una intervención social urgente. Pero la receta empleada en esta ocasión no difiere mucho de la denunciada la semana pasada. «El problema de exclusión social que existía la semana pasada, sigue existiendo está semana también y seguirá existiendo hasta que no se de respuesta a las necesidades de las personas que viven allí y que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad» han apuntado desde SOS Racismo.
En la redada de la semana pasada, 11 personas fueron detenidas e internadas en el CIE de Aluche. Según indican desde SOS Racismo estos internamientos resultan indebidos, ya que estas actuaciones se llevaron a cabo sin responder a las alegaciones presentadas por los abogados y sin atender a las circunstancias individuales de los detenidos, como tener ordenes de expulsión caducadas o cambiadas por multa. El auto, recibido esta semana ordena la inmediata puesta en libertad, y da mayor peso a las denuncias en las que se daban indicios de detenciones e internamientos colectivos, prohibidos por la ley y denunciadas por CEAR Euskadi, Centro Ellacuria, Ekaitz taldea, Fundación EDE, Fundacion Harribide, Izangai, Suspergintza Elkartea y Sos Racismo – Bizkaiko Sos Arrazakeria, junto a los abogados del turno de oficio.
El juez de lo contencioso administrativo nº5 de Bilbao ha calificado de “incomprensible” que la Policía Nacional detuviese a estas dos personas y solicitase su internamiento y que la jueza lo autorizara. Este mismo Juzgado a ordenado “el cese y paralización de la expulsión de está persona” que sigue en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid donde lleva siete días privado de libertad, cuando cuenta con una orden de expulsión que ya ha sido sustituida por una multa y además esta está recurrida en el TSJPV.