PERSONAS DESEMPLEADAS y/o CON TRABAJOS EN PRECARIO, junto a diferentes Asociaciones de Vecin@s, Grupos de mujeres, Plataformas contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales, Colectivos Contra el Racismo y de Apoyo a Inmigrantes, REALIZAREMOS UNA ACAMPADA CONTRA LA CRISIS DURANTE 4 DÍAS EN EL ARENAL DE BILBAO y para exigir una política social más acorde con las necesidades de las familias vascas en la actual situación de crisis económica.
Con esta iniciativa se quiere denunciar los diferentes recortes en las prestaciones sociales que contempla el Gobierno Vasco en el “BORRADOR POR EL QUE SE REGULA LA RENTA DE GARANTÍA DE INGRESOS”, que regulará la actual legislación contra el desempleo, la precariedad laboral y la exclusión social. Así,
1º) las familias con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus salarios bajos un límite de 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos basura y sueldos bajos. Hecho que no se producía en la actual Ley contra la Exclusión Social.
2º) Sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso con otras para hacer frente al abusivo precio de los alquileres, por ser jóvenes, por tener empleos precarios o por motivos de una separación. Muchas se verán forzadas a sobrevivir sin prestaciones. Con el reglamento anterior este límite estaba establecido en el total de habitaciones que tuviera una casa sin que tal limitación haya demostrado utilidad alguna para mejorar las situaciones de vivienda.
Las modificaciones contempladas por el Gobierno Vasco suponen que las familias vascas sólo podrán tener acceso a las prestaciones sociales un periodo breve de su vida y no podrán a cubrir sus necesidades básicas como la sanidad, educación o vivienda. Debemos recordar que el 40% de las familias solicitantes de las prestaciones sociales son familias pensionistas, jubiladas o mujeres viudas y que otro 35% son familias contrabajos en precario.
DÍA: MARTES 9 DE MARZO.
HORA: Instalación de la Acampada y Presentación Pública 10:30 Horas.
LUGAR: Arenal de Bilbao.
Anitzak Ekimena, Argilan (Bilbo), Asamblea de Mujeres de Bizkaia, Asociación Colombia-Euskadi, Asociación Mujeres en la Diversidad, Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, ASEMA (Asociación de Senegaleses de Markina-Xemein), Asociación de Trabajadoras del Hogar, Centro Asesor de la Mujer “Argitan” (Barakaldo), Berri-Otxoak (Barakaldo), Consejo de la Juventud de Euskadi, Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, Danok Lan (Galdakao), Elkartzen, Foro R. P. de Gasteiz – C.V.X. (Comunidades de Vida Cristiana) de Gasteiz, GITE-Ipes, Iniciativa Gitana, Juventud Obrera Cristiana, La Salle Iturburu Elkartea, Mbolo Moye Doole, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Salhaketa, Sare Antifaxista, SOS Racismo, Txiroekin Bat Eginik (Gasteiz), Zirikatzen, Zuzen, red por la igualdad de derechos de Vitoria-Gasteiz.
Comunicado
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES.
Un amplio número de colectivos sociales queremos trasladar a la opinión pública el desacuerdo ante los recortes en las políticas sociales que la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales quiere introducir a través de las reformas recogidas en el «Borrador de Decreto de la Renta de Garantía de Ingresos» y en el «Decreto Regulador de la Prestación Complementaria de Vivienda».
En esta ocasión vamos realizar una acampada de 4 días de duración y a concentrarnos los días 9, 11 y 12 de 10 de la mañana a 20h de la tarde en defensa de los derechos sociales y en especial para protestar contra los diferentes decretos que no hacen más que recortar nuestros derechos sociales. El día 10 y coincidiendo con la llegada de la Marcha Mundial de Mujeres a Bilbao, nos sumamos a las diferentes convocatorias y en especial a la kalejira que partirá del Arenal a las 20.30h. Todos los sectores sociales nos vemos afectados por estos recortes sociales, y en especial en estos momentos de crisis, pero en general, es la mujer la que soporta mayores niveles de explotación y desprotección social.
En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, el Gobierno Vasco, que se autodenomina progresista, ha decidido hacer un recorte drástico de las mismas. Nos sonroja que, en cambio, a quienes causaron la actual crisis no sólo no se les exijan responsabilidades, sino que se les subvenciona con dinero público.
Valoramos estas medidas como arbitrarias, injustas y técnicamente deficientes. Creemos que crean mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación.
Si bien hemos asistido a un progresivo recorte de derechos, con esta norma se da un paso substancial y se rompen consensos sobre derechos inclusivos. Con estas medidas el Gobierno Vasco se sitúa en la línea de otras administraciones que se aprovechan de la crisis y de discursos populistas, ya que esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral y familiar al no poder cobrar, por ejemplo, una ayuda social y acogerse a una excedencia por cuidado a familiares dependientes.
Denunciamos especialmente los siguientes retrocesos:
1. Sólo se percibirán como máximo dos prestaciones sociales por vivienda. Esta medida va en contra de las personas que no les queda más remedio que compartir piso para hacer frente al abusivo precio de los alquileres.
2. Además, dejarán de tener validez los contratos de hospedaje/pupilaje.
3. Las personas con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus bajos salarios durante 2 años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario. Hecho que no se producía hasta la actualidad.
4. Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia que sufran una fuerte bajada de ingresos no podrán pedir ninguna prestación hasta que no tengan la nueva declaración de la renta; por lo cual en algunos casos tendrán que esperar cerca de un año para poder acceder a alguna cobertura social.
5. Se computan como bienes inmuebles a efectos de patrimonio (con la consiguiente imposibilidad de acceder a las ayudas sociales) aquellos de los que las familias no pueden disponer, de propiedad compartida o de difícil realización.
6. Se establecen límites a la cuantía de las ayudas para el pago del acceso a una vivienda o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza.
Las diferentes prestaciones sociales son un derecho, es un error asociar las ayudas sociales con ciertos colectivos que sentimos ajenos a nuestra realidad, ya que si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que cualquier persona, sea cuál sea su situación laboral actual, su origen o su actitud hacia el trabajo ‑y más aún en tiempos de crisis económica y de precarización del empleo- puede verse en la situación de solicitar la renta de garantía de ingresos u otro tipo de prestación social. Ni la crisis ni los prejuicios negativos e infundados que pesan sobre las y los preceptores de renta básica son excusa para recortar nuestros derechos.
Por todo ello, reclamamos una política social que amplíe los derechos sociales en lugar de recortarlos y llamamos al conjunto de la población a sensibilizarse y a movilizarse contra estos, y futuros recortes, ya que nos afectan a todas y todos, mujeres, personas mayores, jóvenes, personas trabajadoras o desempleadas, estudiantes, pensionistas, personas
migrantes.