Los efectos de la crisis se dejarán notar mucho tiempo después de que oficialmente se haya dado por concluida. Ésta es una de las conclusiones del informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a la treintena de países más ricos del mundo.
La crisis no sólo ha causado una recesión sin precedentes de la que algunos países todavía no han salido, sino que la OCDE calcula que amputará 3,1 puntos de Producto Interior Bruto a largo plazo a sus países miembros. Estas consecuencias a largo plazo suponen que los ajustes que ha provocado la crisis y que han reducido la capacidad de gasto de los estados y de los ciudadanos no sean sólo medidas pasajeras durante un par de años de recesión, sino que tendrán que convivir con ellas de forma habitual, según la previsión de este organismo.
La reducción de la riqueza será especialmente grave en los casos de Irlanda, donde el PIB bajará hasta 11,8 puntos, y del Estado español, con 10,6 puntos menos.
Los autores del estudio auguran que en los 30 estados de la organización, que habían crecido a un ritmo medio de entre el 2% y el 2,25% anual en los siete años que precedieron a la crisis, la progresión va a quedar limitada a una cifra en torno al 1,75% a largo plazo, después de la recesión del 4% en 2009.
Subrayaron, en cualquier caso, que la disminución del potencial de crecimiento va a estar repartido de forma muy desigual entre sus miembros, y que en los casos de Irlanda y el Estado español, la caída de la capacidad de crecimiento económico se deberá esencialmente al efecto de la pérdida de empleos, que recortará el PIB en 9,8 puntos en Irlanda y en 8,4 puntos en el Estado español, cuando la media ponderada en la OCDE será de 1,1 puntos. El club de los países ricos señala que los efectos de la crisis sobre el empleo en Irlanda y el Estado español incluyen «una sustancial reducción de la fuerza de trabajo resultante principalmente» por un cambio de tendencia en la llegada de inmigrantes.
El otro responsable de la baja del potencial de crecimiento será el aumento de los costes de capital, derivados de la crisis de confianza causada por el estallido de la burbuja del crédito que ha incrementado la percepción del riesgo.
En ese caso, la reducción de expectativas para el Estado español (2,1 puntos menos de PIB a largo plazo) e Irlanda (2 puntos menos) se sitúa en la media de la OCDE (-2 puntos).
Al margen de estos dos países, el impacto a largo plazo de la crisis también será superior a la media en países como Polonia (-4,5 puntos de PIB), Italia (-4,1 puntos), Alemania (-3,9), Holanda (-3,7), Bélgica (-3,7) y Grecia (-3,6). Los países relativamente menos afectados serán Japón (-2,1 puntos de PIB a largo plazo), EEUU (-2,4 puntos), Canadá (-2,4) y Nueva Zelanda (-2,4).
Recomendaciones
La OCDE elogia en su informe que los países miembros hayan conseguido evitar lo que considera «errores cometidos en crisis precedentes», como el recurso a medidas proteccionistas u otras que también considera dañinas para el mercado de trabajo como las prejubilaciones.
Pero eso no evita que «la recesión haya dejado profundas heridas que serán visibles en los próximos años», en palabras de su economista jefe, Carlo Padoan. «La crisis ha rebajado el nivel de vida y el empleo de forma duradera y, al mismo tiempo, ha puesto en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas en muchos países de la OCDE», constata Padoan, que apuntó algunas de las líneas en las que el organismo recomienda actuar para atenuar la situación.
A su juicio, el reto de hacer frente a los números rojos de las cuentas públicas requerirá una mayor eficiencia en el gasto, pero no recurrir al aumento de impuestos para mejorar los ingresos. Así, para la OCDE, estos ajustes deberán darse en especial en el campo de la educación y la sanidad, e impedir «amplios incrementos en la fiscalidad sobre el trabajo y el capital». La organización, que hace una evaluación en cada país sobre el grado de cumplimiento de las recetas que les había dado para aplicar reformas, considera que en el contexto actual una «parte de la cura» debe ser una reforma estructural en el sector financiero, del mercado de productos y del mercado laboral.
Padoan señaló que esa premura es particularmente acuciante para los estados a los que los mercados han puesto bajo presión por considerar que su situación de endeudamiento no es sostenible.
Aunque no quiso dar nombres, Padoan señaló que «no es difícil identificar qué países» son los que carecen de margen fiscal para seguir con las medidas de apoyo a la actividad y deben aplicar «inmediatamente» ajustes fiscales y reformas estructurales para restablecer su situación financiera.
Sobre la zona euro dijo que basta con observar quiénes son no sólo los que presentan un mayor déficit público, sino también aquéllos con elevados números rojos en la balanza por cuenta corriente.
Preguntado por el caso del Estado español, Padoan contestó que «el mercado laboral necesita claramente ser reformado» y orientó sus recetas en la misma dirección que la patronal: reducir la protección de los contratos fijos; es decir, abaratar el despido, con la confianza en que así se reduzcan los contratos temporales. También se refirió a la necesidad de cambios en el sector de la vivienda y en el financiero, para que sean «más equilibrados en el futuro».
Subrayó que, pese a las recomendaciones de la OCDE, el Estado español no ha desvinculado el cálculo de los salarios de la inflación pasada ni ha permitido aún a las empresas negociar por su cuenta la evolución salarial al margen de los convenios colectivos. La organización recordó que tampoco se han aplicado sus recetas en las pensiones, entre otras razones porque en la reforma de 2007 el periodo de cotización necesario para tener derecho a cobrar aumentó «modestamente».
En los casos más graves, Irlanda y el Estado español, la disminución del potencial de crecimiento se deberá fundamentalmente al efecto de la pérdida de empleos, a causa de un cambio en la tendencia en la llegada de personas inmigrantes.
La OCDE apuesta por subir los impuestos sobre el consumo, los que se pagan por igual al margen del nivel de renta, patrimonio o beneficios, porque dice que son «menos dañinos». Además, estima que el momento actual es el apropiado para poner en marcha tasas ecológicas. Así lo expresó el economista jefe del organismo, Carlo Padoan, que aseguró que un aumento de la fiscalidad sobre las empresas tiene un efecto más negativo sobre la economía que los impuestos sobre el consumo, al ser preguntado sobre las propuestas de establecer tasas que graven la actividad bancaria, cuestión sobre la que no quiso pronunciarse. GARA
Unos 2,5 millones de trabajadores griegos de los sectores público y privado están convocados hoy a la segunda huelga general de 24 horas en protesta contra las medidas que el Gobierno, presionado por la UE, ha tomado para reducir el déficit público.
Por tercera vez desde el anuncio en febrero de estas medidas ‑con las que se pretenden recaudar 4.800 millones de euros para reducir el déficit del 12,7% del PIB en cuatro puntos porcentuales para fines de 2010- los sindicatos llaman a parar la actividad y a manifestarse en las principales ciudades.
La actividad en el sector público puede verse afectada por la huelga convocada por la Unión de Empleados Civiles (Adedy), que tiene unos 500.000 afiliados, y protesta contra los recortes de pagas extraordinarias y la congelación de las jubilaciones y los salarios. Todos los vuelos hacia y desde Grecia a partir de las 00.00 horas de la noche de ayer (22.00 GMT) serán cancelados durante 24 horas, y decenas de otros vuelos han sido modificados para hoy y mañana por la participación en el paro de los controladores aéreos. El transporte público no funcionará durante toda la jornada, a excepción del tren que une la parte norte con el sur del país, que circulará de manera restringida. Los barcos permanecerán en puertos y los trenes estarán inmovilizados.
A su vez, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), que representa a más de 1,5 millones de empleados privados, protesta contra los recortes salariales porque teme que pueden extenderse. Los empleados de hospitales, docentes, trabajadores en los ayuntamientos y los periodistas de todos los medios se sumarán a la huelga contra los recortes de ingresos y el aumento de cargas impositivas en los carburantes y en el IVA.
El sindicato PAME denunció ayer «presiones y un clima de terror y de chantaje contra los trabajadores en lugares de trabajo por parte de la patronal, para no participar en la huelga». «No pasarán. Las medidas tendrán que ser revisadas. Son los ricos quienes deben pagar la crisis», declaró Yorgos Pondikós, portavoz de PAME, que representa a más de medio millón de trabajadores públicos y privados.
Indicó que el Gobierno del primer ministro, Yorgos Papandréu, «podría sacar los fondos necesarios de los 600 millones de euros con que cuentan los bancos, o de los 12.000 millones de euros que tienen las compañías inscritas en la Bolsa de valores de Atenas, e incluso de los 30.000 millones de euros que el Estado aún no ha recaudado de la evasión de impuestos de las empresas».
En cambio, el presidente de la patronal griega SEV, Dimitris Daskalopoulos, mostró su apoyo a las medidas del Gobierno griego como la única alternativa a «la bancarrota y la recesión» y calificó la huelga como «agitación y violencia que provienen de aquéllos que por su propio interés quieren conservar las condiciones deplorables que han llevado a Grecia a pedir la limosna de países extranjeros».
Fuente: Gara
