No hay Diputación Foral que se precie que no disponga de un análisis de situación de los servicios sociales bajo su competencia, un estudio subcontratado a expertos y un marco teórico de reflexión sobre el futuro de los servicios. Hay una Ley de Dependencia de carácter estatal y leyes propias de las comunidades autónomas vascas.
Pero en realidad, leyes, estudios y programas de actuación quedan frustrados ante la incongruencia de declarar derechos universales y no poner los medios necesarios para que estos derechos se puedan ejercer.
Se pretende garantizar el derecho universal al acceso a los servicios sociales públicos pero en realidad estos servicios no cubren ni el 25% de las necesidades reales; son servicios en gran medida privatizados y caros en los que el copago puede llegar hasta el 75% del coste y en los que la presencia del servicio público es netamente insuficiente: En la CAPV, tan sólo el 31,4% de las plazas residenciales, son públicas y el 24,5% en Nafarroa.
La inversión pública en el desarrollo de los servicios sociales está en HEH en torno al 2% del PIB mientras en la media europea este porcentaje asciende al 4%. Los salarios en el sector privado, debido a la avaricia empresarial y la utilización discriminatoria para las mujeres, rondan los mil euros netos en los centros residenciales y están claramente por debajo en los servicios de ayuda a domicilio etc.
Las conclusiones que los “expertos” obtienen de sus voluminosos estudios son utilizadas por las administraciones públicas para decir como sucede con las recomendaciones de la DFG a Eudel que los servicios sociales son defitarios porque los salarios de las trabajadoras son demasiado elevados y los servicios son costosos. Para este tipo de reflexiones no se necesita gastar dinero público para contratar expertos ajenos.
La universalidad de los servicios cuyo elemento fundamental es la gratuidad no deja de ser un “desideratun” propagandístico que queda bien en la declaración de las leyes y los decretos pero que no tienen nada que ver con la realidad. El desarrollo de las normativas en vigor y de los servicios sociales que regulan se realizan en función de las disponibilidades presupuestarias, disponibilidades que como hemos visto suponen la mitad de los recursos dedicados por la media de los países europeos y que en épocas de necesidades crecientes como las actuales resultan radicalmente insuficientes.
El día 8 de Marzo, se realizó la última jornada de huelga en Bizkaia organizada por los sindicatos para exigir servicios sociales públicos de calidad y mejora sustancial de las condiciones de trabajo. Hoy los servicios sociales se mantienen gracias al trabajo mal pagado de las trabajadoras y trabajadores y el coste de los servicios pagados por los usuarios. Los únicos que se benefician de esta situación son las empresas privadas con ánimo de lucro que hacen negocio a costa del dinero público, la mala calidad del servicio y los bajos salarios.
Al menos aquí CCOO y UGT se sumaron a la huelga aunque en Navarra han firmado un pacto vergonzoso con el Gobierno y la CEN para seguir privatizando las necesidades de atención y perpetuar las malas condiciones de trabajo de las trabajadoras de los servicios.
Pero esta no es sólo una pelea de las trabajadoras de los servicios y ni siquiera sindical, esta, debería ser una prioridad del conjunto de la sociedad vasca con el objetivo de conseguir que aquellas personas en situaciones de necesidad puedan disponer de unas condiciones de vida dignas; así como reclamamos una sanidad pública gratuita y universal y unas pensiones dignas.
Hemos repetido hasta la saciedad, aunque parece que predicamos en el desierto, que dinero hay, que hay mucho dinero metido en los, paraísos fiscales, fondos de inversión, y en la especulación financiera que eluden impuestos; que hay una fraude fiscal del 25% del PIB y una política fiscal injusta y regresiva.
Por ello la lucha por unos servicios sociales públicos universales y de calidad es una demanda para cambiar de raiz la actual política económica: Si se hubiera invertido en servicios sociales públicos la décima parte del dinero entregado por los gobiernos para engordar las cuentas de los banqueros, se habrían creado miles de nuevos puestos de trabajo y se hubiera realizado el acople imprescindible entre la oferta y demanda de servicios sociales públicos de calidad. El dinero público estaría mucho mejor empleado.
Hay dinero y hay alternativas que pasan por el impulso al empleo de calidad para mejorar las actuales y futuras condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores, la creación de una red pública de servicios sociales públicos pagados por los presupuestos públicos y una garantía de ingresos para cuantas personas no pueden acceder al empleo o a unas pensiones dignas.
Estas son las políticas de demanda que hay que activar para romper una crisis económica que se está cronificando para beneficio exclusivo de los que mas tienen. La pelea por unos servicios sociales públicos de calidad y por la mejora sustancial de las condiciones de trabajo va a continuar, tanto en Bizkaia, como en Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, porque es una pelea con futuro que nos interesa a todas y a todos. Implicate y participa, ¡esta pelea la vamos a ganar!.