Tienen razón los que ven con suspicacias la aparente buena noticia de que Estados Unidos permitirá a las empresas proveedoras de ciertos servicios en Internet, particularmente a las que ofrecen mensajería instantánea, chat e intercambio de imágenes, que abran sus aplicaciones a Irán, Cuba y Sudán sin miedo de que caiga sobre ellas una multa millonaria.
Hasta el pasado 8 de marzo sobre esas compañías sobrevolaba la posibilidad de una severa sanción por “comerciar con el enemigo”, aunque el Departamento del Tesoro se había hecho siempre el de la vista gorda con Google, Twitter y Facebook, por citar tres bastante conocidas incluso para los países “beneficiados” por la nueva normativa.
En el océano de notas que ha circulado al respecto, suele exagerarse el entusiasmo hacia la medida del gobierno del Primer Ciberpresidente de la Historia Imperial, como si a estos tres países les estuvieran haciendo el regalo del siglo, cuando en realidad las grandes favorecidas son la empresas de servicios de Internet, que se repartirán el botín dispuesto por el Departamento de Estado para la subversión en esos países utilizando la Red de Redes, eje de lo que la Secretaria Hillary Clinton ha llamado la “Diplomacia del Siglo XXI”.
En su discurso del pasado 21 de enero(1), un clásico de la soberbia política en la Era de la Sociedad de la Información, Clinton nos advirtió que los diplomáticos norteamericanos ‑y obviamente sus agentes de Inteligencia- están trabajando ya en 40 países para “ayudar” con tecnologías de telecomunicaciones a las personas que compartan con Estados Unidos su particular modo de concebir la “democracia”, aunque la visión estadounidense de cómo se gobierna y se somete a un país se encuentre en la antípodas de lo que puedan desear para sí los pueblos de esas 40 naciones.
En otras palabras, la señora Clinton ha sustituido la “diplomacia de las cañoneras” por la “diplomacia de los aviones no tripulados”, meca de las llamadas nuevas tecnologías, y para empezar nos dice que el gobierno de Obama entregará Internet a la carta y financiará las iniciativas privadas y los ciudadanos que construyan junto a Estados Unidos aquellas autopistas donde la información y los valores de los norteamericanos estén cómodos:
Estamos adoptando ‑dijo Hillary Clinton en su “Discurso sobre la Libertad de Internet”- lo que la gente en la comunidad tecnológica llamaría un planteamiento de ángel inversionista, al sostener una variedad de actores emprendedores. Nuestro objetivo en estos esfuerzos es sencillo: un acceso a información sin trabas, seguro, para un mayor número de personas en un mayor número de lugares.
Pues bien, eso han hecho, quitar todo tipo de trabas a las empresas para que viajen a toda velocidad en la dirección en que soplan los vientos de la Casa Blanca: hacia la libertad en la Internet, entendida como el tráfico en una sola dirección, contrario al verdadero espíritu democrático. Manuel Castells(2), un gurú de los estudios de la Red, lo diría magistralmente: estamos viendo el “uso del poder de la tecnología para servir a la tecnología del poder”.
La prueba es que la retórica libertaria de la administración Obama funciona solo como imposición a los otros. Cuando en nombre de la libertad se ponen en tela de juicio los preceptos hegemónicos en la Internet del gobierno del Premio Nobel de la Paz, no vacilan en advertir ‑como lo hizo Hillary en el discurso citado- que “la libertad de expresión tiene sus límites”.
En esa larga intervención de 22 cuartillas, Clinton, por ejemplo, olvidó por completo referirse a la detención de los manifestantes contra la reunión del G‑20, el pasado septiembre en Pittsburgh, por utilizar la red social Twitter para organizar protestas pacíficas.
No los detuvieron en un vacío legal. Estados Unidos posee una legislación que criminaliza el uso de los medios de telecomunicaciones, como demostró el caso de Elliot Madison, un trabajador social de Nueva York arrestado durante esa manifestación por usar su celular ‑confiscado por ser una “herramienta delictiva”, según el acta de la policía- para conectarse a la red social. Pero dos meses antes, el Departamento de Estado había pedido a los administradores de Twitter que no realizaran una reparación programada de sus servidores para no parar el bombardeo de mensajes a través de esa red contra el gobierno iraní, originados mayoritariamente ‑se supo después que en el orden del 68 por ciento- desde los Estados Unidos.
La ausencia de toda mención de Clinton sobre este conocido intento de intimidar a los manifestantes de Pittsburgh y de proteger la llamada “Revolución verde” iraní, confirma que el discurso de la Secretaria de Estado en realidad versó sobre el control monopólico de EEUU en la Internet, no sobre supuestas libertades.
Por cierto, llama poderosamente la atención que, tanto en el discurso de la Clinton, como en el artículo del New York Times(3) que filtró la información de las nuevas normativas para facilitarles la vida a Google y compañía en Irán, Cuba y Sudán, se menciona una extraña institución: el Centro de Investigaciones de la Censura (Censorship Research Center), con sede en San Francisco, California, que “utiliza fórmulas matemáticas para encubrir el tráfico de Internet de los usuarios ante los censores oficiales”, dice el Times.
Hillary fue más explícita respecto a este centro, que forma parte de “la Iniciativa de Red Mundial ‑una labor voluntaria de parte de compañías de tecnología que trabajan con organizaciones no gubernamentales, expertos académicos y con fondos de inversión social para responder a las demandas de censura de los gobiernos”. Lo que no dijeron ni The New York Times, ni Clinton, pero que usted puede verificar en la página en Internet de este Centro contra la Censura, es que esta institución surgió en junio de 2009, en el fragor de la agresión contra Irán en el novísimo escenario de las redes sociales, cuando era ilegal para las empresas norteamericanas este tipo de acciones, pero nadie en el gobierno de Obama estaba demasiado preocupado por las violaciones. Más bien todo lo contrario.
Si todavía le parece poco convincente el argumento de que “el regalo del siglo” a Irán, Cuba y Sudán no beneficia a esos países, sino a Estados Unidos; si aún no cree que esto sirve de cortina de humo para desatarle las manos a las empresas contratistas del Departamento de Estado alineadas con la “Diplomacia del Siglo XXI”, mire el ejemplo de Cuba.
El nuevo reglamento del Departamento del Tesoro divulgado el pasado 8 de marzo -Sección 515 de las Regulaciones de los bienes cubanos, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) -, levanta las restricciones a las empresas que facilitan gratuitamente aplicaciones de correo electrónico, chat y similares, cosa que en la práctica EEUU le permitió a la Isla con la Ley Torricelly(4). Sin embargo, prohíbe terminantemente:
La exportación directa o indirecta de los servicios de conectividad de la Internet o de facilidades de transmisión de telecomunicaciones (como enlaces satelitales o líneas para esos fines).
¿Acaso no es esta restricción, junto con la posibilidad de que Cuba pueda participar del comercio electrónico internacional, la principal limitación que tiene la Isla para ampliar sus servicios y mejorar el acceso de los usuarios cubanos a la Red de Redes?
En fin, estamos otra vez ante la insoportable levedad de los conceptos de libertad y democracia que suele imponer Estados Unidos. Allá el que no encienda las alarmas e intente evitar que en la Internet solo naveguen las cañoneras del Siglo XXI.
Notas
(1) Clinton, Hillary (2010): “Discurso sobre la Libertad de Internet”. Newseum, Wasington D.C., 21 de enero de 2010. Todas las citas de Clinton provienen de este discurso ampliamente divulgado en Internet y que se puede descargar de la página del Departamento de Estado: http://www.state.gov/
(2) Castells, Manuel: La sociedad en red (Vol 1.). Alianza Editorial, España, 2005. p.93.
(3) Landler, Mark: “U.S. Hopes Exports of Internet Services Will Help Open Closed Societies”. The New York Times, 8 de marzo de 2010. En: http://www.nytimes.com/2010/03/08/world/08export.html
(4) La llamada Ley Torricelli o Ley de autorización y de defensa nacional para el año fiscal 1992, que autorizó la conexión de la Isla a la Red, por vía satelital, con el condicionamiento de que cada megabyte (rango de velocidad de conexión) debía ser contratado a empresas norteamericanas o sus subsidiarias y aprobado por el Departamento del Tesoro. Estableció limitar esa contratación y decidió sanciones extraordinarias ‑multas de 50 000 dólares por cada violación- para quienes favorezcan, dentro o fuera de EE.UU., el negocio electrónico o el más mínimo beneficio económico de la Isla. Cuba se conectó a Internet en 1996, por vía satelital. EEUU ha impedido extender el cable submarino.