![fuck-system](http://borrokagaraia.files.wordpress.com/2014/04/ff_331.jpg?w=625&h=390&crop=1)
Cuando por primera vez Herri Batasuna se planteó como una oferta electoral de izquierda y abertzale, de las primeras cosas que se pusieron encima de la mesa fue hasta que punto eso iba a legitimar las instituciones y el entramado jurídico-político del estado español además de que efectos podía causar de cara a una ruptura democrática. Si iba a favorecerla o por el contrario iba a ser un proceso paulatino de asimilación. Todavía resultan de cierta actualidad las palabras de Argala en relación a las instituciones y los cargos políticos dirigidas al comité pro amnistía de Arrigorriaga poco antes de morir en atentado.
De esta manera, se optó por una participación variable dependiendo del contexto, deslegitimando las instituciones desde dentro y desde fuera, haciendo una crítica radical a todo el entramado político impuesto. Una posición que contaba y cuenta con cierto grado obvio de contradicción. Pues participar parcialmente del entramado del que se desea salir es una paradoja como brillantemente explicaba Telesforo Monzón en relación al parlamento español. Y si no se tiene eso bien presente en vez de generar una contradicción que puede llegar a ser asumible debido a otros factores positivos que se generan puede acabar siendo una contradicción insuperable y empezarse a cumplir los posibles peligros de los presagios previos.
Esta posición deslegitimadora no es un capricho. Ha sido la raíz que ha causado en gran medida a lo largo de los años que en Euskal Herria el marco político se erosione y quede en entredicho. Sin ese requisito no hay opción a una realidad política nueva. Pues lo viejo tiene que desgastarse totalmente para que nazca lo nuevo. Y para que eso nuevo surja, lo viejo tiene que estar totalmente deslegitimado y las leyes impuestas se tienen que sobrepasar.
Es decir, no sirve de nada el institucionalismo en baremos legales para llevar a cabo el proceso de cambio real. Un ejemplo claro lo vamos a ver próximamente en Catalunya. Si no surge una legalidad genuinamente catalana que lleve a cabo el referéndum de autodeterminación y su aplicación posterior, el institucionalismo en las coordenadas actuales no tiene ninguna respuesta para sobrepasar la imposición porque precisamente está enjaulado de cara a ello. Precisamente la ecuación se resolverá positivamente para los intereses nacionales catalanes si la deslegitimación de la legalidad es apabullante y se produce una ruptura democrática comandada por la fuerza popular que deje atrás la legalidad española. Si esa fuerza popular, si ese pueblo constituyente, se subordina a la legalidad o a los partidos, y estos partidos no han solventado correctamente la contradicción mentada al principio, la fuerza centrífuga de éstos debido a su conexión con el sistema ahogará las posibilidades.
Y es que aquí entran los puntos claves.
¿Es eficaz el movimiento popular como mera comparsa de partidos políticos, que no olvidemos son parte (aunque como se ha dicho en algunos casos contradictoriamente) del sistema?
¿Es el mero cambio institucional un cambio de régimen, modelo o alternativa?
¿Son nuestras las instituciones?
Cuando el proceso de deslegitimar la legalidad y el marco político empieza a fallar, la respuesta a estas preguntas se van torciendo y una salida de liberación se va alejando.