El consejo de ministros ha aprobado hoy viernes la Ley de seguridad ciudadana, la más conocida como Ley Mordaza, una ley que pretende reprimir las protestas sociales, recortar derechos y castigar la protesta social.
Muchos de los puntos de esta nueva ley, vienen a legalizar actitudes que ya hace tiempo estaban llevando a cabo los distintos cuerpos represivos.
Se endurecen las sanciones por convocar manifestaciones no comunicadas (lo cuál hasta ahora no era ilegal, pero en la práctica los distintos cuerpos de seguridad hace tiempo que vienen actuando como si lo fuera).
Se amplian los supuestos en los que una persona puede ser llevada a comisaria para su identificación si no lleva el DNI. También se regulan los registros corporales y se amplian los supuestos en los que un agente puede legalmente efectuar un registro a una persona. Otra cosa que en la práctica ya estaban llevando a cabo saltándose su propia legislación.
Otro de los puntos aprobados es «que podrán ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas», es decir una ley ad-hoc para convocatorias tipo Rodea el congreso o Aturem el Parlament.
También sanciona como infracción grave las fotos y vídeos a integrantes de los cuerpos represivos, será una infracción con multa de 601 a 30.000 euros, en el texo, de manera cínica, añaden «sin menoscabo del derecho fundamental a la información». Este punto pretende acabar con las imágenes de denuncia de brutalidad policial o de acciones ilegales por parte de las fuerzas represivas.Es otro punto que dotará a los cuerpos represivos de una aún mayor impunidad a la hora de reprimir protestas sociales y que castigará la denuncia de sus abusos y arbitrariedades.
Distintos organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, la Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace habían presentado recomendaciones y modificaciones al borrador inicial. Así, la ley ha sido aprobada con varias modificaciones respecto al borrador inicial, pero sigue constituyendo una ley diseñada para el control social y el acallamiento de la protesta. En definitiva: un pequeño teatrillo para que parezca que se respetan los derechos fundamentales, pero en esencia es lo mismo, se han cambiado cuatro comas y se ha aprobado un texto con no demasiadas diferencias del primer borrador.