Igor Meltxor
17 años han pasado ya del juicio por torturas a Kepa Urra, y que fue la primera ocasión, desde la década de los años 70, en la que se imponía una pena tan elevada a unos toturadores y una de las pocas veces en que se condenaba a los autores materiales de las torturas.
Hace 17 años, en septiembre de 1997, las torturas a Kepa Urra llegaron a juicio.Urra Guridi fuer torturado desde el mismo momento de su detención (29.1.1992), y losmalos tratos continuaron en el mismo Hospital de Basurto, a donde fue llevado por la Guardia Civil.
A pesar de los informes que constataban las lesiones, el Ministerio fiscal, al frente del cual entonces se encontraba Jesús Cardenal, no presentó acusación e incluso solicitó en su día el archivo de la causa.
COMIENZA EL JUICIO (22.9.1997)
Relato de Urra
Kepa Urra señaló que estaba dormido cuando la Guardia Civil irumpió en el piso de Bsauri donde fue detenido y que se lo llevaron en camiseta y calzoncillos. Aseguró que no fue golpeado hasta que se metió en el coche que se le debía trasladar a La Salve.
Los golpes e insultos arreciaron al llegar a un descampado, donde le desnudaron y esposaron fuertemente para comenzar a arrastrarlo por el suelo tirándole de las esposas y golpearle continuamente por todo el cuerpo. En ese lugar se le aplicó la bolsa en varias ocasiones e incluso le introdujeron una pistola en la boca mientras le interrogaban sobre su identidad.. Urra perdió en varias ocasiones el conocimiento y fue vestido con un buzo de trabajo antes de ser trasladado a La Salve, donde le metieron en una habitación en la que le esperaban unos quince guardia civiles encapuchados, que ocntinuaron golpeándole.
Ante el estado que presentaba el forense recomendó su ingreso en el hospital, donde dos tenientes volvieron a “visitarle”. Kepa Urra, que se encontraba entubado y con sonda, relató que llegaron dos personas que se hicieron pasar por un juez y un abogado y que le interrogaron sobre la identidad y familia hasta que “me preguntaron si era de ETA, me mosqueé y me callé”. Su reacción fue gritar pidiendo ayuda, mientras los guardias civiles le tapaban la boca y le pellizcaban los hombros y el cuello. Una enfermera logró ahuyentar a los policias.Urra volvió a tener más “visitas” , que poniendole una pistola en la frente, le amenazaban con tirarle por un barranco en su traslado a Madrid.
Versión de los guardias civiles
Negaron cualquier tipo de agresión o amenaza, y presentaron a Urra como una persona muy violenta que no dejó de resistirse y forcejear tanto durante la detención como en el traslado. Llegaron a afirmar que ante esa actitud violenta unicamente respondieron agarrándole y diciéndole “que se estuviera quieto”.
Insistieron en que el trayecto hasta La Salve fue directo, sin paradas. Negaron las torturas en el descampado y en las dependencias de la Guardia Civil.
Los dos acusados de maltratar a Urra en Basurto eran tenientes de la Guardia Civil qye se trasladaron desde Madrid para ayudar en ese operativo. A pesar de su rango, fueron encargados, según su versión, de comprobar la seguridad de la habitación en la que Urra estaba hospitalizado. Ellos afirmaron que el detenido empezó a gritar cuando supo que se acercaba la enfermera.
LA INDECENTE ACTITUD DE RUBALCABA (PNV)
Con motivo del juicio, Urra envió una carta personal al presidente de la Comisión de DDHH del Parlamento de Gasteiz, Jose Antonio Rubalcaba, mediante la que le invitaba a acudir como observador a la vista. El politico del PNV, aseguraba el 19 de septiembre no tener conocimiento de la misiva pese a que su fecha de entrada era del dia 16, no atendió a la petición expressa del preso y fue el gran ausente.
Hablan los forenses (23.9.1997)
El grupo de forenses de la Audiencia de Bizkaia que compareció en el juicio ratificó las conclusiones de sus respectivos informes sobre las lesiones y el estado del preso vasco tras su detención por la Guardia Civil. Manifestó que el cuadro medico que presentaba, que calificó de “grave” en su conjunto, era más compatible con su versión de los hechos que con las explicaciones ofrecidas por los guardias civiles acusados.
El Ministerio Fiscal cambia de opinión (24.9.1997)
La fiscal modificó sus conclusiones a la vista de la pericial médica, para solicitar una pena de carcel para tres de los guardias civiles acusados de torturar a Urra y mantuvo su petición de absolución para los tres restantes.
La fiscal calificó las explicaciones de los forenses como de “razonadas y lógicas” y concluyó que no descartaba que el origen de esas lesiones fuera lo manifestado por la Guardia Civil aunque añadió que “lo cierto es que no es probable”.
SENTENCIA (10.11.1997) “Doce años de cárcel para tres toruradores de Urra”
Jone Goirizelaia destacó que ésta había sido la primera ocasión, desde la década de los años 70, en la que se imponía una pena tan elevada a unos toturadores y una de las pocas veces en que se condena a los autores materiales de las torturas, porque suele ser dificil identificarles.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bilbo impuso a los guardias civiles JOSE MARIA DE LAS CUEVAS CARRETERO, MANUEL SANCHEZ CORBÍ, y ANTONIO LOZANO GARCÍA, tres penas de cuatro años, dos meses y un dia de prisión me nor y de 6 años y un dia de inhabilitación especial por considerarles autores responsables de un delito de torturas infligidas al preso Kepa Urra. Además se les condenaba al pago conjunto a la vicitma de 500.000 pesetas como indemnización.
EL PREMIO A LOS TORTURADORES: INDULTOS, ASCENSOS Y CONDECORACIONES
Xabier Makazaga, en un articulo publicado el 15.9.2013 en Gara, hacía un repaso exhaustivo a la carrera de los implicados en el caso Urra tras la sentencia condenatoria para tres de ellos y absolutoria para otros tantos:
Sánchez Corbí, teniente cuando torturó a Kepa Urra, ascendió a capitán en el curso del proceso por torturas y una vez indultado fue nombrado comandante. Pronto será coronel, paso previo al generalato. Según el sindicato policial SUP, el teniente coronel de la Guardia Civil Manuel Sanchez Corbí «es el sucesor del general Rodríguez Galindo en la defensa del espíritu militar de la Guardia Civil, de su consideración como un Cuerpo esencia de la Patria por encima de todas las instituciones».
A instancias del fiscal, el Tribunal Supremo rebajó la pena a un año, evitando así su ingreso en prisión.
Seguro que tuvo mucho que ver en aquella decisión el hecho de que dos de los torturadores eran servidores muy importantes del Estado: el mencionado Sánchez Corbí, responsable de la coordinación con Francia en la lucha antiterrorista, y José María de las Cuevas Carretero, destinado en la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil.
Según informó «El País», el mismo año en que fueron condenados, 1997, el primero fue condecorado con una cruz de plata, otra blanca y dos rojas (remuneradas de forma vitalicia) y el segundo con dos blancas. Ese mismo año, el entonces presidente Aznar los recibió en la Moncloa y después el Gobierno les indultó la inhabilitación especial de seis años que les había sido impuesta, y que conllevaba su expulsión del Cuerpo.
En cuanto a de las Cuevas Carretero, ex-militante de la ultraderechista Fuerza Nueva de Blas Piñar, era sargento cuando torturó a Urra; tras ser condenado, hizo el curso de alférez, de manera ilegal, y después ascendió primero a teniente y más tarde a capitán.
Fue, además, elegido para recibir a los miembros del CPT, Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que realizaron una visita a España en 2001. Ello da buena medida de su peso e influencia y también, una vez más, del nulo respeto con el que tratan las autoridades españolas a todos los organismos internacionales que trabajan contra la tortura: eligieron a un torturador indultado para recibir al CPT y no hacen ni caso a las recomendaciones de ninguno de ellos.
También es bien interesante observar la trayectoria de otros tres guardias civiles implicados en el caso Urra. Empezando por Arturo Prieto Bozec, el instructor del caso, que fue doblemente condenado en otros tantos juicios por torturas a varios detenidos junto con Urra. Como tantas otras veces, el Tribunal Supremo anuló ambas sentencias, y es en la actualidad el teniente coronel Jefe de la Comandancia de Murcia.
El teniente coronel Alejandro Hernández Mosquera, que estuvo destinado en la embajada en París, fue nombrado a principios de año nuevo director del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno. Y el también teniente coronel Diego Pérez de los Cobos fue asesor personal de Alfredo Pérez Rubalcaba, en tanto que director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, y sigue asesorando a su sustituto Jorge Fernández Díaz. Según medios periodísticos, es «un hombre fundamental» en las decisiones adoptadas respecto a los presos políticos vascos.
