Ante la decisión adoptada hoy por la magistrada de la Audiencia Nacional Doña María de los Reyes Jimeno Gutierrez, Etxerat, la asociación de familiares y amigos de los presos políticos vascos quiere manifestar lo siguiente:
Negar que la dispersión vulnera derechos fundamentales –no solo a los presos sino también a los familiares‑, no tiene otro objetivo que el de ocultar, una vez más, las verdaderas consecuencias de la actual política penitenciaria. Cada fin de semana, más de 900 personas se ven obligadas a desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros, con su correspondiente e insostenible coste económico, para poder ejercer su derecho a las visitas, El papel, lo aguanta todo pero la realidad desborda ese análisis. La dispersión vulnera nuestros derechos fundamentales, el derecho a la familia, el derecho a la intimidad, el derecho a la inegridad física, al obligarnos a pagar el precio más alto física, psíquica y económicamente por no querer renunciar a nuestros lazos afectivos.
Negar que la dispersión genera un dolor añadido y castiga a los presos así cómo a sus familiares y amigos/as responde no a la realidad sino a otros intereses. Más aún cuando política de dispersión ha provocado, en los casi 26 años que lleva en marcha de manera sistemática –y de momento- 16 muertos y cientos de heridos en las carreteras. La media de accidentes en el 2014 es escalofriante: más de 35 personas afectadas en los 10 accidentes ocurridos en 12 meses, consecuencia de una política que sólo busca sufrimiento y sólo responde al afán de venganza de de determinados sectores políticos
Una vez más, nos vemos en la obligación de recordarlo, principalmente a los jueces, tribunales e instituciones que deberían ser sus garantes: los derechos humanos no pueden estar sujetos a contrapartidas ni a requisitos. Los derechos humanos se respetan o se vulneran. Y ante su vulneración, no hay justificación ni excusa posible.
Negar que la dispersión vulnera derechos fundamentales –no solo a los presos sino también a los familiares‑, no tiene otro objetivo que el de ocultar, una vez más, las verdaderas consecuencias de la actual política penitenciaria. Cada fin de semana, más de 900 personas se ven obligadas a desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros, con su correspondiente e insostenible coste económico, para poder ejercer su derecho a las visitas, El papel, lo aguanta todo pero la realidad desborda ese análisis. La dispersión vulnera nuestros derechos fundamentales, el derecho a la familia, el derecho a la intimidad, el derecho a la inegridad física, al obligarnos a pagar el precio más alto física, psíquica y económicamente por no querer renunciar a nuestros lazos afectivos.
Negar que la dispersión genera un dolor añadido y castiga a los presos así cómo a sus familiares y amigos/as responde no a la realidad sino a otros intereses. Más aún cuando política de dispersión ha provocado, en los casi 26 años que lleva en marcha de manera sistemática –y de momento- 16 muertos y cientos de heridos en las carreteras. La media de accidentes en el 2014 es escalofriante: más de 35 personas afectadas en los 10 accidentes ocurridos en 12 meses, consecuencia de una política que sólo busca sufrimiento y sólo responde al afán de venganza de de determinados sectores políticos
Una vez más, nos vemos en la obligación de recordarlo, principalmente a los jueces, tribunales e instituciones que deberían ser sus garantes: los derechos humanos no pueden estar sujetos a contrapartidas ni a requisitos. Los derechos humanos se respetan o se vulneran. Y ante su vulneración, no hay justificación ni excusa posible.
