Ante los requerimientos y citaciones a cargos electos e instituciones creemos que hay una clara voluntad del Estado de atemorizar al conjunto de la sociedad catalana empezando por sus representantes democráticos. Este hecho por sí solo, pensamos, es inaceptable en un esquema de democracia y libertad y de plena garantía de los derechos civiles y políticos; por ello llamamos al conjunto de la sociedad y en especial a las fuerzas democráticas del país a plantarse ante la persecución de las ideas.
El 9 de noviembre de 2015 el Parlament de Catalunya votaba una Declaración en la que defendía el derecho y la necesidad de la obediencia exclusiva a las instituciones depositarias de la soberanía catalana como recurso para impulsar el derecho a decidir ante un Estado que no lo permite y que, incluso, le persigue.
Desde aquella aprobación, 291 ayuntamientos hasta hoy han sido requeridos por la Audiencia Nacional en el marco de una campaña de persecución por haber aprobado mociones de apoyo a la declaración del Parlamento del pasado 9 de noviembre. También concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas están siendo investigadas por los tribunales españoles por expresar sus ideas, de la misma manera que es perseguida y judicializada la consulta del 9N.
En ningún Estado ni sociedad democrática es concebible la persecución de cargos electos, de ayuntamientos ni ciudadanía en general debido a que expresen democráticamente las ideas que consideren, así como tampoco lo es la persecución y procesamiento de sindicalistas por ejercer el derecho a huelga en defensa de las libertades sindicales. No podemos permitir que España ponga bajo investigación y juicio a concejales, ayuntamientos –y pronto, quizás,diputados- por promover debates, opiniones y posicionamientos democráticos sobre cómo creen que debería poder decidirse el futuro de nuestro pueblo. Como tampoco podemos permitir que se judicialice la política catalana, suspendiendo leyes al Tribunal Constitucional que habían sido aprobadas en el Parlament de Catalunya.
Por eso reclamamos a las instituciones catalanas, empezando por la Generalitat y siguiendo por los ayuntamientos, que aseguren la cobertura política, legal y económica de las personas encausadas, de manera que éstas tengan garantizado el apoyo a cualquier decisión que puedan tomar en relación con su situación, incluida la desobediencia a las leyes injustas.
Los y las abajo firmantes apoyamos la movilización del próximo 7 de mayo que quiere mostrar que la sociedad catalana no tiene miedo de ninguna amenaza judicial ni de ningún tribunal de excepción, y que estamos decididos a avanzar con paso firme y por vías democráticas hacia a la soberanía política como país.
abril de 2016
[Traducción realizada por Boltxe Kolektiboa a partir del original en catalán.]
Nota de Boltxe: Para ver Manifiesto en catalán y poder adherirse ir a Manifest