Ha concluido la farsa electoral de marzo. Se prepara la siguiente de mayo. Elevado índice de abstención, cerca del 55%, salvo- qué ironía- en Villa Colombia, un perdido corregimiento del Bajo Baudó dominado por los paramilitares, donde los 434 electores censados acudieron a las dos urnas allí dispuestas, distribuyendo la totalidad de sus votos entre los candidatos de las dos formaciones paramilitares: la U del para-presidente Uribe y el PIN (partido de integración nacional), formación paramilitar, hermana política de la U de Uribe.
Aún con el desvalorizado 25% de los votos emitidos, escasos 15% del censo electoral, los “uribistas” se consolidan como la vanguardia de las fuerzas paramilitares y del narcotráfico en la República de Colombia, con más que suficiente capacidad de arrastrar para sí a las demás formaciones político- paramilitares hermanas, parientes o afines, con las que constituye mayoría en el Congreso y habrá de configurar homogéneamente el próximo Gobierno narco-paramilitar y pro imperialista de la nación colombiana.
Concluida la farsa electoral, la supremacía de esta casta criminal continúa intacta y reciamente anclada en todas las instancias del Poder de Estado (gobierno, parlamento y tribunales). Pervive, por tanto, como la fuerza o poder que determina y garantiza la continuidad de la “ seguridad democrática” como estrategia criminal de la oligarquía colombiana de terror de Estado, de exterminio de las organizaciones populares, de encarcelamiento, asesinato y desaparición de dirigentes sindicales, estudiantiles y sociales, indígenas y afrodescendientes; que propicia la ampliación del latifundio y el poder de terratenientes y paramilitares en zonas nacionales estratégicas , a expensas del despojo y desalojo violentos de las tierras donde se asientan y trabajan pacíficamente comunidades de campesinos pobres, de indígenas y afrodescendientes; de subyugación y sometimiento de la soberanía nacional a la estrategia de ingerencia e intervención, expansionista, guerrerista y expoliadora de Estados Unidos en Colombia, en Latinoamérica y el Caribe; que materializa la entrega de los recursos naturales y trozos enteros del territorio nacional a las grandes corporaciones económicas, preponderantemente estadounidenses y europeas, comprometidas con las bandas paramilitares en el asedio y el asesinato de centenares de campesinos que resisten frente a aquellas la ocupación de sus tierras y la destrucción de sus medios de vida.
En lo fundamental, todo continúa igual. De la misma manera que continúa idéntica e invariable en el seno de la llamada “izquierda” la “estrategia legalista y electoral” que criticaba el “viejo” Marulanda al Partido Comunista de Colombia, del que definitivamente debió distanciarse.
La lección es clara. En las condiciones actuales de Colombia, de supresión y criminalización de los derechos de reunión, expresión, protesta, organización y lucha legal del pueblo; condenados sus dirigentes a la clandestinidad, al destierro o a la masacre; el parlamento convertido en un sanedrín dominado por cínicos y prepotentes delincuentes; en ese marco de institucionalidad criminal, el parlamento colombiano no representa la soberanía nacional ni popular , ni esa vía constituye el camino expedito para la obtención del cambio institucional, político ‚económico y social que reclaman y necesitan los colombianos.
El régimen electoral de la oligarquía colombiana está montado sobre el engaño y el ocultamiento a la ciudadanía de la realidad política, económica y social del país, en los que juegan un papel fundamental unos medios de comunicación como interesados voceros de los monopolios económicos nacionales y extranjeros . Su método es, ha sido y sigue siendo el engaño, la compra de votos, el amedrentamiento y el terror a la población en vastas regiones del país donde se imponen los feroces terratenientes y las hordas paramilitares a su servicio. En las condiciones descritas, de secuestro de la conciencia nacional, la lectura del resultado electoral de marzo no puede ser la de una libre o mayoritaria expresión de la voluntad popular.
Una vez más se ha puesto de presente que el camino electoral-burgués y el ámbito de las podridas instituciones políticas actuales no es el camino que conduzca a los colombianos hacia una nueva Colombia, pacífica, soberana, independiente y de bienestar social. Ninguna propuesta digna puede brotar de ese putrefacto charco de cieno en que está sumida la Cámara de Representantes y el Senado de la República narco paramilitar de Colombia. Las voces dignas que allí puedan levantarse están condenadas, por el resultado de la manipulación de sus mecanismos reglamentarios amañados, a la derrota, al silencio mediático o al atentado a sus vidas.
En esta ardua lucha por la libertad, por la soberanía nacional y por una democracia popular, cualquier modificación de la correlación de fuerzas entre la oligarquía y el pueblo colombiano, que propicie y logre alcanzar una solución política a la guerra y despeje el panorama de una paz con justicia social ‚no estará determinada ciertamente por la actividad parlamentaria, secuestrada por los paramilitares, sino por la lucha popular abierta en todos los frentes, por la unidad de un movimiento popular en el proyecto bolivariano de una nueva Colombia y por el fortalecimiento de una fuerza armada popular que garantice con las armas el cumplimiento de los pactos alcanzados, la purga y castigo de la cúpula militar comprometida con los crímenes de Estado, el aniquilamiento de las bandas paramilitares, el restablecimiento de la soberanía nacional conculcada por Estados imperialistas y sus corporaciones multinacionales, en fin, por el triunfo y consolidación de un régimen auténticamente popular que emprenda por fin una reforma agraria que redima al campesinado de la miseria y la enfermedad a que han estado sometidos secularmente; recobre para los desplazados por el terror de los criminales terratenientes las tierras usurpadas y el retorno pacífico a esos lugares a los que han estado atados su vida, sus costumbres y su trabajo. Que haga realidad el sueño bolivariano de educación, salud y cultura para el pueblo colombiano, que le han sido negados por más de cinco siglos de opresión, explotación y violencia colonial, imperialista y oligárquica.