Casi nos habíamos acostumbrado a padecer la comida-basura, producto a la par de un desenfrenado nivel de consumo y de una industria alimenticia sin escrúpulos, o qué decir de la cultura-basura del mundo de la desinformación por mor, precisamente, del exceso de información de ínfima calidad, cuando llevamos ya casi dos legislaturas padeciendo una política estatal hueca de contenido político, medularmente político, se entiende. Una auténtica política-basura de la mano del señor Rodríguez Zapatero.
Ya nadie duda de que el señor Zapatero simplemente no puede realizar ninguna política económica seria, estructural, al margen de los amos del imperio: la banca, las multinacionales y los organismos a su servicio: el FMI y el Banco Central Europeo. No tiene la más mínima capacidad de actuación, ni en materia monetaria ni en ninguna otra que realmente pueda afectar a los fundamentos de la economía española. Así pues, para aparentar que gobierna en algo se dedica a la promulgación sucesiva de leyes-basura. Ahí reside toda su capacidad. Pero ¿qué entendemos por leyes-basura? Pues podríamos decir que es toda aquella producción legislativa acerca de temas menores ‑políticamente hablando, se entiende- sin el más mínimo estudio científico del problema a normativizar, con el único propósito de salir al paso de las masas adocenadas y enardecidas por los medios de falsificación y descomunicación al servicio del Poder.
Un caso paradigmático es la Ley integral sobre la denominada violencia de género. Se trata de una norma que mezcla todas y cualquiera de las razones y circunstancias por las que un ser de sexo masculino agrede, física o verbalmente, a otro de sexo femenino, para imponer al autor una serie de penas y medidas realmente bastante incompatibles con los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad predicables en un sistema penal moderno. Poco importa si el sujeto activo del delito padece una enfermedad mental o si el motivo de la disputa es por completo ajeno al binomio dominación-sumisión que se predica para imponer la pena. Por supuesto, ni aborda ni resuelve problema alguno. Pero eso es lo de menos. Si realmente se quisiera abordar el problema estructural de la discriminación femenina habría que empezar por denunciar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la muy generosa subvención económica y no menos privilegiado sistema fiscal que, a su amparo legal, recibe para impartir su doctrina la Iglesia española, la más reaccionaria de occidente, quien mantiene y promueve precisamente esa ideología discriminatoria aludida en sus centros de enseñanza. Pero, claro está, hablamos de un poder fáctico y, como queda dicho, el señor Zapatero no está en el poder ‑con minúsculas- precisamente para afectar en lo más mínimo a ningún Poder ‑con mayúsculas-.
Otro tanto puede decirse de la enésima reforma del ultimísimo Código penal de 1995 -¡cómo añoro la seguridad jurídica del Código penal franquista!-. Un texto-basura siempre dispuesto a endurecer las penas por todo lo que ocurra en el anterior telediario. Si es un menor quien al parecer ha provocado una muerte, hay que reformar la Ley Penal del Menor. Si es un preso político quien, por sorpresa, parece haber cumplido menos pena de la que se esperaba, una novísima modificación legislativa, al amparo de cualquier otro proyecto de ley que se esté debatiendo en el Congreso de los diputados ‑sobre la fresa, por ejemplo- dará cumplida respuesta a la jauría mediático-represiva. A salto de mata, como se hacen las grandes obras legislativas.
Yqué decir de la ya anunciada próxima reforma de la Ley de Partidos. Ya no basta con delinquir. Eso era antes, cuando las leyes penales castigaban actos y no pensamientos, como hoy. Ahora basta con no condenar, o no juramentar ex post facto, que es, en definitiva, no comulgar con las ruedas de molino de la última ocurrencia española. Volvemos a la Edad Media y sus juicios ad personam en un viaje sin retorno. Tampoco basta con condenar los medios ‑se nos dice‑, sino que hemos de abjurar de los fines mismos para hacernos creíbles y acreedores a retornar a una sociedad con derechos civiles y políticos. Renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Hasta ese día, ni agua, esto es, ni uno solo de los derechos que su propia legalidad constitucional dice garantizar a todas las personas gobernadas bajo su ámbito político.
Que el Parlamento vascongado no representa la voluntad popular es un hecho. ¿Y qué importa? ¿Desde cuándo la voluntad popular ha sido preocupación de los mandatarios españoles? Ya lo decían hace doscientos años y es tan actual como entonces: ¡ vivan las cadenas! Ése es su natural, asilvestrado e ideológicamente embrutecido, con el pelo de la dehesa en todo su esplendor, al punto de querer declarar bien de interés cultural nada menos que el bochornoso espectáculo de torturar a un animal en un ruedo entre palmas y vítores. Penoso pero muy elocuente a la vez del espíritu tan elevado que impregna a nuestros vecinos del sur.
El Estado español dobla la media europea de paro, con cifras que superan ya los 4.150.000. desempleados y una tasa del 20%. Ese sí es un problema estructural. Endémico, en el caso español. Pero ahí el señor Zapatero no tiene margen de maniobra. Debería enfrentarse a todo un obsoleto y decimonónico sistema productivo por el que cualquier imbécil con agallas para contratar a un desgraciado doce horas subido a un andamio a cambio de ochocientos euros se llama así mismo Empresario. La tasa de empleo precario triplica la media europea y cuando vienen mal dadas, basta con «no renovar» en lugar de despedir. Con total y absoluta impunidad para explotar. Made in Spain. Claro que eso no sería posible con un sindicalismo combativo y no perrunamente sumiso pero, qué le vamos a hacer, tampoco en eso los sindicatos mayoritarios españoles han sido un ejemplo para la clase trabajadora internacional.
Así que el señor Presidente se tiene que dedicar a las «otras» cuestiones: una boda gay o una discretita reforma del aborto, siempre atento, cómo no, a los ladridos de la caverna esteparia, no sea que se enfaden de veras y lo manden a la oposición con un pequeño «golpe 23‑f». Mientras tanto la corrupción de los dos grandes partidos aflora en toda su pestilencia por todos los intersticios del sistema.
Ysi quieren un último ejemplo, ahí está el enconado «conflicto vasco». Un asunto serio, de estado. Un grupo de afamadas personalidades en el ámbito internacional en la resolución de conflictos acaba de proponer una metodología democrática para intentar resolver el conflicto entre los estados y la nación vasca. Se le piden pasos a la organización armada ETA pero, de igual modo, una respuesta adecuada del Gobierno español. La primera ya ha dejado claro que está dispuesta a dar ciertos pasos, siempre, eso sí, sobre bases sólidas y mutuamente verificables. ¿Creen ustedes que el señor Zapatero tiene la más mínima intención de mover un sólo dedo sin permiso de los poderes fácticos del Estado, empezando por esa misma derecha de rancio olor franquista? Ni pensarlo. Solamente, tal vez, si pudiera utilizarlo en una próxima campaña electoral. Cortoplacismo. Evidentemente, la estructuración interna de un estado es un problema de calado, que requiere por ello de una dúctil y hábil política de estado. Algo serio, en suma. Pero, amigos míos, eso no es lo del señor Rodríguez Zapatero. Lo suyo y lo de su fiel escudero Rubalcaba son sólo la representación bufa, la propaganda fácil, la farsa. La política-basura. En ese lodazal se mueve con soltura. No da para más. España y sus gobernantes son así. Razones no faltan, pues, para salirse cuanto antes de ese estercolero político. La independencia es, para Euskal Herria, en fin, una necesidad vital, el aire para respirar.
(Cuanto antecede, es obvio, se entiende dicho sin menosprecio alguno a cuantos colectivos y minorías han luchado y siguen haciendolo para obtener el reconocimiento legal y el respeto de sus derechos).
