En un acto sin precedente, el régimen colombiano inicio, desde hace años, pero sobre todo en el periodo del narco-paramilitar Uribe, una campaña de genocidio contra la verdad. La idea, es dejar al Estado y los gobernantes de turno, de todas las instancias del Estado, eximidos de toda responsabilidad en el genocidio contra el pueblo colombiano.
El primer paso, fue presentar al paramilitarismo, como una respuesta natural a los supuestos abusos de la insurgencia. Este acto iniciático, o acto fundador, lograba dos cosas, primero; enlodar el nombre de la insurgencia como interlocutor político, y segundo; legitimar el paramilitarismo, ocultando a sus verdaderos instigadores en el régimen, ocultando que en realidad estamos ante una política de Estado. Negocio redondo para el régimen, se le quita el agua al pez, es decir se debilita el tejido social bajo los supuestos lazos con la insurgencia, y de paso, se anula políticamente al adversario/opositor político.
El paramilitarismo, como se ha demostrado por documentación seria, y trabajo arduo de terreno, era/es la avanzada de un proyecto político, para refundar la patria, a imagen y semejanza de los apetitos de la oligarquía colombiana, y de paso, dejando vía libre a las multinacionales en el campo. Y en las ciudades consolidando una oligarquía mafiosa-paramilitar. Supuestamente logrados estos objetivos, ‑incluyendo la supuesta derrota estratégica de la insurgencia- el régimen, mediante el aparato estatal, traiciona a los paramilitares en este objetivo, después de utilizarlos, extraditándolos a los EEUU, y de nuevo, los culpables son sólo los paramilitares, mientras sus instigadores, se han vuelto terratenientes y hombres de Estado. Los paramilitares fueron, esa amante que no se muestra en público.
El plan le falló al régimen. Aunque logró, mediante el terror, desplazar a cinco millones de compatriotas a nivel interno, sin contar los miles de migrantes económicos en el mundo y los refugiados políticos. No derrotó a la insurgencia, y a pesar del terrorismo de Estado, sus cientos de masacres, su política de motosierra, de lago de cocodrilos, de hornos crematorios, muy a pesar de todo esto, ha encontrado una Resistencia férrea, no sólo de la insurgencia, si no de parte de todo el movimiento social colombiano. Aunque debemos reconocer que esta protesta no ha sido coordinada, no ha tenido una perspectiva unitaria, es coyuntural y efímera en el tiempo, sin transcender el ámbito reivindicativo. Pero es una protesta al fin y al cabo, con todo el silencio de los medios.
ANNCOL ha tenido información privilegiada, según la cual, extraditados los paramilitares para ocultar la verdad, el régimen elaboró un plan para asesinar a los mandos medios-paramilitares, sólo en el último año, más de tres mil (3 000), mandos medios de los paramilitares han sido asesinados, para garantizar con ello, el silencio frente a los verdaderos responsables e instigadores del paramilitarismo, que hoy posan como candidatos idóneos y como hombres de Estado.
La guerra del régimen contra sus otrora aliados paramilitares, comprende el asesinato de familiares de los jefes paramilitares, la extradición, y el asesinato de mandos medios, incluso, el plan contempla también el asesinado de muchos políticos, otrora amigos y contactos con los paramilitares. Toda la cadena, del engramado relacional del paramilitarismo debe desaparecer, para que sus verdaderos instigadores queden incólumes ante la justicia nacional o internacional. Esto tiene tanta gravedad que algunos jefes paramilitares en prisión, han sido sacados de las cárceles, con falsos trasladados, o supuestas fugas, y asesinados para ocultar la verdad. Tras de esta operación, en las cárceles están muchos ex militares, que hoy ofician como administradores de las cárceles colombianas.
Para ocultar esa verdad, por los lados de la denuncia y del trabajo de muchas ONG, el régimen se ha robado, bajo muchos pretextos, los discos duros, archivos, de las oficinas de las ONG, se han asesinado a los defensores de DDHH, se los ha judicializado. Todo para ocultar la verdad.
Toda esta información privilegiada, que comienza a salir a la luz pública, muestra lo que siempre hemos denunciado, que el paramilitarismo fue, es y sigue siendo una política de Estado. Que sus instigadores y promotores ocupan hoy, altos cargos en la estructura criminal del Estado.
El pueblo colombiano debe levantarse como un solo hombre, para exigir que se haga toda claridad sobre esta empresa criminal. La oligarquía colombiana debe responder ante la justicia nacional o internacional, o ante la justicia revolucionaria, por toda la política genocida contra el pueblo colombiano, tenemos derecho a saber la verdad.
Ningún político se salvara, los paramilitares tomaron la precaución de hacer fotos, conservar actas, conservar grabaciones, y guardar pruebas, en el fondo, los paramilitares siempre supieron que ellos eran un eslabón más en esta cadena de muerte.
Los culpables de este charco de sangre, debe asumir sus responsabilidades ante las nuevas generaciones de colombianos, nosotros tenemos el compromiso histórico de luchar por la verdad, por la reparación y por la justicia.
Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de combate
Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de combate
Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y de combate
