Cuando redoblan los llamamientos a respaldar a Garzón, reconocidas voces en la defensa de los derechos humanos alertan ante la paradoja de presentar como valedor de las libertades a este juez.
«No podemos sino oponernos a la designación del juez Baltasar Garzón como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia». Así de contundente termina el manifiesto, titulado La Paradoja de Garzón, hecho público a mediados de abril por 26 conocidos activistas en la defensa de los derechos humanos del Estado español.
Según Jorge del Cura, del madrileño Centro de Documentación contra la Tortura, y uno de los firmantes del manifiesto “es necesario e imprescindible investigar todas y cada una de las responsabilidades de los crímenes del Franquismo, pero esta investigación no puede servir para avalar y dar un barniz democrático a un tribunal como la Audiencia Nacional (AN). El manifiesto –añade– nace ante el estupor y la indignación de ver cómo se presenta a Garzón como un héroe de los derechos humanos al tiempo que se oculta, o se silencia, su papel y, sobre todo, el de la Audiencia Nacional en el retroceso de las libertades en el Estado español”.
Y es que los nombres del juez estrella y el de este tribunal especial están íntimamente ligados desde que en 1988 Garzón se incorporara a la Audiencia Nacional como juez instructor. Una dilatada carrera durante la cual Garzón ha marcado su estilo. “Si entendemos el juez de instrucción como un juez garante de los derechos fundamentales de los investigados, Garzón no aprueba: no materializa su función de control de la labor policial y se limita a reproducir los atestados de la policía en los autos judiciales” describe Benet Sallelas, letrado catalán que ha tenido que lidiar con diferentes ocasiones con los sumarios de este juez. “Ha utilizado siempre un modelo totalmente inquisitivo, dificultando mucho la labor de las defensas. Parece que ahora le ha pasado algo parecido”.
El titular del juzgado nº 5 de instrucción no ha sido un juez más de la AN. Para el abogado vasco Julen Arzuaga, de Behatokia, un observatorio vasco de derechos humanos y uno de los impulsores del manifiesto crítico con Garzón, éste “es el creador de la interpretación extensiva del ‘todo es ETA’. Él diseñó el empleo ambiguo del derecho penal y de su brutal intromisión en la vida política pública. Es el responsable de toda esa línea de intervención que supone dejar en suspenso los derechos políticos de un sector importante de la sociedad vasca”. Y lo ha hecho, según Arzuaga, “impulsando sumarios de motivación política y recurriendo al derecho Penal del enemigo, ese derecho que juzga, condena y encarcela, no por lo que has hecho, sino por lo que eres y piensas”.
Y el juez ha ido marcando línea. Como afirma del Cura, “la AN, con Garzón a la cabeza, adelantaba, exigía y daba un aparente barniz legal a las modificaciones para endurecer la legislación en cada momento”.
La purga de la sala cuarta
Lo sucedido con los jueces de la sala cuarta de lo penal de la AN es un buen ejemplo del sesgo que imprimió Garzón. El veterano August Gil Matamala, ex presidente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos recuerda este caso: “Garzón es un juez instructor con facultades enormes, pero sus decisiones se pueden revisar y recurrir en un nivel jurisdiccional superior: la sala cuarta de lo penal de la Audiencia. Dos magistrados no se dejaron embaucar por su visión desorbitada del tejido asociativo vasco y, desde finales de los ‘90, revocaban numerosos procesamientos.
Entonces los magistrados sufrieron una campaña mediática de desprestigio”. Posteriormente, en febrero de 2002, en un confuso caso, la sala cuarta dejó en libertad a un narcotraficante, que se dio a la fuga. Sus jueces fueron fulminantemente expedientados, suspendidos e inhabilitados por seis meses. Tras aquella drástica sanción, en los pasillos del tribunal, la letanía de su personal fue la misma: “Cotino (entonces director general de la Policía) y Garzón han tomado la AN”. En 2004, el Supremo consideró inmotivada la suspensión y los magistrados fueron rehabilitados y se reincorporaron a la Audiencia.
“Pero –sostiene Gil Matamala– el daño ya estaba hecho: desde entonces ninguna sala de la AN se atreve a cuestionar las decisiones de Garzón”. En ello abunda Fernández: “Sin recordar aquella batalla es hoy imposible comprender instrucciones y sentencias como la del macroproceso 18⁄98 o el cierre de los periódicos Egin y Egunkaria o la equiparación de desobediencia civil y terrorismo”.
Impasible ante la tortura
Pero si hay una crítica al juez que se repite, es su actitud ante las denuncias de torturas. Según Del Cura “son muchos los casos de personas que, al comparecer ante Garzón, denunciaron haber sufrido torturas y/o malos tratos durante el periodo de detención incomunicada. Y la respuesta de éste ha sido la misma: en ningún caso ha ordenado investigar o remitir las denuncias al juzgado competente.
Y ha dado por buenas todas estas declaraciones”. Su desidia ante las denuncias de abusos policiales le valió a Garzón la desaprobación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 1992, 30 independentistas catalanes que fueron detenidos en vísperas de los Juegos Olímpicos y a los que les fue aplicada la legislación antiterrorista, denunciaron ante el juez haber sido torturados sin que éste hiciera nada. Tras un largo proceso, en 2004, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que las investigaciones de Garzón respecto a las torturas no habían sido “lo suficientemente profundas y efectivas”. Sallelas recuerda otro episodio sangrante: “Se trataba de un chico que él trajo de Guantánamo para juzgar por terrorismo. En aquel momento no le pareció ningún problema que viniera de ahí. Al imputado lo absolvió el Tribunal Supremo, que sí negó validez a este tipo de procesos. Sin embargo, él, como juez de instrucción, no había hecho nada”.
Para Arzuaga “le juzgan precisamente por una acusación desproporcionada, con connotaciones políticas y derivada de una interpretación extensiva de la ley. Esa es la justicia española. Él ha contribuido a que pueda llegar adonde hoy llega”.
El macrosumario 18⁄98, una cobertura para todo
“De la misma manera en que las Madres de la Plaza de Mayo hemos agradecido al juez Baltasar Garzón el procesamiento de los genocidas argentinos que ensangrentaron nuestro país, hoy tenemos la obligación de denunciar la conducta vergonzosa y vejatoria de este mismo juez. Repudiamos con todas nuestras fuerzas la operación policial y represiva ordenada por él contra el diario Egin”.
Este duro pronunciamiento de un referente mundial en la defensa de los derechos humanos refleja la doble cara del juez que llegó a postularse como candidato a premio Nobel de la paz. En 1989, valiéndose de sus relaciones con las unidades de Investigación e Información de la Guardia Civil, Garzón inició unas diligencias secretas con escuchas telefónicas e información de detenciones de miembros de ETA.
En 1998 abrió el macrosumario, con el que pretende juzgar “todo el entramado de ETA”. En base a este, clausuró e intervino judicialmente el periódico Egin y la radio Egin Irratia. Es tal el volumen del sumario, que el juez lo dividió en cinco piezas: las empresas que la acusación vincula a KAS y Orain, editora del diario Egin; Ekin; Fundación Zumalabe y Xaki. 55 personas fueron procesadas. El periodista David Fernández destaca lo que significó la llamada pieza de la Desobediencia Civil: “durante nueve años, nueve personas activas en el pacifismo, ligadas a la Fundación Zumalabe, han sido, por obra de Garzón, convertidas en terroristas, para ser finalmente absueltas”. Sin embargo, tras el juicio, la AN validó las acusaciones de Garzón con duras condenas.
En 2009 el Supremo, aunque mantuvo numerosas condenas, rebajó muchas otras. En su sentencia declaró la ilicitud del cierre Egin y reconocía la “aplicación indebida” por el juez instructor del Código Penal para la clausura de Egin.
