Cientos de bolivianos, que no tienen papeles de permanencia legalizados, se encuentran en centros de internación, así llamados por el gobierno español –lo mismo que por otros gobiernos europeos en sus propios idiomas-. Que son cientos, lo dicen estos datos: Anacleto Camperos Alegre (preso Nº 319) Darly Ferrufino Cordova (preso Nº 456) Roberto Carlos Rocha (preso Nº 429); es posible que muy pronto lleguen a miles.
Camperos, Ferrufino y Rocha, son bolivianos, están recluidos en ese centro y se les ha dado número de identificación. En aquel establecimiento hay un régimen carcelario con horarios estrictos y penas por el menor desorden. Relata, uno de ellos, que cierto compañero de encierro fue enviado a una celda solitaria por el ‘delito’ de haber tomado un bocado más de comida. Es posible que, en una cárcel para delincuentes comunes, no se castigue con tanta saña; talvez fue así en los campos de concentración nazis, reeditados durante la reciente guerra en Yugoslavia. ¿Cuál es la acusación contra cada uno de ellos?
Ya lo sabemos: la Directiva de Retorno, aprobada por el Parlamento Europeo y refrendada por cada uno de los países de la Unión, impuso este procedimiento coactivo para expulsar a los inmigrantes que llaman ilegales. Esa masa de latinoamericanos, africanos y asiáticos trabajo en las tareas más pesadas y peor pagadas para sustentar la prosperidad y el derroche de todos esos países. Sus gobiernos siempre pusieron trabas para no legalizar su estancia, con el evidente propósito de usarlos hasta cuando creyeran conveniente y, después, simplemente los expulsan. Y los están devolviendo a sus países.
Los gobiernos de Nuestra América no han tenido la capacidad de oponerse a esa ley, que es maldita para millones de mujeres y hombres que dejaron allí su juventud. La Unión Europealogró, de alguna manera, que nuestras embajadas y consulados ayuden a la consumación de esas expulsiones. No es posible que el o la cónsul de Bolivia, como ya lo ha hecho, les de salvoconductos a nuestros compatriotas para que sean devueltos. No es posible que, sin ningún reclamo, se permita que la policía española ingrese a las oficinas que, ciertamente, no tienen extraterritorialidad, pero merecen respeto por representar a otro país. No podemos seguir aceptando que, la razón pragmática de la UE tenga el respaldo de nuestros funcionarios en el extranjero. Algo malo está pasando. Los criterios burocráticos no pueden estar por encima de los principios que sustenta la Constitución Política del Estado Plurinacional.
- Antonio Peredo Leigue es periodista, senador del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia.
Fuente: Alai
