El Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos reformulado por la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Isabel Celaá, en el documento «Convivencia democrática y deslegitimación de la violencia» ha entrado en un proceso poco educativo por demasiado doctrinario.
El objetivo principal que no podemos ni debemos obviar es que se pretende educar mejor a nuestros hijos y fomentar la promoción integral de los derechos humanos.
Para esta labor están designados primordialmente los educadores que no son sino colaboradores con otros agentes de la formación, como son los padres, la familia, los amigos, las asociaciones populares y los medios de comunicación. Cada uno de estos agentes tiene su papel y su responsabilidad en la formación de los ahora adolescentes y pronto futuros ciudadanos.
Los educadores profesionales se han preparado durante años de formación intelectual y humana en sus carreras propias del objetivo educacional, han realizado con éxito las pruebas para acceder a la docencia y se van curtiendo en su experiencia docente con los años, con el contacto con otros miembros del claustro y con las evaluaciones que se realizan (principalmente en la Universidad) de su competencia científica, dotes pedagógicas de enseñanza y seriedad humana y profesionalidad. Los mismos educadores de cada centro deben ser los responsables de impartir la asignatura «Educación para la ciudadanía».
Los educadores saben que la formación integral de sus educandos reclama también un desarrollo sobre el papel de la violencia. La violencia no es una faceta extraña en la formación del alumno y del ciudadano. No se puede condenar de forma simplista y sin distingos toda violencia. Todos debemos saber que la violencia es una herramienta de educación en la familia y en la sociedad. Los padres y los educadores no llegarían nunca a obtener sus objetivos sin el uso de la violencia con los premios, con los castigos, con las evaluaciones y los suspensos. La violencia es además un instrumento en manos del estado para la formación del ciudadano y para hacer cumplir las leyes. Igualmente en el mundo internacional, líderes políticos como José María Aznar en la guerra de Irak, Barack Obama en la de Afganistán o Israel con respecto a los palestinos reclaman la utilización de la violencia armada como manifestación de la «guerra justa». La Audiencia Nacional española no se ha atrevido a condenar al último premio Nobel de la Paz por su programa sobre la violencia y la «guerra justa». Ni ningún politólogo no contaminado se atreverá a denominar «terroristas» a aquellos que luchan porque se respeten sus derechos, sean estos palestinos, iraquíes, afganos o de los diferentes pueblos, ante el acoso o la invasión extranjera.
Todo educador debe saber conjugar el respeto a los derechos de los demás, comenzando por el respeto a los intereses de uno mismo, con la tolerancia. La tolerancia no es una opción indiscriminada de aceptación ante toda manifestación oral, escrita o social. El respeto y la tolerancia son dos valores que mutuamente se controlan y se limitan.
En este complejo sistema de educación integral el nuevo Plan de Convivencia elaborado por el Gobierno pasando por alto las responsabilidades de los docentes y los idearios de los centros quiere introducir un factor nuevo de educación en las aulas como es el acercamiento de la sociedad a las víctimas del terrorismo. Examinemos con mayor detención este nuevo factor educativo.
Primero: El concepto de víctima es polisémico y el proyecto presentado no se ha tomado la molestia de estudiarlo en todo el abanico de sus disparidades. En efecto, hay muchas clases de víctimas en España: víctimas del terrorismo social, víctimas de las dictaduras políticas, víctimas de género, víctimas de exclusión social, víctimas de apartheid, víctimas de ETA y de otros movimientos terroristas, etcétera. ¿A título de qué criterio pedagógico quiere limitarse el ámbito de las victimas a las del terrorismo?
Segundo: ¿Quién elige y determina la víctima que va a venir al aula de mis hijos para darles su experiencia dolorosa y traumática sin posibilidad de vislumbrar soluciones eficaces a corto plazo? ¿Dónde queda el papel del consejo escolar de cada centro para determinar esta elección? ¿Será el elegido un inmigrante que malvive de la asistencia social, un gitano que no se ha integrado en la sociedad por variadas causas, será un menesteroso que vive de la limosna diaria, será un obrero que se ha quedado en paro, será un empresario que ha llegado a los servicios sociales por una suspensión de pagos, será una víctima de la violencia machista, será un nieto de la represión franquista o será un familiar de los atentados de ETA o de cualquier movimiento terrorista?
Tercero: Para toda presentación en el aula se necesita un saber estar y hablar en público, una garantía de claridad en el planteamiento, de pedagogía en la exposición, de cualidades de atracción de la atención y mantenimiento del orden, de criterios cívicos y de soluciones que se puedan asumir. ¿Quién valorará la valía de la víctima en todas estas funciones que debe realizar? La simple designación no basta. ¿Se van a organizar cursos de preparación para víctimas educadoras?
Cuarto: Los que hemos estado durante muchos lustros en la docencia, tanto universitaria como de enseñanza secundaria, sabemos que el profesor es muy vulnerable ante la continuada exposición ante un grupo numeroso. Al final, aunque el profesor se dedique a dar matemáticas, acabará manifestando consciente o inconscientemente sus inclinaciones sociales, religiosas, políticas, económicas… Y ante las preguntas del alumno inteligente (y en todas las aulas hay más de uno) deberá el profesor responder de temas que no están en el programa de su asignatura. ¿Tienen estas víctimas la formación necesaria para saber responder a las insidiosas preguntas de esos alumnos más inteligentes o más atrevidos sin caer en el descrédito que le marcará para siempre personalmente y ante las posibles y futuras aulas? ¿Tienen estas víctimas el poso humano suficiente para describir una situación anímica y social profundamente vivida sin marcar la exposición impartida de un caldo de cultivo ideológico?
Quinto: La duda fundamental que genera este programa es la de la general impreparación (admitiendo las posibles excepciones) de las víctimas ante el amplio programa de los derechos humanos y la posible remisión alicorta de aducir uno u otro artículo de la Declaración de la ONU y, peor aún, citando artículos desgajados de una Constitución.
Sexto: ¿Quién saldrá garante del paso dado ante un proyecto precipitado, que busca un rendimiento a corto plazo, porque viene a completar el cambio antes de que venza la legislatura? Según las encuestas de los mejores sociólogos «la legitimación de ETA sigue siendo muy fuerte en una proporción nada desdeñable de la población escolar» porque se ve respaldada por un acoso sistemático contra flancos cruciales del sentir vasco como la lengua y la cultura, como los medios de comunicación de radio y televisión, como los estamentos sociales considerados socialmente líderes de las aspiraciones de un pueblo, como las instituciones de barrio consideradas como manifestaciones cotidianas llevadas adelante por los mismos miembros populares.
Hágase un estudio reposado y profesional antes de introducir un Caballo de Troya en el sistema educativo que luego no se sepa cómo desactivar. La consecuencia de esta intromisión no será hacer visible la división entre nacionalistas y no nacionalistas como afirma Celaá, sino entre educadores e ideólogos, sean éstos del victimario o de la judicatura. El Caballo de Troya consistirá en meter a los ideólogos y a los políticos en las aulas que de forma esporádica y puntual pongan cargas de profundidad frente a los educadores que desarrollarán su vida profesional durante lustros.
