Una misión de parlamentarios, dirigentes sindicales, y abogados laboralistas británicos, visitaron a Colombia desde el 29 noviembre al 5 diciembre del año pasado.
Tuvieron reuniones con sindicalistas, representantes del gobierno, políticos, presos políticos, representantes de la campaña para la paz, líderes campesinos, familiares de los rehenes de las FARC y las madres, esposas y hermanas del escándalo de los mal llamados “falsos positivos”.
También asistieron al congreso de Fensuagro y escucharon con atención la evidencia de los ataques en contra del sindicato agrario, sus dirigentes y el asesinato continuo de sus miembros.
Visitaron el municipio de Soacha para conocer los familiares de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros del Ejército Nacional, de los que constataron directamente la impunidad que persiste en esos casos.
La Comisión visitó el patio de presas políticas de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, de la que dijeron que, “fuimos testigos de las condiciones horrorosas en las que viven las presas políticas en el Patio 6 de la cárcel de mujeres Buen Pastor, la falta del debido proceso, la detención sin juicio y el hecho inhumano de separar a los niños de sus madres presas”.
Horrorizados
Así mismo la delegación se reunió con el Ejército, el Secretario de Gobierno, la defensora del pueblo y líderes de la comunidad de La Macarena, Meta. Escucharon docenas de testimonios sobre el tratamiento escalofriante y brutal de los campesinos y otros civiles por parte del ejército.
Los británicos quedaron horrorizados por los cientos de cadáveres NN que hay en el cementerio. “A pesar de afirmaciones contrarias, está claro por las fechas en las tumbas que las ejecuciones extrajudiciales siguen.
«No vimos ninguna evidencia de inversión en infraestructura social”, afirmaron en un comunicado final de su gestión.
En su correría dialogaron con varios sindicatos, incluidos la CUT, Fundaenergetica, Asonal Judicial, Anthoc y otros.
“Estamos profundamente preocupados por los ataques, asesinatos, y criminalización a que están sometidos los sindicalistas que participan en huelgas y en temas de derechos laborales. También nos preocupan los planes de cambiar el programa de protección de sindicalistas”, agregaron
Se reunieron con congresistas de la oposición política quienes les contaron sobre las intercepciones ilegales de su comunicación y la criminalización de sus actividades legales, que va en contra del proceso democrático.
Conocieron al profesor Moncayo y a representantes de Colombianos y Colombianas por la Paz y aplaudieron sus esfuerzos para asegurar la libertad de los rehenes y promover un intercambio humanitario de presos como un paso hacia un proceso de paz-
y una solución política negociada al conflicto que le ha sido impuesto al pueblo por parte de la oligarquía colombiana y el imperio estadounidense.
Persiste connivencia Ejército-‘paras’
“Durante nuestra visita hemos sentido una pequeña muestra de los tipos de hostigamientos, intimidación y amenazas que enfrentan diariamente los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas independientes, y políticos de la oposición.
“Fuimos seguidos, sujetados a fotografía intimidante, puestos bajo vigilancia y la policía pasó nuestros datos personales a individuos no identificados que no llevaban uniformes sino ropa de civil.
“Creemos que tales acciones fueron diseñadas con la intención de intimidarnos e intimidar a los defensores de derechos humanos y sindicalistas que nos acompañaron”, advirtió la delegación europea.
La comisión escuchó durante toda la visita, testimonios detallados de las violaciones de derechos humanos y sindicales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desplazamiento forzado, detenciones masivas arbitrarias, desapariciones forzadas, criminalización de la oposición política, transferencia forzada de la tierra de los campesinos a la agroindustria grande y las corporaciones multinacionales.
“Después de haber escuchado tales testimonios creemos que el ejército colombiano es responsable por la mayoría de las violaciones de derechos humanos en contra de la población civil y la falta de acción por parte del gobierno para enfrentarse a estos abusos les hace cómplices y culpables de la continuación de estos abusos.
«La actividad paramilitar persiste, especialmente en las regiones rurales y además hay evidencia de que siguen los vínculos entre los paramilitares y el ejército”, fue una de las conclusiones finales de la delegación.
Fuente: ANNCOL
