Las lesiones producidas a Igor Portu ‑que debió ser hospitalizado por ello- y Mattin Sarasola fueron producto de torturas producidas en el monte después de su detención, como afirmaron los jóvenes y negó el Gobierno español. Así lo cree la Fiscalía de Gipuzkoa, que hizo público ayer que acusa de torturas a cuatro de los quince guardias civiles procesados por este caso.
En su escrito de acusación provisional, difundido ayer por Efe, el Ministerio Público, que también imputa una falta de lesiones a otros seis agentes, alega que los militares actuaron «conmocionados» por la muerte de los también guardias civiles José Fernando Centeno y Fernando Trapero, producidas en Capbreton a manos de ETA 37 días antes. Este tiroteo se produjo el 1 de diciembre de 2007 y la captura de Portu y Sarasola ‑que no tenían relación alguna con aquel hecho- ocurrió el 6 de enero de 2008.
Por ello, el fiscal pide tres años de cárcel para dos de los guardias (un sargento y un cabo), dos años para otros dos (un cabo y un guardia), y diez días de localización permanente para los seis restantes (dos tenientes, tres cabos y un guardia), además de diversas compensaciones económicas e inhabilitación en algunos de los casos.
No aprecia indicios de delito en los otros cinco procesados, por lo que no ha formulado acusación contra ellos.
Por su parte, la acusación particular, que representa a los dos vecinos de Lesaka actualmente presos, imputa a los quince guardias un delito de tortura en su modalidad agravada, por lo que solicita penas que van de los seis a los diecisiete años de reclusión, además de otras penas e indemnizaciones.
Avala el relato de los detenidos
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos por los que se encuentran imputados los diez guardias ocurrieron sobre las 10.15, cuando Portu y Sarasola fueron sorprendidos en Arrasate en posesión de dos revólveres y 50 cartuchos, tras lo que fueron arrestados y esposados. Sin embargo, no se les trasladó a dependencias de la Guardia Civil, sino a un lugar que se considera no determinado (los detenidos detallaron una zona de monte junto a un río).
La Fiscalía explica que Igor Portu fue introducido en un automóvil oficial y «golpeado» por uno o por los dos agentes que le custodiaban, quienes también le amenazaron. El documento precisa que el vehículo policial se detuvo en el lugar no determinado, donde Portu fue obligado a descender a «puñetazos y patadas». En este punto los guardias civiles, con intención de «castigar» a Portu, le habrían obligado a «colocarse de rodillas y, humillándole» le tiraron del pelo, según la Fiscalía.
Posteriormente, sigue el texto, lo volvieron a introducir en el coche, «entre patadas y puñetazos», le pusieron un pasamontañas y le golpearon de nuevo, hasta llegar al cuartel de Intxaurrondo. Añade que más tarde fue conducido a su casa de Lesaka para el registro, y después llevado, de nuevo en medio de golpes, a la clínica forense. De ahí ingresó en la UCI del Hospital Donostia, donde permaneció tres días con lesiones grave. Entre ellas, destacan un traumatismo torácico con fracturas en dos costillas, un neumotórax, un «neumomediastino importante», un «enfisema subcutáneo» y una pequeña contusión pulmonar que pusieron su vida en «una situación de riesgo», señala el fiscal.
Por su parte, Mattin Sarasola padeció una situación similar a la de su compañero durante su traslado al mismo lugar indeterminado, donde supuestamente fue arrojado «cuesta abajo por una ladera» y otros dos de los acusados le habrían colocado «una pistola en la sien», aclara el escrito de acusación.
El documento señala que estos guardias también habrían amenazado a Sarasola con arrojarle al Bidasoa, al tiempo que le decían que se acordase de lo que le había ocurrido a Mikel Zabalza, quien apareció ahogado en este río en 1986. Y se añade que fue golpeado también en el traslado hacia Madrid.
Tras detallar los insistentes golpes recibidos, el fiscal apunta que las lesiones sufridas por Igor Portu pusieron su vida «en situación de riesgo». Estuvo tres días en la UCI en el Hospital Donostia.
10
son imputados por la Fiscalía, cuatro de ellos por un delito de «torturas» y seis por una falta de «lesiones».
15
han sido procesados en total en este caso. La acusación particular acusa a todos ellos de torturas y solicita penas que van entre los seis años y los diecisiete años de cárcel para cada uno.
8
de cárcel es el total pedido por la Fiscalía: dos años para dos de los agentes imputados y uno para los dos restantes.
15
transcurrieron desde que Portu y Sarasola fueron detenidos hasta que el primero fue llevado al forense con lesiones «de gravedad», según subraya el fiscal.
Horas después de la hospitalización de Igor Portu, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, se vio obligado a salir a la palestra ante las sospechas evidenciadas por los medios de difusión, y lo hizo para subrayar que el instituto armado había cumplido «escrupulosamente» la ley.
En su declaración, atribuyó las lesiones al momento del arresto, como suele ser norma habitual en estos casos, y dijo que aunque Igor Portu y Mattin Sarasola no mostraron resistencia a la hora de identificarse, emprendieron la huida cuando los agentes intentaron registrar las mochilas que portaban. De este modo, el ministro apuntó que fue entonces cuando cuatro guardias civiles se abalanzaron sobre ellos produciendo la fractura de la costilla de Portu.
Esta versión ya chocó entonces con el hecho de que el día del arresto ninguna fuente policial señalara que se hubiera producido algún tipo de persecución y captura, sino más bien al contrario. Ahora, la versión oficial del Gobierno español es contradicha totalmente por la Fiscalía, que apunta que Portu fue golpeado después de ser introducido en el automóvil oficial y precisa, asimismo, que el vehículo policial se detuvo en un sitio apartado, donde Portu fue obligado a descender a «puñetazos y patadas».
No sólo Rubalcaba se implicó en la defensa de los guardias civiles ahora acusados por torturas. Mientras que el joven lesakarra continuaba ingresado en el hospital, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresó su «confianza plena» en la Guardia Civil, calificando además de «seria y creíble» la versión difundida por boca de Rubalcaba.
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, arropó también a Rubalcaba y achacó las lesiones a «la avalancha por el intento de fuga».
La hospitalización de Portu provocó un gran revuelo en el panorama político vasco, de modo que todos los agentes se vieron obligados a valorar los hechos. La entonces portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, se limitó a exigir que se aclarara lo que había sucedido.
GARA
Que una denuncia de torturas llegue a ser debidamente investigada y acabe en condena es una verdadera excepción en el Estado español. Y ello no se debe a la inverosimilitud de las denuncias sino a que, como señalan organismos internacionales, existe una tupida red legal y práctica que actúa como un escudo protector.
El periodo de incomunicación es un tiempo opaco que permite los excesos y la amortiguación posterior de sus evidencias físicas, las técnicas se han depurado para no dejar marcas, el detenido pocas veces ve a sus interrogadores y los expertos han revelado la debilidad de los informes de los forenses de la Audiencia Nacional. Además, los responsables políticos siempre defienden a las fuerzas de seguridad. Y Amnistía Internacional ha criticado también el escaso compromiso de los jueces.
Los ejemplos más conocidos de cómo actúa el manto protector de la tortura en los últimos años son los casos de Unai Romano, cuya cabeza deformada cuando llegó a la cárcel produce pánico, y que fue atribuida a una autolesión; y el de los directivos de «Egunkaria», cuyos relatos no sólo no fueron atendidos sino que acabaron siendo denunciados ellos.
Los procesos se alargan años y años. Según AI, la media en casos relacionados con militantes vascos es de 12 años y 8 meses desde que se producen los hechos hasta la primera sentencia. Desde 1980 y después de miles de denuncias, no llegarán a 40 los agentes condenados por torturas a independentistas vascos. La mayoría de ellos en los primeros años, cuando las técnicas de interrogatorio no eran tan sofisticadas. Pero de esos menos de 40 condenados, 27 acabaron siendo indultados por el Gobierno. Y en otros casos, se ha podido comprobar que varios agentes que habían sido inhabilitados nunca dejaron de trabajar e incluso fueron ascendidos.
En esta década los juicios se cuentan con los dedos de la mano… y sobran. En 1999 hubo condena por el «caso Lasa-Zabala», pero no por torturas, sino por secuestro y asesinato. Otro proceso por la detención de siete vecinos de Zornotza, juzgado en 2001, deparó una condena que revocó luego el Supremo. Y en 2002 dos agentes fueron absueltos de torturas a Sebas Lasa y Alfonso Sebastián. El fiscal no acusaba en aquella ocasión.
I. IRIONDO
