El grupo municipal de la izquierda abertzale en Barakaldo ha presentado una denuncia judicial por un presunto delito de prevaricación contra las 6 personas del PSOE y PP que formaban el Equipo de Gobierno Municipal en septiembre de 2006. Por el PSOE las personas denunciadas son: Tontxu Rodríguez (actual Alcalde), González Suances (actual Concejal Delegado de Urbanismo, Ana Belén Quijada (actual Concejala Delegada de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo); por parte del PP: Amaia Fernández (actual portavoz del PP), Rafael Carriegas y Juan R.A. Nieto de Cossio. Los hechos se remontan al año 2006 cuando, en ejecución del proyecto urbanístico de La Siebe, las personas con derecho a realojo (sus viviendas fueron derribadas) acudieron a elegir su vivienda de protección local, encontrándose con la sorpresa de que no podían acceder a varias de éstas porque estaban “comprometidas”. La indignación creció al comprobar, quiénes eran las personas adjudicatarias: La hija de González Suances (concejal responsable de urbanismo), la hija de uno de sus escoltas, otros 2 familiares de trabajadores municipales muy ligados a él, un concejal del PSOE de Durango, así como un familiar de otro militante del PSOE de Barakaldo.
Una Comisión de investigación «sin recorrido»
Denunciados estos hechos en los medios de comunicación, el PSOE se vio forzado a constituir una Comisión de Investigación en julio de 2009 que tuvo muy poco recorrido, pues, tras la segunda reunión celebrada en noviembre de ese año (la primera fue para constituirla formalmente), decidió dar carpetazo y disolverla, sin que siquiera se emitiera informe alguno por la misma. El PSOE cerró en falso la Comisión de Investigación, pero desde la Izquierda Abertzale ha seguido realizando las averiguaciones pertinentes, por considerar dicha actuación como constitutiva de un delito de prevaricación.
En efecto, la Ordenanza Municipal de Vivienda de Protección Local establece la obligación de abrir listas de solicitantes y su posterior adjudicación mediante sorteo público. Sin embargo, la izquierda abertzale ha denunciado que en este caso, «ni lo uno, ni lo otro». Ya que se adjudicaron ”a dedo”.
Ordenanza incumplida
Dicha Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el 18 de febrero de 2005. El Equipo de Gobierno, constituido por representantes del PSOE y del PP, calificó 53 viviendas de La Siebe de Protección Local en su reunión del 15/9/2006, por tanto, con la Ordenanza en pleno vigor. En el acuerdo de la Comisión de Gobierno ya se manifestaba que parte de estas viviendas quedaban exentas de las obligaciones de listado y sorteo público, porque el promotor las tenía “comprometidas”. Este hecho fue reiteradamente denunciado por la Izquierda Abertzale en la Comisión de Investigación, lo que forzó la declaración de Amaia Fernández – en un claro intento de eludir su responsabilidad- afirmando, tal como se recoge en el Acta pertinente, que en aquel acuerdo “en ningún momento se hizo referencia a la exención del sorteo y que el acuerdo adoptado no puede modificar las decisiones del Pleno (en referencia a la Ordenanza aprobada por este órgano), circunstancias que le eximen de cualquier corresponsabilidad en la decisión adoptada”.
Sin embargo, en la reunión de aquel Equipo de Gobierno, no sólo no se opuso, sino que admitió la “reserva” de dichas viviendas. Es más, técnicos del Área de Urbanismo declararon en la Comisión de Investigación que, en dicho acuerdo, “quedaba claro que no se iban a sortear, y que la Junta de Gobierno Local expresa y conscientemente aplica parcialmente la Ordenanza de VPL”. Las personas electas de la izquierda abertzale en Barakaldo han explicado que «es indignante que estos cargos públicos utilicen su posición en beneficio personal, familiar o de amistades. Y mucho más, cuando se realiza vulnerando un derecho fundamental, como es el acceso a una vivienda».
