Agencias/Laclase.info
«Nuestro gobierno actuará contra cualquier grupo irregular, sea el que sea, y entregará a las personas requeridas por Colombia, no importa si vienen de un grupo o de otro», dijo el ministro del Interior y Justicia venezolano, Tarek El Aissami en una rueda de prensa en Cartagena de Indias, luego de reunirse con el ministro de la defensa colombiano, Rodrigo Rivera. La reunión tenía por objeto avanzar en la aplicación de los acuerdos de cooperación en materia de inteligencia y seguridad suscritos por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos.
En el marco de estos acuerdos, el martes pasado, el presidente colombiano declaró que había dado su palabra a Chávez sobre la extradición a Venezuela del presunto narcotraficante Walid Makled. Una empresa de Makled administró el puerto de Puerto Cabello, en virtud de una concesión otorgada por el gobierno de Chávez, y el propio Makled era conocido en el estado Carabobo por su cercanía con el gobernador Acosta Carlez y otras autoridades chavistas. Hacia el final de su mandato, Acosta Carlez rompió con el PSUV y Makled fue perseguido por narcotráfico.
Menos de 24 horas después de esta declaración de Santos sobre la extradición de Makled, en reciprocidad el gobierno venezolano envió a Bogotá a tres personas a las que el gobierno colombiano acusa de pertenecer a la guerrilla, de manera expedita y sin juicio de extradición. El ministro de Defensa colombiano, Rodrigo Rivera, dijo que la entrega de los insurgentes significaba la «profundización del proceso de generación de confianza» entre ambos gobiernos.
Un pacto siniestro
Durante la rueda de prensa conjunta, el ministro colombiano de defensa agradeció «el compromiso de Venezuela en esta lucha». «Hemos tenido pruebas muy contundentes en los últimos días, que permiten consolidar un frente común y profundizar los lazos de amistad y confianza», dijo en referencia a la entrega de las tres personas acusadas de pertenecer a la guerrilla.
Está previsto que el próximo 2 de diciembre se reúnan en Caracas las comisiones encargadas de crear una plataforma de inteligencia común, para la realización de operaciones militares y policiales coordinadas.
Además de los ministros Rivera y El Aissami, al encuentro asistieron los jefes de operaciones y expertos en narcotráfico de las Fuerzas Militares y de Policía, y funcionarios técnicos de los dos países. En la conformación del «Grupo de Trabajo del Acuerdo de Cooperación», fueron designados varios altos funcionarios; por Colombia, el director Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Director de Asuntos Internacionales y el Director de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa; y por Venezuela fue designado el presidente de la Oficina Nacional de Antidrogas de Venezuela.
Gobierno venezolano dispuesto a entregar a cualquier guerrillero
Al consultársele si su gobierno entregaría a algún alto mando de las Farc, como Iván Márquez, el ministro venezolano respondió enfáticamente: «Sí, por supuesto». E insistió en que el gobierno de Chávez no apoya a «grupos ilegales, incluyendo las Farc».
En el caso del paramilitarismo de ultraderecha colombiano, el gobierno venezolano ha optado por una posición más suave. Un caso ejemplar ha sido el indulto a los paramilitares capturados en una finca en las afueras de Caracas en mayo de 2004. En aquella ocasión fueron capturados 112 paramilitares, y en el año 2005, 27 de ellos fueron condenados a penas de entre 2 y 9 años por planificar acciones terroristas. El presidente Chávez indultó en agosto de 2007 a 41 paramilitares que permanecían presos por ese caso, en un gesto amistoso hacia el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe.