El 4 de noviembre de 2010 el abogado y sociólogo José Luis Gómez Llanos recordaba al lector que ya en 1995 escribió en el periódico El Mundo 10 artículos relacionados con el GAL y sus personajes ‑los “más importantes de los cientos que he tenido la suerte de poder escribir estos años,… porque entonces no fuimos tantos los que denunciamos taxativamente lo que ocurrió en las cloacas del Estado”-. Hoy recojo su relato y sus preguntas y, a 25 años del asesinato de Mikel Zabaltza por la Guardia Civil y el Gobierno de Felipe González, las relanzó de nuevo al hoy ministro de la Presidencia del Gobierno español, entonces delegado del Gobierno central en el País Vasco.
Aquel otoño/invierno de 1985 fue un mes en que Euskadi vivió en su carne la sensación de estar invadida por un Ejército de ocupación, que no respetaba la ley y el derecho a la vida.
Ramón Jáuregui estuvo callado, absolutamente callado. Su silencio lo interrumpió el 22 de diciembre, haciendo unas escalofriantes declaraciones a la Agencia EFE, en las que “lamentaba el retroceso en la concienciación del pueblo vasco contra el terrorismo”, después de que sus amos de Interior en Madrid con Barrionuevo a la cabeza, criticasen la actitud de los que no creían la versión de Intxaurrondo. El 26 de noviembre de 1985 fue detenido Mikel Zabaltza por la Guardia Civil de Intxaurrondo, días más tarde aparecía asesinado en el río.
El gobierno de Felipe González creó los GAL. La obra y arte de ponerlos en acción recayó en el ministro José Barrionuevo; a José Luis Corcuera le correspondió sacar discretamente del Ministerio de Interior los escombros de las sangrientas chapuzas de su antecesor, en medio del tejemaneje de miles de millones de los fondos reservados.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación o GAL fueron agrupaciones armadas parapoliciales que practicaron lo que unos años después de conocerse los hechos nadie dudó en llamar terrorismo de Estado o guerra sucia contra ETA y su entorno, durante la década de 1980.
Fueron creados y dirigidos por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, durante el gobierno del PSOE de Felipe González, con complicidades políticas desde la mismísima Moncloa, aunque esto último no pudiera demostrarse fehacientemente. Aunque decían combatir a ETA, en varias ocasiones atentaron contra simples militantes de la izquierda independentista vasca y contra ecologistas. También realizaron acciones indiscriminadas debido a las cuales fallecieron ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. En sus cuatro años de historia, los GAL cometieron más de treinta acciones terroristas, matando e hiriendo a cerca de sesenta personas. Entre sus métodos habituales estaban la colocación de bombas en los coches, tiros en la nuca y ametrallamiento en los bares donde supuestamente se encontraban sus víctimas. Varias de entre ellas no tenían relación ninguna con ETA.
Mientras que la autoría material de los asesinatos perpetrados, y demás casuísticas criminales, fueron investigados más mal que bien por los jueces en Madrid, en Euskadi éramos y somos muchos los que nos preguntábamos y nos preguntamos si el triunvirato socialista en funciones en 1983⁄84, ‑Benegas-Jáuregui-Damborenea‑, no tenía asignada “de facto” la cobertura de las operaciones, por lo difícil que es comprender que durante los cinco años que duró esta terrible pesadilla, no hubieran reunido ni un solo indicio sobre unos matones que operaban desde despachos colaterales a los suyos.
El Sr. Ramón Jáuregui, actual ministro de Presidencia, era entonces el líder de los socialistas vascos y el delegado del Gobierno en el País Vasco y, como tal, el jefe político de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi en el período en que los salvajes y desaprensivos matones de Intxaurrondo torturaban hasta la muerte al joven Mikel Zabaltza. Don Ramón ha tenido múltiples ocasiones de demostrar la clase de fibra ética y política, que posee. Y quizá su cobardía y su frivolidad le han impedido hasta ahora reconocer sus errores, quizá sus crímenes.
El Sr. Ramón Jáuregui se ha mostrado defensor de los implicados en el GAL, apoyando a Vera y a Barrionuevo. Cuando Sancristóbal fue detenido, R. Jaúregui se atrevió a exculpar al ex gobernador civil de Bizkaia, declarando públicamente que este turbio personaje gozaba de su total confianza, y que las imputaciones por parte de Damborenea, Amedo, Domínguez, Sancristobal… eran mentira. ¿Qué tiene que decir hoy el entonces Consejero de Justicia del Gobierno Vasco y actual ministro de Presidencia? Damborenea denunció públicamente que altos cargos del PSOE fueron convocados por el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo y se reunieron en la sierra madrileña su número dos, Rafael Vera, Ramón Jáuregui Atondo, delegado del Gobierno en el País Vasco; José María Benegas, secretario general del PSE-PSOE; los gobernadores civiles de Gipúzkoa (Julen Elgorriaga), Vizcaya (Julián Sancristobal) y Araba (Jesús García Villoslada), y los secretarios del Partido Socialista en esas tres provincias (Enrique Casas, García Damborenea y Angel Gavilán) para organizar, lo que poco más tarde, se conocería como el GAL. Posteriormente añadió que Felipe González y Nicolás Redondo Terreros estaban al tanto de lo que ocurría en el GAL. Rafael Vera declaró en Vanity Fair:«Si González hubiera admitido su responsabilidad en los GAL habría ido a la cárcel»
Sobre el teniente-coronel Galindo, al que alcanzan las pistas de la investigación por los horribles asesinatos de Lasa y Zabala, acusado en numerosos sumarios por torturas, tráfico de drogas etc. Jáuregui escribió que era el policía más profesional y serio que poseíamos en Euskadi. Escalofriante. ¿Lo repetiría hoy de nuevo?
Hoy, que es ministro del actual Gobierno, le preguntamos de nuevo: ¿en manos de qué clase de políticos estaba la lucha antiterrorista cuando el GAL mataba a rostro descubierto? ¿Qué hizo, su participación, su silencio respecto al GAL en calidad de delegado del Gobierno durante los cuatro años de su mandado? La misma pregunta que el 19 de enero de 1995 le hacía en un artículo en El Mundo, Gal y la responsabilidad política de Ramón Jáuregui (II), el abogado y sociólogo José Luis Gómez Llanos y a la que todavía sigue sin contestar.
Nos recuerda Gómez Llanos que “la investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico Deia de la mano de los reporteros Ricardo Arques, Juan Carlos Urrutxurtu y Andoni Ortuzar. Después, Diario 16 y, sobre todo, el diario El Mundo siguieron las investigaciones. Yo insisto siempre en estos detalles para recalcar que los GAL no fueron descubiertos como consecuencia de investigaciones de la Policía o de la justicia, ni de los debates en una comisión investigación parlamentaria, sino que fue obra de la temeridad de unos periodistas que actuaron con tesón en algún caso contra las directrices de las cúpulas de sus propios periódicos”.
Cabe señalar que en el Senado se constituyó una comisión de investigación que no llegó a aprobar informe final alguno de conclusiones y que durante el gobierno de Aznar reclamaron los antiguos cargos socialistas, encabezados por Felipe González, la liberación de Vera y Barrionuevo condenados por el Caso Marey, obteniendo un indulto parcial para ambos el año 1998. Y que tras la investidura del gobierno de Zapatero en 2004 ‑que supuso la vuelta al poder del PSOE- nuevamente dirigentes socialistas, otra vez con González a la cabeza, exigieron el indulto total para Vera y otros condenados, aunque sin éxito.
Hoy seguimos tan necesitados como entonces de que una comisión honorable y veraz nos aclare la responsabilidad real que Don Ramón Jáuregui, como delegado del Gobierno central en el País Vasco, tuvo y sigue teniendo en la trama de los GAL y en los crímenes llevados a cabo en nuestro pueblo.
El general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo ‑fue ascendido por la cúpula de Interior del felipismo, que también acabó siendo condenada por su vinculación a los GAL, cuando ya había indicios de su implicación en aquellos hechos‑, el ex gobernador civil de Gipúzkoa Julen Elgorriaga y los agentes Ángel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado Villalobos fueron los protagonistas de aquellos hechos que situaron los valores democráticas y garantistas de un Estado de derecho en las cloacas de la guerra sucia. No sólo tuvieron un juicio justo y ocasión de defenderse, sino que, pese a la gravedad de las acusaciones y el alcance de las condenas ‑la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional acabaron sentenciándoles a penas de entre 71 y 75 años de prisión‑, todos ellos fueron excarcelados tras haber cumplido unos pocos años de cárcel, nos recuerda Joseba Santamaría en su artículo Memoria de cal viva.
Ha pasado mucho tiempo, pero la mayoría de los asesinatos de aquel periodo de terrorismo de Estado no han sido aclarados. Ahora se cumplen 25 años del asesinato de Mikel Zabaltza. Como José Luis Cano, Aniano Jiménez, Ricardo García Pellejero, Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Tomás Alba… y otros muchos asesinados por el terrorismo derechista o las actuaciones parapoliciales.
Zabaltza es una víctima que tiene derecho a la verdad, la justicia y la memoria. La misma que sus familiares y los ciudadanos, y más ahora que usted exige desde el gobierno y los medios de comunicación a otros posturas claras ante la violencia. ¿Qué hizo, Sr. Ramón Jáuregui? Esperamos su respuesta.
