El Pacto Social para la contrarreforma de las pensiones firmado por CCOO y UGT y el Gobierno, y aplaudido de forma entusiasta por la patronal, no sólo es una puñalada trapera en las espaldas de la clase obrera, sino que tiene una trascendental dimensión política.
Se produjo a toda prisa para servírselo en bandeja a Ángela Merkel, investida como representante del FMI y la UE, y a quien el Gobierno rendía pleitesía con un acuerdo que va mucho más allá de su propio contenido. Cerraba el capítulo de la movilización social abierto por la huelga general del 29S, zanjaba cualquier posibilidad de resistencia a la Reforma Laboral y dejaba a los pies de los caballos a un movimiento obrero más debilitado que nunca.
Pero Merkel no había terminado de felicitar a Zapatero por el Pacto cuando introdujo los próximos objetivos: limitar por ley o en la Constitución el déficit público – es decir, recortar los gastos sociales -, retrasar aún más la edad de jubilación y suprimir las cláusulas automáticas de revisión salarial y de pensiones vinculadas a la inflación. La respuesta de Zapatero, como buen vasallo, fue el aplauso entusiasta y la promesa de llevarlo a la práctica.
Las protestas de Toxo y Méndez son las de devaluados títeres sin cabeza, mientras el PP y las derechas nacionalistas asisten regocijados al espectáculo de un “gobierno de izquierdas” que les hace el trabajo sucio a la espera de su debacle electoral. Más patética es la situación en la que queda una IU y un PCE que hubieran podido convertirse en referente popular simplemente manteniendo sus propuestas de huelga y movilización y que han preferido no enfrentarse al PSOE y a “los sindicatos”. Las declaraciones de sus principales dirigentes el mismo 27E hablan por sí solas: “no hay motivos para la huelga general mientras los sindicatos negocian”
-declaraciones de Llamazares para descalificar las huelgas generales vasca y gallega‑, o las de Cayo Lara: «los sindicatos están para sacar lo que pueden en las negociaciones, por lo que IU no se enfrentará a ellos y mantendrá una fraternidad de clases (sic)”.
IU a los pies del gobierno
Dentro del sistema no hay margen alguno para propuestas políticas diferenciadas. En el Estado español, si la clase obrera y los pueblos no lo evitamos, el PP sucederá al PSOE y continuará el mismo camino. La quiebra de IU como proyecto alternativo, aunque pueda rascar algún voto de la debacle del PSOE, es evidente: habla de la movilización de “boquilla”, sin el menor propósito de organizarla, mientras Cayo Lara declara que “no descarta apoyar al PSOE”.
Ante tales posiciones, las clases dominantes preparan nuevos y más duros ataques desde la tranquilidad de que éstos no tendrán una contestación relevante. La propia burguesía definía el papel de IU y el PCE en un editorial de ABC, tras la derrota electoral de 2004: ”el paisaje democrático español ofrece históricamente un espacio claro a la izquierda del PSOE, donde debe asentarse una formación que refuerce la centralidad política de la socialdemocracia y al tiempo sirva de dique de contención para las tentaciones antisistema. IU ha ejercido, desde su refundación a partir del viejo PCE, como factor de estabilidad que ha cargado a sus espaldas con los distintos impulsos de izquierda alternativa que se han ido configurando tras la crisis del marxismo tradicional, evitando que se produzcan tentaciones escapistas y rupturistas al margen de los cauces de la democracia(…)”.
La caldera de la indignación popular va aumentando la presión, no hay válvula de seguridad y el colchón de legitimación se deshace. El imparable descrédito de CCOO y UGT y el hundimiento de IU marcan un final de etapa en el escenario político y sindical que la Transición diseñó. Incluso los que se muestran disconformes con lo firmado, como IU o el PCE, ponen empeño en no criticar a la dirección de CCOO-UGT. En el fondo ninguna de estas opciones tiene otra alternativa en esencia diferente ante la crisis económica a la que viene planteando el Gobierno. Ninguno está dispuesto a levantar medidas resueltamente anticapitalistas, a exigir que la crisis la paguen los capitalistas, a exigir la expropiación de la banca, a no pagar la deuda, a reducir la jornada sin reducir el salario, a garantizar subsidio indefinido a los parados/as, a romper con la Unión europea y el FMI. Son partidos del régimen y del sistema: por eso, como hicieran en los Pacto de la Moncloa en 1977 y en el apoyo a la constitución del 78, cuando ven amenazada su existencia cierran filas en un gran acuerdo nacional.
Los primeros pasos de un nuevo movimiento obrero y popular
Lo nuevo, si bien debe reanudar necesariamente el hilo rojo de la lucha obrera y popular que la Transición pretendió deshacer, no será la mera continuación de lo anterior. No sólo porque las organizaciones serán diferentes. El nuevo movimiento obrero, dirigido por la clase obrera de hoy ‑jóvenes precarios, mujeres, inmigrantes y lo mejor de los veteranos luchadores y luchadoras que no consiguieron doblegar– tiene ante sí, con mucha más claridad que en otras épocas, dos líneas de fuerza fundamentales sobre las que constituirse: la emancipación de clase y el internacionalismo, es decir, el derecho de los pueblos a liberarse del yugo del imperialismo, incluido el español. Los avances en la coordinación de las luchas y en la unidad de acción del sindicalismo de clase, con toda su compleja realidad nacional e ideológica, van abriendo un camino que necesariamente debe afrontar, al igual que en Grecia, la convocatoria de movilizaciones superando la oposición de las cúpulas de CCOO y UGT.
En el ámbito político, la construcción del referente unitario requiere ineludiblemente la convergencia desde la base de la unidad real en la movilización social. Más allá de acuerdos cupulares, las condiciones de existencia del referente político de la izquierda real sólo pueden ser engendradas por la lucha obrera y popular. El acuerdo debe sustanciarse en torno a un programa independiente y diferenciado del de la izquierda adaptada al sistema. De nada sirven las autoproclamaciones o las llamadas a la unidad en abstracto. La expresión política del descontento social ha de asentarse sobre las dos patas del programa y la lucha. Corriente Roja mantiene su empeño en esta impostergable tarea.
Los que logren tener trabajo, trabajarán más y cobrarán menos
¡Ese es el “gran acuerdo” del pacto social!
Gobierno, patronal y CCOO y UGT se prodigan en elogios hacia el acuerdo firmado sobre las pensiones públicas y el “Pacto social”. Lo presentan, al igual que su coro de escritores pesebreros, como un ejercicio de “realismo”, que solo una minoría “de revolucionarios de salón que apuestan al maximalismo” no quiere entender.
Sin embargo, el repudio expreso a este acuerdo manifestado en la jornada de lucha del 27 de enero y el desacuerdo general entre los trabajadores hace que las propias encuestan señalen un rechazo del 70% de la población. Así pues, como diría el poeta Juan Ramón Jiménez, somos una “inmensa minoría” los que rechazamos esta capitulación vergonzosa a la que llaman Pacto.
Un enorme retroceso
En un país con cinco millones de parados/as y donde la tasa de desempleo juvenil supera el 40%, retrasar la edad de jubilación a los 67 años y exigir 38,5 años cotizados para jubilarse a los 65 ¿es un gran acuerdo? Ampliar el período de cómputo de 15 a 25 años, recortando las ya míseras pensiones entre un 20 y un 25% ¿es un gran acuerdo?
“Pero se pueden jubilar también con 65 años” claman cínicamente los defensores de esta tropelía. ¡Claro! Solo hace falta comenzar a trabajar a los 26 años y no quedarse en el paro ni un solo día de la vida hasta los 65 ¿Fácil no?
“Hemos salvado el sistema público de pensiones” gritan estos piadosos verdugos mientras matan al reo para que no sufra. Pero la amenaza a las pensiones viene de los que, con los Pactos de Toledo, eximieron al Estado de esta obligación social y ahora dedican todos los fondos públicos que hagan falta para salvar a los banqueros o privatizar las Cajas. La amenaza viene de mandar al desempleo a millones de trabajadores/as, impidiendo que coticen a la seguridad social.
Ahorrar a costa de los trabajadores para mantener los beneficios millonarios de los banqueros, derrochar en gastos militares o en salarios de privilegio de ministros, monarquía, diputados, consejeros y alcaldes no es salvar las pensiones. Es robar a los de abajo para mantener a los de arriba.
Mientras los parados siguen sin empleo, los que trabajen tendrán que trabajar más y ganar menos ¡Ese es el gran acuerdo!
Es una burla hablar de “negociación” porque CCOO y UGT se limitaron a avalar, en un acto de vasallaje, el plan del Gobierno, hecho al dictado de los Botín, la Unión Europea y el FMI.
El acuerdo es parte de un ataque general a los salarios, los directos y los diferidos (esos que se cobran en pensiones, indemnizaciones por despido, salud o educación). Representa un enorme retroceso para una conquista fundamental de la clase trabajadora, ya muy machacada. El Pacto supone un empobrecimiento general de los trabajadores/as y satisface los anhelos del capital financiero de desmontar las pensiones públicas para asegurarse el suculento negocio de las pensiones privadas.
Un pacto de “unidad nacional” que avala la política general del gobierno
El pacto es, además, un fraude antidemocrático que desnuda al régimen político. Sus “señorías”, los mismos diputados que van a votar que un trabajador normal deberá cotizar 38,5 años para jubilarse a los 65 con una pensión insuficiente, se aplican a sí mismos criterios bien diferentes. Les bastarán 7 años de “trabajo” para embolsarse la jubilación máxima… más su sueldos de asesores de empresas, expresidentes, etc,
Todos se felicitan de la paz social alcanzada, pero ¿de qué paz hablan cuando gobierno y patronal prosiguen su guerra social? En rigor, no es un pacto de paz social sino de pasividad social frente a la guerra declarada.
Estamos, en esencia, ante un pacto político de “unidad nacional” para sostener a Zapatero y al régimen monárquico y para avalar la política económica y social del gobierno, que tanto ZP como Rajoy van a seguir profundizando mientras se les deje.
Estamos ante una traición en toda la regla, un Pacto de Judas a cambio de dinero para sostener el desacreditado aparato de CCOO y UGT y de preservar y reforzar su papel institucional. CCOO y UGT han quedado convertidos en unos apéndices del gobierno para garantizar los planes del capital financiero.
UGT y CCOO intentan maniatar la capacidad de respuesta obrera. Por eso, tras el acuerdo, la patronal se crece con más despidos, incumplimiento de las cláusulas de revisión salarial, reducciones de sueldo, aumentos de jornadas y abusos tiránicos en muchas empresas.
Responder unidos
En las próximas semanas se prepara una ida a Madrid desde distintos puntos del Estado para hacer una gran manifestación contra el pensionazo y el pacto social el 12 de marzo. Desde Corriente Roja saludamos y apoyaremos con todo el empeño esta iniciativa de la oposición sindical, que ha de servir para profundizar las movilizaciones del 27 de Enero, seguir alentando la unidad del sindicalismo de clase y combativo y hacer que la clase obrera recupere una herramienta clave para plantar cara al gobierno y la patronal.
