La admisión por parte de la Gendarmería a la Justicia de la existencia de Proyecto X ‑una base de datos ilegal, inconstitucional y clandestina que tiene como fin la vigilancia sobre las personas- no sólo constituye un hecho inédito, sino que pone sobre el tapete cómo el Estado activa mecanismos para espiar, en especial, a sectores combativos de la clase obrera. Plazademayo.com accedió a varios documentos y archivos ‑documentos que están en poder de la justicia- que dan cuenta de este ejercicio prohibido por la ley.
Durante una manifestación realizada al calor del conflicto de la empresa estadounidense Kraft, un gendarme vestido de civil con una cámara de vídeo encendida se adentró en una asamblea obrera que se estaba realizando. Los trabajadores detectaron que tenía una actitud sospechosa, a pesar de vestir ropas de civil, y un miembro de la comisión interna se acercó y mantuvo el siguiente diálogo:
Trabajador: ‑Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas
Gendarme infiltrado de civil: ‑Prensa independiente amigo
Trabajador: ‑No, decime donde porque sino te sacamos a la mierda
Gendarme infiltrado de civil: ‑Yo me voy solo, no te hagas drama
Trabajador: ‑Bueno, andate
El video que ofrecemos a nuestros lectores en exclusiva fue aportado por la misma Gendarmería a la justicia en la causa contra los trabajadores por cortar la ruta Panamericana.
La historia de la nación está plagada de la realización de políticas clandestinas por parte del Estado, que actúa como si el complot fuera el motor de su mecanismo, como si fuera inherente a su funcionamiento. Las formas conspirativas requieren cuidados minuciosos, ya que se fundan en la paranoia, en este caso, en una paranoia estatal. Por eso la revelación de la existencia del Proyecto X por parte de la Gendarmería misma constituye un hecho inédito. Una fuerza de seguridad que responde al ministerio de Seguridad ‑dirigido por Nilda Garré- confirma que sostiene un organismo de inteligencia ilegal e inconstitucional. La Gendarmería está dirigida desde 2005 por el comandante Héctor Bernabé Schenone. Su responsabilidad sobre este organismo de inteligencia es inequívoca y debe dar explicaciones, si no renunciar ante la organización de semejante aparato de espionaje. Schenone en persona fue quien admitió ante la justicia la existencia de este organismo ilegal.
También existe la posibilidad de que las órdenes para la creación de Proyecto X hayan provenido desde el gobierno. En cualquier caso, la ministra Nilda Garré debe actuar frente a este atropello a las libertades democráticas. Las declaraciones en sede judicial que dieron cuenta de la existencia de Proyecto X se realizaron durante la gestión de Garré y señalaron a la “base de datos” en tiempo presente. En la secretaría de prensa de la gendarmería respondieron que no estaban “autorizados a dar ninguna información”. A pesar de reiterados pedidos, no hubo respuesta oficial por parte del ministerio de Seguridad de la Nación.
Según Myriam Bregman, los aportes realizados por Gendarmería a la Justicia dan cuenta de un refinado aparato de vigilancia de ciudadanos que incluye, entre las características a espiar, “si fuma, si es mujeriego, características de personalidad. Admiten que las operaciones se realizan de manera ‘discreta o encubierta (vistiendo ropas de civil)’, textualmente. La operativa explicada indica que es una base de datos orientativa para causas judiciales. Lo curioso es que detectamos, a través de las declaraciones de los propios gendarmes, que las causas en las que hacen trabajo de inteligencia se desarrollan con profusión en Zona Norte y en conflictos obreros. Construyeron un aparato de vigilancia que puede, incluso, dar características de los conflictos laborales caracterizándolos y a las distintas posiciones gremiales en juego. Es llamativo que hayan informes realizados por gendarmes desde el ministerio de Trabajo contando si las audiencias se alargan o acortan, cuando no tienen competencia en ese lugar”.
Las pruebas de la existencia de una base de datos ilegal en el Proyecto X son inequívocas. Gendarmes refirieron haber detectado la presencia del dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Luis Cubilla en la Panamericana los días 20 y 21 de agosto de 2009. Cubilla había fallecido al 11 de junio de 2009. La confusión prueba que disponían de los datos sobre este activista y que fueron a corroborar su presencia en el conflicto. Los gendarmes lo llaman: “Luis Cubillo, delegado CCC”.
En la causa que se tramita en la Secretaría Nº2 del Juzgado de Tres de Febrero contra los obreros de Kraft y militantes políticos que los apoyaron, como Néstor Pitrola, del Partido Obrero, o Vilma Ripoll, de Proyecto Sur ‑a quienes se les embargaron los bienes- el gendarme Raúl Ernesto Sheurman declara: “Llegamos al lugar, Panamericana altura Henry Ford, no me acuerdo si estaba cortado o no, y nuestra función allí es solamente observar quienes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al reestablecimiento del tránsito por vías alternativas se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial junto con el concesionario de la autopista. Que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y ‘determinar quienes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”. Da cuenta así de sus tareas de inteligencia. Luego señala que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares”.
Durante el conflicto, los gendarmes no sólo se dirigieron al corte en la Panamericana, sino que extendieron su vigilancia a lugares donde los obreros se reunían para planificar sus acciones de lucha: “A simple vista se pudo determinar que el lugar no se trata de una finca destinada a vivienda familiar, sino que se trata de un local utilizado para reuniones u organizaciones gremiales… Se observan movimientos en el domicilio, de aproximadamente 50 personas, quienes se encontraban reunidas, organizando una manifestación para el día 7 de mayo del año en curso a las 11:00 horas, frente a la empresa de referencia en protesta de los salarios percibidos”. Es el mismo gendarme Sheurman quien admite ‑y ofrece como prueba al juez- sus tareas de espionaje. Los datos aportados por los espías de la Gendarmería de Garré están encabezados con la siguiente frase: “Informe de los hechos producido por personal de inteligencia del Centro de Reunión de Información ‘Campo de Mayo’ de Gendarmería Nacional”.
Como dato curioso ‑y peligroso, a la vez que proveedor de los significados de esta época- habría que señalar que en la causa Kraft actuó el juez Juan Manuel Yajl, de penoso recuerdo al haber sido el magistrado que determinó la encarcelación del sindicalista ferroviario combativo Rubén Sobrero basado en pruebas inexistentes. La operación que culminó con el encarcelamiento de Sobrero contó con el respaldo del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y de la prensa adicta kirchnerista, que tituló un domingo: “Todas las pruebas para detener a Sobrero” en el diario Tiempo Argentino. Esas pruebas se habían “diluido” (SIC del juez) dos días después. En este informe realizado por la gendarmería, el espía señala que las órdenes de filmar, fotografiar e identificar a los activistas obreros provinieron del mencionado magistrado, a quien el servicio llama equivocadamente “Claudio”.
La ley 25.520 en su artículo 4º establece los límites de las tareas de inteligencia. Dice: “Ningún organismo de inteligencia podrá: Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.”
El Proyecto X escarba en las posiciones políticas de los activistas obreros en lucha. Su ilegalidad e inconstitucionalidad es manifiesta. La ministra Garré debe dar explicaciones y remover de sus cargos a los responsables de este aparato de espionaje digno de peores épocas de la nación, aunque la vigencia de estos métodos demuestre que los empresarios en connivencia con el gobierno y las fuerzas armadas sigan persiguiendo trabajadores conscientes, a quienes consideran perturbadores para la clase social a la que pertenecen.
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