Las recientes acometidas represivas llevadas a cabo por la Ertzantza en contra de sectores populares en diversos puntos de Euskal Herria con resultado de un ciudadano vasco muerto y varios heridos, algunos de suma gravedad, pone sobre la mesa de manera clara y concisa aspectos de la realidad vasca que exigen una urgente reflexión. No se puede considerar de ningún modo casualidad temporal, ni mucho menos minimizar los hechos protagonizados por la policía de Ares, aunque ese haya el objetivo de los responsables políticos de la situación y de la gran mayoría de medios de comunicación, tanto vascos como españoles, pues la actuación de los enmascarados policías autónomos es fruto simplemente de su propia concepción como cuerpo de seguridad del Estado que defiende unos objetivos determinados por la clase política y social a quien se debe.
Aunque en un inicio se intentó vender a la sociedad vasca, hastiada del maltrato, vejación, represión y desprecio a la que ha sido sometida por las fuerzas policiales españolas y francesas durante largas décadas, el espejismo de contar con una policía propia que velaría por sus intereses y su defensa con métodos democráticos y respetuosa con las libertades y los derechos humanos, poco tardó en darse cuenta del engaño y sufrir en carne propia las maneras del nuevo cuerpo represivo. Con la creación de la Ertzantza (más concretamente con el concepto que fue creada), el Estado conseguía de golpe dos objetivos esenciales: Por un lado, desvirtuaba el conflicto en sí mismo, haciendo ver que el conflicto era entre vascos (demócratas versus violentos), donde la Ertzantza sería la herramienta de defensa de la democracia misma. Y por otro, multiplicaba las fuerzas de ocupación, sus sistemas de información, inteligencia, control de la población, represión del movimiento popular, tecnificación, y creación de nuevas redes de confidentes y delatores, y ello a partir de una institución que se nos quiso hacer ver como propia de los ciudadanos vascos. Simplemente, el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar, y sería interminable enumerar los episodios donde la Ertzantza ha demostrado hasta la saciedad los verdaderos intereses que defiende y protege, que siempre son los mismos de los enemigos del proyecto de una Euskal Herria independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal, pues el conjunto de los sectores populares que se encuentran en todos o algunos de esos objetivos han sufrido de una u otra manera la represión de la policía autónoma.
Es preciso que la izquierda abertzale ponga de manera urgente sobre la mesa del debate político el modelo policial que Euskal Herria necesita, más aún en estos momentos donde la esperanza de un futuro sin violencia quiere ir abriendo las puertas para instalarse de manera definitiva en la sociedad vasca. La convivencia entre un proceso de paz, de un discurso pacifista incluso, con la más vil de las intervenciones policiales en contra de diversos sectores populares es incompatible, y exige que la sociedad vasca no permita que aquellos a quienes nada interesa el cambio en nuestra sociedad impongan una agenda violenta y represiva pues el futuro del propio proceso podría ponerse en cuestión. Es preciso encontrar la manera, social y políticamente hablando, de pararles los pies a los saboteadores pues de no hacerlo, multiplicando la movilización popular y la denuncia, las consecuencias podrían ser desastrosas.
Otro tanto podemos decir de la presencia en las calles de nuestros pueblos, ciudades, montes, carreteras y caminos de las fuerzas de ocupación españolas y francesas y sus servicios de inteligencia, que con su sola presencia hipotecan un futuro en libertad de la sociedad vasca, como chantaje permanente hacia el movimiento popular socialista e independentista, suerte de espada de Damocles con la que se amenaza permanentemente ante cualquier decisión “incorrecta” de la ciudadanía vasca. Una vez más, la incompatibilidad entre la asfixiante presencia de las fuerzas de ocupación españolas y francesas y cualquier decisión en libertad del pueblo vasco se hace patente. Y no se ve otra solución que su retirada de Euskal Herria, así sea ordenada y escalonada, para que nuestra sociedad respire por fin aires de libertad y pueda desarrollar libremente sus deseos más sentidos y dejen de ser una amenaza constante a la consecución libre y democrática de cualquier proyecto político que cuente con la aprobación mayoritaria de los vascos y las vascas.
Desde la muerte de Franco, los estados español y francés decretaron en Euskal Herria un estado de excepción permanente que ha convertido a las tierras vascas en un verdadero laboratorio represivo donde se experimenta con las nuevas tecnologías y métodos de control de población donde todo vale para atacar y acabar con la disidencia. Hemos sido testigos en los últimos años de asesinatos, torturas, palizas a presos y sus familiares, secuestros, desapariciones, introducción a gran escala de drogas entre la juventud, macabras campañas de prensa, ilegalizaciones y prohibiciones, represión contra cualquier manifestación del movimiento popular… en un todo que demuestra la estrategia de aniquilación de una parte de la sociedad vasca programada por los dos estados, que han contado con el silencio cuando no apoyo de la clase política y la colaboración total de la mayoría de los medios de comunicación, que basan su intervención en nuestra tierra como típico ejemplo de periodismo de guerra psicológica, manipulando conciencias, silenciando información y vilipendiando siempre a la izquierda abertzale.
Para los enemigos del proyecto popular e independentista vasco, la desmilitarización de Euskal Herria pasa únicamente por el desarme y disolución de ETA y de sus estructuras militares, asuntos que en una situación normalizada y consolidada tendrán que darse. Pero olvidan que han convertido a Euskal Herria en una fortaleza represiva sin comparación posible con ningún otro territorio europeo, y salvo en Palestina y otros lugares de Oriente Próximo o Colombia, casi sin igual en otra parte del mundo. Es por lo tanto imprescindible que ETA y los Estados español y francés abran una mesa de diálogo para superar la situación militarizada en la que se encuentra la sociedad vasca. Porque no es posible un futuro en libertad en las actuales coordenadas, de igual manera que el regreso a sus pueblos de presos y refugiados para cerrar las consecuencias más dolorosas del conflicto.
La sociedad en Euskal Herria está obligada a ser consciente de la situación, pero sobre todo debe ir desarrollando los debates y presiones necesarios para hacer ver a los Estados que su componente militar es incompatible con una situación de paz. Desarrollando un modelo policial y de seguridad que sirva a los y las ciudadanos y ciudadanas en contrapeso al actual que para lo único que sirve es para causar terror, desmovilizar y defender intereses que nada tienen que ver con el pueblo trabajador vasco.