Cinco historias contadas por cinco directores; la trayectoria personal de cinco presos políticos vascos dispuesta a modo de radiografía de una parte del conflicto, eso es «Barrura begiratzeko leihoak («Ventanas al interior»), un documental que se enfrentó ayer por fin con el público, aunque, como siempre, con problemas y petición de ilegalización incluida.
Te puede gustar o no su mensaje ‑humanidad y reconciliación, básicamente‑, puedes estar de acuerdo o no con lo que cuentan o mantengan sus protagonistas, pero lo que no se puede decir de «Barrura begiratzeko leihoak (Ventanas al interior)» es que cinematográfica sea un mal documental, ni que no de pie al debate, algo que siempre resulta enriquecedor. El documental producido por Zinez y dirigido por Txaber Larreategi, Josu Martínez, Mireia Gabilondo, Enara Goikoetxea y Eneko Olasagasti se proyectó ayer por la tarde-noche en dos pases privados en el teatro Victoria Eugenia de Donostia, alquilado para la ocasión a Donostia Kultura y su primer enfrentamiento a la gran pantalla y al público no pudo ser más contundente, ya que, en ambos pases, las proyecciones se cerraron entre aplausos y con el público en pie, en el caso del pase de las 19.00.
Una proyección que parecía incluso que podría haber peligrado ante la petición de prohibición realizada ante el fiscal de la Audiencia Nacional por Carlos Urquijo, el delegado del Gobierno. Porque de este documental «se ha hablado sin haberlo visto», como se apuntó ayer en la presentación. A través del exilio de la portugaluja miembro de Segi Irati Tobar ‑por cierto, ya en libertad, asistió ayer al primer pase‑, se nos conduce hasta la vida en la calle el ex preso Jon Ugarte Zinkunegi ‑con momentos divertidísimos‑, pasando por la resistencia de Gotzone Lopez de Luzuriaga ‑con cáncer y aplicada la denominada ley Parot, cuya voz se escucha a través de los cientos de cintas grabadas por su madre con sus llamadas telefónicas-; el encarcelamiento y enjuiciamente del profesor de Universidad y miembro del consejo de administración de Egin Jesus Mari Zalakain y el interesante encuentro veinte años más tarde del preso y escritor Mikel Albisu Antza con un amigo, el cineasta Eneko Olasagasti.
A los pases habían sido invitadas las personas que colaboraron en la realización de la película de manera desinteresada aportando su propio dinero en forma de crowdfundig, cuando Zinez optó por renunciar a la subvención de 9.000 euros otorgada por el Ayuntamiento de Donostia vista la tormenta política suscitada por PNV, PP y PSE por la subvención de 9.000 euros que le había otorgado el Ayuntamiento de Donostia. La cosa llegó a tal punto que hasta el Gobierno español amenazó con la ilegalización de Bildu.
Aquello fue en junio. En julio pasado, un nutrido grupo de personas vinculadas a la cultura, como Nestor Basterretxea, Kirmen Uribe o Fermin Muguruza, suscribieron un manifiesto en el que denunciaban la persecución y la censura a la que ha sido sometida Zinez, entidad encargada de producir el largometraje que ha sido objeto de una campaña de acoso pese a que ni siquiera se ha estrenado.
A principios de este mes, se conocía que el Festival de Cine de Donostia había decidido no seleccionar la película ‑aunque su director negó que hubieran recibido presiones políticas- y el particular vía crucis del documental continuaba ayer, cuando el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, se descolgaba con una petición y una amenaza en sendas cartas remitidas al fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y al alcalde de Donostia, Juan Karlos Izagirre. Al primero le informaba de que había tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, de la proyección en pase privado «el martes 11» de la película sobre varios presos de ETA, «entre ellos el histórico exjefe Mikel Albisu (Antza)». «Tal actuación ‑apuntaba- podría vulnerar lo previsto en la Ley 29⁄2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo y la ley del Parlamento Vasco 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, e incluso ser constitutiva de delito, por lo que lo pongo en su conocimiento a los efectos que considere oportunos».
Al alcalde de Donostia le exigía que impidiera la exhibición, «advirtiéndole de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, que podrían derivarse» si desatiendiese su orden.
