En la actualidad el ataque y retroceso de «lo público», peligran aún más con los nuevos intentos privatizadores del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid y el RD-ley que estamos comentando. Que duda cabe que el sistema sanitario público en Andalucía y en el resto del Estado español ha supuesto un logro que debe defenderse «con uñas y dientes» como una conquista de la clase trabajadora. Un avance en muchos sentidos, sobre todo en lo que respecta a su universalidad y la calidad de la atención y formación de sus profesionales sanitarios y no sanitarios. Que pese a los problemas de raíz, las personas se forman, se involucran y dan lo mejor de sí cuando saben que atienden a todas y a todos, cuando se saben parte de un colectivo de un bien común. Ese aspecto subjetivo tan importante es el que quizás, haya impedido y esté impidiendo que no todos los intentos privatizadores se hayan podido implantar.
Todas las mejoras conseguidas en el ámbito sanitario, pese a todos los retrocesos y problemas comentados, se hacen más evidentes cuando lo comparamos con otros países capitalistas más ricos y reaccionarios ‑en términos globales- como Estados Unidos o Alemania. El SNS del Estado español es, pese al tópico xenófobo y las tesis racistas de la ineptitud de los pueblos del sur de Europa, del menos malo del mundo y sus profesionales y su organización en general son mucho mejores si lo comparamos con otros países anglosajones. Reciente tenemos el mayor escándalo sanitario producido en Gran Bretaña, en donde el gobierno ha tenido que reconocer, y pedir perdón, por la muerte de más de 20.000 pacientes de mayor edad. Al menos catorce hospitales están hasta ahora involucrados, sobre todo en el centro de Inglaterra, en el condado de Stattfordshite, donde los pacientes se vieron privados de la atención más elemental, como agua y alimentos. Esta situación de las también supuestas bondades del estado de «bienestar» viene de antiguo con las medidas decretadas por Margaret Tatcher que introdujo modelos de gestión privada en los hospitales públicos, y que han continuado en los posteriores y diferentes gobiernos hasta la actualidad con una política sanitaria centrada en el control del gasto y una desidia e indiferencia de los responsables políticos, sanitarios y gestores profesionales por la calidad y por la salud de su población enferma.
