Los negacionistas de la tortura ensalzan el discurso sobre las víctimas de ETA del catedrático Emérito de Ética de la Universidad de Deusto Xabier Etxeberria, pero ocultan que este reconoce la existencia de víctimas del terrorismo «tanto por parte de ETA como por parte del Estado» y que considera a las víctimas de la tortura a las que el Estado niega su condición de tales como víctimas del peor de los terrorismos de Estado.
En efecto, ocultan que Etxeberria distingue dos tipos de víctimas del terrorismo. Por una parte, las víctimas de una violencia ilegítima practicada por «grupos con motivación política armados frente al Estado». Por otra, las causadas por «el propio Estado a través de una violencia que quebranta gravemente los derechos humanos y que tiene en la tortura su expresión máxima, terrorismo de Estado».
Los negacionistas de la tortura también ocultan que, segùn Etxeberria, «la tortura no se ha desterrado, se ha hecho secreta», y que «este secretismo, por un lado, garantiza la impunidad del torturador y, por otro, deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no solo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».
Valiéndose de ese secretismo, tan certeramente denunciado por Xabier Etxeberria, las autoridades españolas han negado durante décadas su condición de víctimas a miles de personas que han alegado haber sufrido torturas, exigiéndoles pruebas que el régimen de incomunicación hace casi siempre imposibles. Y lo que es aún mucho peor, han tratado y siguen tratando a esas víctimas del terrorismo de Estado de mentirosas y de seguir consignas para denunciar torturas inexistentes.
Además, dichas autoridades no solo se oponen frontalmente a calificar de terroristas algunas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado español tras la entrada en vigor de la Constitución, a finales de 1978, sino también a que se califiquen como tales gravísimas violaciones cometidas durante el franquismo.
Los franquistas y sus herederos del PP siempre han procurado que las centenares de miles de víctimas del franquismo, además de bajo tierra, se pudran en el olvido. No es de extrañar que así actúen, pero sí lo es que el PSOE dejara pasar más de treinta largos años desde la muerte del dictador para promover la Ley de Memoria Histórica. Una ley que, encima, siguió dejando aparcada toda justicia para las víctimas del franquismo y que se niega a reconocer que estas fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Ni una sola de las víctimas del franquismo es considerada como víctima del terrorismo de Estado en dicha ley y tampoco se les reconoció como tales en el decreto sobre víctimas de motivación política que el PSOE promovió en el Parlamento Vasco aunque en su informe preliminar se dijera literalmente que la represión franquista «se ejercía desde el aparato del Estado» y buscaba «la generalización de un estado de terror en la población que impidiera la extensión de la reivindicación democrática».
Así, por una parte, afirmaron que, durante el franquismo, «el aparato del Estado» buscaba, mediante la represión, «la generalización de un estado de terror». Por otra, sin embargo, negaron rotundamente que se pudiera calificar a las víctimas de esa represión como víctimas del terrorismo de Estado.
Y si actúan así con respecto al franquismo, ni qué decir tiene cómo lo hacen respecto a la etapa posterior. Aunque el PP culpe al PSOE de la organización de los atentados terroristas reivindicados usando las siglas GAL, la tesis oficial de ambos partidos es que al Estado español no se le puede achacar ni en el pasado franquista, ni mucho menos posteriormente, terrorismo de Estado alguno.
Por eso se empeñan en calificar como «abusos policiales» gravísimas violaciones de derechos humanos como el asesinato de cinco trabajadores en Gasteiz el 3 de marzo de 1976. O las terribles torturas que provocaron la muerte de Joxe Arregi, el 13 de febrero de 1981.
En el caso de Arregi, tras escudarse una y otra vez en versiones inverosímiles, al final no tuvieron otro remedio que reconocer que fue torturado, debido a las quemaduras de cigarrillos que presentaba en la planta de los pies, pero en el de otros torturados hasta la muerte, como Mikel Zabalza, siguen negándolo.
Además, cuando no tienen otro remedio que reconocer los crímenes, tratan de ocultar la responsabilidad del Estado, descargándola sobre unos simples agentes de la autoridad que habrían cometido excesos. De ahí el empeño en imponer esa terminología de «abusos o excesos policiales» y el rechazo frontal a que se hable de terrorismo de Estado.
Cabe remarcar al respecto que, según Igor Primoratz, catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el terrorismo de Estado es, con diferencia, el peor de los terrorismos. Sobre todo, porque «no puede sino estar agravado por el secreto, el engaño y la hipocresía», ya que «cuando un Estado está implicado en el terrorismo, ya sea perpetrado por sus propios agentes o por intermediarios, lo hace clandestinamente, negando cualquier implicación, y declarando su adhesión a los valores y principios que lo prohíben».
Eso es lo que han hecho y siguen haciendo las autoridades españolas a las que el lehendakari Urkullu no ha tenido nada que reprochar en el acto de homenaje a las victimas del terrorismo. Un homenaje del que ha excluido a miles de víctimas del terrorismo de Estado y en el que ni siquiera se ha dignado a mostrar su pesar por la muerte en prisión de Xabier Rey, torturado en su día y sometido después, durante diez largos años, a unas durísimas condiciones carcelarias a mil kilómetros de su familia.
¿Actuará igual el año que viene?
Xabier Makazaga, investigador del terrorismo de Estado
13 de marzo de 2018
