El Secretariado de las FARC ha metido a sus combatientes desmovilizados y a sus activistas y líderes sociales en un gran trampa mortal
Hasta que me reuní con Timochenko en mi último viaje a Cuba, previo al sorpresivo anuncio del mal llamado Acuerdo de Paz de la Habana, firmado el 26 de septiembre del 2016, no sospechaba que al interior de las FARC-EP predominaba una corriente que aceptaría una Pax claudicante.
Previo a ese momento no conocía a ese personaje, ni su entorno, ni el significado real de su ascenso a la jefatura de las FARC después de la captura y asesinato del comandante Alfonso Cano.
Mis interlocutores a lo largo de las relaciones entre nuestras organizaciones revolucionarias habían sido principalmente los comandantes Manuel Marulanda, Jorge Briceño (Mono Jojoy), Raúl Reyes, Ricardo Téllez (Rodrigo Granda), Joaquín Gómez, Lucía, Jesús Santrich, Iván Márquez y otros.
Con Iván Márquez y Jesús Santrich sostuve incontables conversaciones y forjé una intensa camaradería y una gran amistad. Visité clandestinamente en muchas ocasiones sus campamentos móviles, como también en dos oportunidades pasé sendas semanas con el comandante Raúl Reyes.
De todos ellos siempre recibí claridad de propósitos y expresiones de firmeza, en nada compatibles con el desarme y la desmovilización unilateral de las FARC, la aceptación pura y simple de la precaria legalidad ofrecida por un Estado Terrorista, la permanencia del paramilitarismo criminal y de la intervención militar de EEUU con sus 7 bases militares y la renuncia a una Asamblea Constituyente que ofreciera la posibilidad de refundar al Estado colombiano y democratizar la sociedad.
Primeras señales de la claudicación: intercambio con Timochenko
Sin embargo, en el referido intercambio con Timochenko en Cuba (28 de octubre 2015), que duró casi dos horas, aprecié de su parte una marcada tendencia a aceptar un acuerdo sin esas garantías, sin esos «seguros de vida y existencia» bien merecidos; algo que me llenó de preocupaciones y traté de contrarrestar en el acto sin resultados favorables.
Sospeché y confirmé que tras la aparente férrea unidad de las FARC-EP se desarrollaban contradicciones de consecuencias impredecibles. Y a menos de un año de pensarlo y constatarlo, se precipitó ese acuerdo de cúpulas con la aceptación por el Secretariado de esa organización político-militar de una especie de Pax chueca, aupada por una tendencia claudicante que ha metido a sus combatientes desmovilizados y a sus activistas y líderes sociales en un gran trampa mortal.
Mi reacción crítica de ese desenlace indeseable -perjudicial para la insurgencia y el pueblo colombiano, para Venezuela bolivariana asediada por EEUU y las mafias derechistas, y para América Latina y el Caribe sometida a una feroz contraofensiva imperialista- es bien conocida: rechacé ese paso y señalé en múltiples formas y oportunidades, con toda responsabilidad, que no era cierto que en Colombia se iniciaba un real proceso de paz, sino más bien la rendición de la dirección hegemónica de su principal fuerza insurgente, que se traduciría en dispersión y pérdida de influencia del conjunto, en nuevos programas criminales contra sus cuadros más consecuentes, y en situaciones parecidas a las que se vivieron cuando la salida legal de la Unión Patriótica, víctima de 4.000 asesinatos.
Clamé por qué no se entregaran las armas dejando intacta la maquinaria de guerra y todo el aparato criminal y para-estatal del régimen opresor y EEUU, emplazado en territorio colombiano.
Clamé por qué no se abandonara la demanda de la Asamblea Constituyente Soberana, los reclamos de cambios estructurales, el recate de la soberanía y la constitucionalización de los acuerdos.
Apelé al pensamiento del Comandante Manuel Marulanda, siempre opuesto a disolver en una mesa de negociación el ejército popular fariano forjado a base enormes sacrificios e intrépidas hazañas.
No lo hice por joder. No lo hice apegado a un simple radicalismo verbal. Tampoco por la indignación que me causaba la «orden de captura del Estado colombiano» y la pérfida «ficha azul de la Interpol-CIA» que todavía pesan en mi contra.
En mi accionar político no priman las reacciones y/o intereses personales, sino principios.
Asumimos la solidaridad y alianza estratégica con las FARC-EP a plena conciencia de los riesgos, como lo hice con el FMLN de El Salvador, la URNG de Guatemala y el Frente Sandinista de Nicaragua, entre otros casos; a plena conciencia de que el tema FARC era más peligroso que los anteriores.
Por respuesta oficial recibí un ataque despiadado y mentiroso del entorno de Timochenko, especialmente de uno de sus principales asesores, un tal Gabriel Angel, el mismo que ahora le exige al comandante Santrich, vilmente calumniado, que «pruebe su inocencia»; mientras Rodrigo Londoño (Timochenko) guardaba silencio frente a su injusta prisión y su eventual extradición a EEUU.
Súper-diligentes ante el apresamiento y la acusación de corrupción a Lula, pese a sus evidentes complicidades con la corruptela de Odebrecht; y negligentes en extremo ante la agresión ominosa a uno de sus más dignos compañeros de armas.
La decorosa rebeldía de Santricht explica esa represalia y el inicio del corte criminal en las alturas
En esa ocasión, a manera de «reacción no oficial», recibí una llamada telefónica del camarada Santrich desde la Habana, expresándome respeto y solidaridad y asegurándome que lucharía contra quienes pretendía disolver lo que tanta sangre y sacrificios había costado.
Consideraciones sobre la gravedad de ese viraje oportunista de la dirección hegemónica de FARC-EP fueron sustentadas posteriormente por el propio Santrich, así como su rebeldía unilateral en ocasión de su huelga de hambre por el incumplimiento de lo relacionado con la liberación de los presos de guerra de las FARC.
El ELN, por demás, ha dado constancia pública de la sabia advertencia de Santrich para que esa organización no cometa el grave error del Secretariado fariano en materia de gestión de paz.
Desde entonces me embargó una gran preocupación por la vida de ese valioso camarada en medio de la frágil legalidad establecida, como la que ahora me embarga por las amenazas que se ciernen contra Iván Márquez y contra todos/as aquellos/as capaces de reaccionar contestariamente frente a la trampa tendida, cada vez más evidente; que ha sido posible de instrumentar no solo por la perversidad de Santos, Uribe, CÍA, Mossad y comparsa, sino también por las traiciones internas y/o abandono definitivo del compromiso revolucionario de importantes dirigentes de la insurgencia.
En lo más íntimo de mí ser, no quería tener razón en lo que se derivaría de esa claudicación. Pero los hechos no dan lugar a equívocos, mientras las traiciones se evidencian y hieden.
Balance trágico
La comisión fiscalizadora de la ONU ha declarado que el vulnerable acuerdo pactado, violado en alto grado por el Estado y el poder oligárquico colombiano y EEUU, solo se ha cumplido en un 18%.
Desde la firma de los «acuerdos de paz» han aumentado los asesinatos y las agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Más de 60 guerrilleros de las FARC-EP han sido asesinados por el ejército y fuerzas paramilitares.
El resultado de un estudio conjunto del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), titulado Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre del 2017, da cuenta de que el año pasado hubo en total de 98 homicidios y 3 desapariciones forzadas de luchadores y luchadoras pertenecientes a Marcha Patriótica y dirigentes y activistas de los movimientos sociales en lucha.
En este 2018 se han incrementado los crímenes políticos y se ha estimado que desde la firma de los acuerdos a la fecha las víctimas del terrorismo de Estado sobrepasan el número de 200.
Y recientemente, con el apresamiento y la acusación mendaz contra el comandante Jesús Santrich, se ha iniciado la venganza contra las principales figuras de las FARC-EP criminalizada por EEUU y el Gobierno colombiano, muy especialmente contra aquellos/as que no entienden la paz como renegación o traición.
Influyentes medios de presa estadounidenses y colombianos lucen estar preparando procesos similares contra los/as dirigentes calificados de «radicales» y, entre ellos se destacan los señalamientos contra Iván Márquez derivados del expediente que se le está fabricando a Santrich.
Sería tonto pensar que los asesinatos, las extradiciones y otras diabluras del régimen no se extenderán y no se emplearán contra todos/as los/as que no han traicionado o renegado de sus ideas originales.
El espacio «legal» concedido a las FARC es una encerrona que actúa además generando justas desconfianzas, dispersando sus fuerzas, reduciendo su influencia y condenándola a la marginalidad electoral como lo evidenciaron los recientes comicios.
Es, además, un espacio de alto riesgo para la existencia libre y la vida misma de quienes no abandonen las ideas revolucionarias.
En ese contexto, con ese cuadro dramático y esas amenazas por delante, persistir en respetar esa paz signada por la claudicación raya en la traición, no solo a lo que por más de medio siglo representó la FARC de Manuel Marulanda, sino a todo el movimiento revolucionario colombiano.
Es obvio -y significativas deserciones iniciales frente al viraje derechoso, junto a la reciente actitud de rebeldía del comandante Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (alias «El paisa«, «Oscar Montero» o «El paisa Oscar», comandante guerrillero de la FARC y jefe de la Columna Móvil Teófilo Forero, la que fuera una de las unidades más eficaces), confirman la tendencia de no pocos efectivos de la insurgencia fariana a resistirse a la desmovilización y al desarme unilateral en tales condiciones; mientras otros/as se podrían poner a buen reguardo y deben estar pensado en salir de la encerrona.
Por su parte, para el ELN esta ha sido una gran y oportuna lección que le permite, como en efecto lo ha estado haciendo, mirarse en ese espejo para no aceptar una Pax claudicante.
No es que esa paz está en peligro, como dice la alta jerarquía de la Iglesia Católica y ciertos políticos sensatos, es que ella no existe.
Ese proceso y ese acuerdo de Pax fracasaron y por esa ilusión inducida se está pagando un alto precio que hay que detener y revertir.
¿Cómo?
A las fuerzas que protagonizaron esa insurgencia heroica, por el momento sensiblemente diezmada y dislocada, y a todo el movimiento anti-imperialista y anticapitalista colombiano, les corresponde buscar formas y vías para hacerlo hasta lograr la recomposición y relanzamiento en grande de las luchas transformadoras.
¡Ojalá logren evitar ser masacrados, arrinconados y dispersados en mayor escala por las bestias al servicio de Santos, Uribe, el Pentágono, la CÍA y Trump!
¡Ojala! El pueblo colombiano y Nuestra América se lo agradecerán.
«Radicales»: El mote para condenar a muerte o extraditar revolucionarios en Colombia
A la PAX chueca o «chimba» le acompaña ponerle el mote de «radicales» a quienes aspiraron y aspiran, lucharon y luchan por una paz digna y verdadera.
Confabulación de poderes y renegados
Estoy convencido de que el acuerdo que dio paso a esa PAX plagada de hipocresías y falsedades -seguida de asesinatos, persecuciones, expedientes falsos, retención de presos políticos, incumplimiento de lo acordado en un 82%…- fue el producto de una confabulación del presidente Juan Manuel Santos, tutelado por EEUU (Pentágono, CÍA, Obama, Trump…) y el componente hegemónico-determinante de la dirección central de la FARC-EP; previa y soterradamente rendido, doblegado y decidido a no continuar la pelea, a no seguirse sacrificando y arriesgando; dispuesto esencialmente a aceptar el sistema jurídico-institucional del Estado Terrorista colombiano intervenido por EEUU (bases militares incluidas), tal y como acontece ahora.
Eso estuvo precedido de la desaparición de importantes pilares de la insurgencia: Manuel Marulanda, fallecido por el peso de los años, y Raúl Reyes, Iván Ríos, Jorge Briceño (Mono Jo Joy), Alfonso Cano… liquidados en operaciones militares «quirúrgicas» a cargo de la CÍA, el MOSAAD, el PENTÁGONO y el alto mando militar colombiano; factor que debilitó la conducción y la firmeza político-militar de esa organización insurgente.
Desenlace «pacífico» manipulado
El desenlace de las negociaciones fue impuesto desde arriba, empleando la enorme influencia del liderazgo histórico y el centralismo extremo de una organización político-militar, sin que esto implicara unanimidad en el alto mando y mucho menos en otros niveles de la organización.
Al paso de los años y del empleo de enormes y eficaces recursos técnicos dedicados al espionaje sofisticado y a la siembra de vacilaciones y traiciones, el enemigo pudo detectar quien era quien: las fortalezas y las debilidades del conjunto y la proclividad o no de unos y otros al ablandamiento, cooptación y/o rendición por cansancio a nivel de los mandos superiores y medios. Y actúo en consecuencia, combinando las acciones militares selectivas y las influencias ideológicas capaces de convertir actitudes revolucionarias en posiciones reformistas.
El corral impuesto para facilitar la cacería
Consumado el viraje al oportunismo legal de las FARC, al acuerdo con entrega unilateral de armas, sin convocatoria de Constituyente, con el Estado terrorista y el paramilitarismo intactos (bases militares estadounidenses y mecanismos de intervención y tutela militar, narco-poderes, falsos-positivos, masacres, fosas comunes, expedientes falsos, moto-sierras…), el PODER CONSTITUIDO acorraló, entrampó, a una parte significativa de las estructuras farianas desmovilizadas y provocó de paso -como vía intuitiva de sobrevivencia- la dispersión de otra gran parte resistente a la desmovilización y al desarme.
De inmediato ese poder procedió al corte selectivo de cabezas y a la nueva modalidad de «falsos positivos»: los expedientes por narco-corrupción instrumentados por un narco-Estado y el destape del recurso de las extradiciones «made in usa» contra quienes no han aceptado su PAX falsificada con probada y evidente docilidad y supeditación al marco jurídico-político del neo-santanderismo y al consiguiente coloniaje.
A esta nefasta fase de criminalización del rechazo a la claudicación, responden los nuevos asesinatos políticos, las retenciones de presos que debieron amnistiarse, las nuevas persecuciones y expedientes perversamente fabricados, como el que se le ha instrumentado al comandante Jesús Santrich y se le quiere instrumentar a Iván Márquez y a otros/as combatientes.
El radicalismo como estigma para instrumentar represalias
Con esos fines se ha apelado al mote de «radicales», esto es, a la estigmatización de la disidencia y el cuestionamiento a esa modalidad de paz a beneficio exclusivo del poder guerrerista y criminal entronizado en el país, en nuestra América y en el mundo.
Portavoces, bocinas, medios e intelectuales al servicio del poder constituido han puesto en marcha así un intensa y diversificada campaña mediante la cual se acusa de «radicales» a componentes del partido legal FARC identificados/as como no totalmente plegados al acuerdo impuesto; mientras elogian al sector que lo acepta y mendiga, y a sus figuras más destacadas.
Curiosamente el calificativo de «radicales» es esgrimido también contra el sector revolucionario por integrantes de la facción del partido FARC que han aceptado la convivencia con el viejo orden y se limitan a reclamar con discursos blandos e iniciativas destempladas el cumplimiento por el Estado del Acuerdo de la Habana, a sabiendas de que el poder establecido lo mutiló con su anuencia y no habrá de cumplir las partes más sensibles de lo acordado; dado que la FARC-EP, en buena medida desarmada y en gran medida dispersa, dejó de ser el contrapeso necesario para obligar a cumplirlos.
Los «radicales» son los malvados a sacar de circulación; y los «sensatos» y «ecuánimes» son los que se acomodan a la dictadura de clase y de mafias, y a sus artificios electorales manipulables.
El jabón en el sancocho
La purga desde fuera y desde dentro está en marcha para tratar de disminuir y domesticar las bases populares y los dirigentes intermedios de la FARC «legal» y gran parte del acumulado histórico de la insurgencia heroica, procurar su integración al sistema sin sobre-saltos y evitar a toda costa un repliegue que desentrampe fuerzas acorraladas y facilite iniciativas que den paso al reagrupamiento de una nueva resistencia popular-nacional en el contexto de una crisis sistémica que no deja de expandirse y profundizarse.
El caso Santrich sacó a flote el cobre corroído de un trofeo recubierto de un baño «de pan de oro falso», presentado por gobierno y traidores como símbolo de una estafa a nombre de una PAX cimentada en falsos positivos impunes y en bases militares yanquis intocadas. Y está operando como «un jabón en sancocho paisa» y como alerta contra esa pendiente enjabonada hacia la fosa común y las cárceles del imperio.
Narciso Isa Conde
16 de mayo de 2018
