Algo de historia
El 25 de octubre de 1979 fue aprobado en referéndum el flamante Estatuto de la Comunidad Autónoma Vasca. Digo flamante porque, según se prometía, con el «Sí» las opuestas clases sociales y fuerzas políticas entonces existentes iban a instaurar una «democracia» que aun amputada por y supeditada a la Constitución monárquica aprobada en España un año antes, pero no en Euskal Herria, se nos aseguraba que abriría un futuro esplendoroso en el que todo sería posible. El PNV y la mayoría de partidos aseguraban que tanto la Constitución como el Estatuto tenían mecanismos internos que permitirían la unificación de los territorios vascos y el desarrollo pleno de los derechos sociales, nacionales y democráticos.
Exceptuando, por la izquierda, al independentismo socialista y otras organizaciones revolucionarias, y, por la derecha, a los franquistas descarados o disfrazados de «demócratas de toda la vida», el resto de las fuerzas políticas veía el Estatuto como «el primer paso…» bien para una autonomía mayor e incluso algunos pocos para la independencia burguesa, bien para dividir y derrotar a la poderosa izquierda vasca. Este segundo objetivo era asumido como prioritario e inmediato por el PSOE y el PNV, incluso más importante que el desarrollo pleno del Estatuto. Las diferentes secciones geográficas de la burguesía estatal eran muy conscientes de que el verdadero enemigo a batir no era una tímida reivindicación autonomista de las bases populares del PNV sino la fuerza obrera y popular de la izquierda vasca en la que el independentismo socialista era determinante.
Aprovechando la genuflexión del PCE y de otras izquierdas estatales ante el rey y el capital, con un ejército decidido a mantener la unidad del Estado y amparándose en la provocada chapuza del tejerazo de 1981, se dictó la LOAPA que cortaba de cuajo el desarrollo autonómico posterior. Bajo esta involución se presionó para abortar cualquier posibilidad de unificación nacional de la parte de Euskal Herria bajo dominación española. En 1982, la burguesía le negó al pueblo navarro el derecho a votar en referéndum si aceptaba o no la soga en el cuello denominada Comunidad Foral y en 1984 se creó el Gobierno de Navarra. Las claudicaciones del PNV llevaron a su escisión y a la aparición de Eusko Alkartasuna en 1986.
Para entonces era innegable que el Estatuto era un instrumento de dominación sociopolítica y de enriquecimiento burgués y, ante la fuerza de masas de la izquierda abertzale, la mayoría compuesta por PNV-EA-Euskadiko Eskerra en el Parlamento de Gasteiz aprobó el 16 de febrero de 1990 una declaración en defensa del derecho de autodeterminación. Naturalmente, no sirvió para nada excepto para seguir engañando a los ilusos: el Estado la ignoró, la prensa la ridiculizó, la burocracia autonomista la olvidó, la patronal la despreció… pero muchas personas detenidas tuvieron que aguantar los chistes de los torturadores.
Parecía que con la llamada España de las Autonomías por fin entraba en vías de solución uno de los principales problemas históricos que pudrían internamente el fracasado marco de acumulación de capital llamado España. La incapacidad del Estado para desarrollarse como «clase nacional» incluso negociando cesiones con otras burguesías «periféricas» o «regionales» podía irse resolviendo una vez que las dos naciones más resistentes hasta ese momento, Catalunya y Euskal Herria, habían entrado en el redil del Estado de las Autonomías. Hay que decir que la inexistencia de una burguesía estatal que también fuera «clase nacional» en el sentido pleno de la palabra, era y sigue siendo parte de la debilidad estructural del capitalismo afectado también por un atraso creciente e insuperable en la productividad del trabajo, por una corrupción endémica que a finales de 2018 le suponía una pérdida anual equivalente a casi el 8% del PIB1 y por el plomizo peso muerto de la casta religioso-militar económicamente insertada en el núcleo de la burguesía estatal.
Las cuatro quiebras internas, más otras menores que se sustentan en ellas, generan una sinergia destructiva que, a su vez y para su desarrollo, exige de un autoritarismo material y simbólico, profundo, emocional e inconsciente en el núcleo decisorio de la burguesía estatal, como si fuera un «código genético-cultural» incompatible con toda democracia. La monarquía militar, la dictadura encubierta del Ibex 35, el poder incomprensible que tiene el Vaticano en el Estado español mediante su embajada, la Conferencia Episcopal, la impunidad de la industria político-mediática de manipulación de masas, el débil repudio social a la corrupción político-económica, el profundo terrorismo físico y moral del patriarcado español, el desprecio cuasi esclavista a las clases proletarias y el racismo explícito e implícito con la emigración y los «dialectos regionales»… son características básicas de núcleo de esta burguesía.
Durante cuarenta años, el Estado solo ha permitido que se desarrollaran los contenidos estatutarios que aseguraban primero su dominación directa: fuerzas represivas como la Ertzaintza sometidas en definitiva al mando militar español, al igual que los Mossos catalanes. Segundo, su dominación económica a distancia mediante la Hacienda Foral que paga el tributo a Madrid con parte de lo expoliado al pueblo, quedándose el resto la burguesía autonomista. Tercero, su dominación legal mediante el control social practicado por la justicia autonomista: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Cuarto, su dominación indirecta: el sistema educativo y universitario, y de manipulación de masas como EITB, que reproducen la ideología burguesa con tintes autonomistas. Quinto, el control sanitario de la fuerza de trabajo mediante Osakidetza para asegurar la productividad media del trabajo. Sexto, el control del flujo de mercancías, de la fuerza de trabajo mediante carreteras y trenes, y planificación capitalista del territorio. Y séptimo, el sistema de asistencia pública para integrar y desactivar tensiones sociales generadas por el empobrecimiento creciente2 que el Gobierno vasco ha intentado ocultar3 y el recorte de derechos y libertades…
Salvo error nuestro, después de cuarenta años están sin transferir treinta y seis competencias autonómicas concedidas en 1979. El grueso de ellas se caracteriza por su importancia económica estatal e internacional, su importancia científica y cultural, su control de áreas de la seguridad social y garantía salarial, su control de prisiones, etc., y porque mantienen la simbología de la unidad territorial de la «nación española» en cosas de tanto impacto visual como las relacionadas con la matriculación de vehículos, por ejemplo. Pero aun estando sin cumplir, el Estatuto ha sido y sigue siendo un instrumento valioso para el capital por varias razones: enriquece a la gran burguesía, pero también a la mediana y pequeña mediante el clientelismo corrupto; legitima al Estado español en la CAV al ofrecer razones al bloque constitucionalista y unionista; satisface el difuso y abstracto sentimiento vasquista de bases populares del PNV; es un anzuelo en la garganta del reformismo abertzale…
Excusas del PNV
El PNV se escuda en el incumplimiento español para justificar el retroceso industrial con la pérdida del 54% de mano de obra desde 1975 hasta comienzos de 2019 –de 423.000 a 194.000– debido a la política neoliberal, al fraude y a la negligencia4. Lo utiliza también para justificar la reducción de los servicios médicos en verano5; el retroceso del reparto de la riqueza ya que en 1985 los salarios recibían el 55,5% y la burguesía el 37,84%, pero en 2017 los salarios bajaron al 47,39% y la burguesía subió al 42,21%: los primeros perdieron el 8,11% y los segundos ganaron el 5,28%; y por no cansar, el no llegar a la media europea6 de 100 en innovación: la CAV con 79,8 y Nafarroa con 75,5.
En síntesis, de la misma forma en que la imposición del euro y de la entrada en la Unión Europea conllevó el empobrecimiento, sobre todo, de las clases trabajadoras del Estado y el enriquecimiento de Alemania7, de modo que cada alemán ha ganado hasta 23.000 euros y cada súbdito del Estado español ha perdido hasta 5.000 euros8, o algo más. Del mismo modo, también el desarrollo del Estatuto ha significado el empobrecimiento relativo del pueblo trabajador en general y del proletariado en particular, y el enriquecimiento de la burguesía y de su Estado. El deterioro es tan alarmante que incluso el diario vocero del PNV, Deia, no ha tenido más remedio que reconocerlo: según la tramposa definición de «pobreza» que emplea el diario, resulta que el 18% de la población tiene ingresos inferiores al 60% de la renta media9. La realidad es bastante más cruda. Un reconocido investigador ha resumido así el panorama actual determinado por cuarenta años de Estatuto:
El paro afecta a 113.634 personas en la CAV, aunque llega a 123.443 personas en lo que se considera paro real, es decir que incluye a demandantes de empleo no ocupados, pero que no se registran en la lista de paro por diversos motivos. El principal, porque estar inscrito no te garantiza un empleo remunerado. A la vez se comprueba que hay todavía 73.300 personas ocupadas menos que al inicio de la crisis en 2008. El sector industrial cuenta con 50.500 personas menos; la Construcción, 38.500 personas menos y 3.700 menos en Agricultura y Pesca. Solo creció en 19.500 personas en el sector Servicios, donde la precariedad y los bajos salarios están a la orden del día10.
Quien realmente está ganando con el Estatuto, como hemos dicho arriba, es el capital que ha dispuesto de cuarenta años para integrar en el sistema a cientos de antifranquistas devenidos funcionarios o servidores del autonomismo, para debilitar gran parte de la base social proletaria de la izquierda independentista, y para aparentar desde 2011 un clima de «pacificación» y «normalización» que oculta las violencias de todo tipo, el empobrecimiento y la corrupción. Ya en ese mismo 2011 se demostró de nuevo que la «paz» y la «normalización» son imposibles en el capitalismo: PNV aplastó el bilbotarra gaztetxe Kukutza para abortar un peligroso experimento de propiedad comunal reinstaurando violentamente la propiedad privada. Saltando un poco en el tiempo, en 2014 la violencia del capital atacó a quienes denunciaban la presencia del rey español y del FMI en Bilbo; en 2015 la misma violencia desalojó a los trabajadores del Hospital Donostia… y durante estos años un reguero de violencias que sería largo resumir aquí ha golpeado al pueblo trabajador y en especial a su juventud.
Sin estas violencias y los restantes medios de alienación y cooptación, que no olvidemos están centralizadas estratégicamente por el Estado español, el 1,6% de la población, es decir, la burguesía, no habría logrado acumular el 44,6% de la riqueza y menos aún mantenerla. Sin el Estatuto, la burguesía no vendría a ganar un promedio de entre un 15% y un 20% más que el resto de la burguesía estatal11. Tenemos el ejemplo del terrorismo patronal, eufemísticamente denominado «accidente de trabajo». La unidad de clase entre el Estado y el Estatuto determina que a pesar de la resistencia obrera en 2019 el 38,8% de los contratos laborales duran menos de siete días. Es sabido que una de las causas del aumento de los «accidentes de trabajo» es la precarización. Pues bien, volviendo al artículo arriba citado, vemos que:
Con datos oficiales de Osalan, de enero a agosto (en el momento de contestar esta entrevista no había más) se han producido 53.671 personas afectadas por accidentes laborales, el 44% con baja (23.617 personas) y el resto sin baja. Además, hasta octubre se han producido 25 muertes obreras, y si añadimos las de Nafarroa llegan a 38 ya. Y fueron 2.145 afectadxs por enfermedades profesionales, según Osalan, de las que 1.032 fueron con baja. […] Cada día se producen 220 accidentes laborales, el 44% causa baja. […] este año ya son 24 los trabajadores que han fallecido por inhalar esas fibras cancerígenas. […] en Europa mueren por diferentes enfermedades relacionadas con el amianto 88.000 personas. En Hego Euskal Herria desde 1993, que hay datos, aunque incompletos, hasta hoy son ya, al menos, 2.424 fallecidos, hombres y mujeres. Es decir, el Pueblo Trabajador sufre una dramática situación mientras unos pocos, incumpliendo las leyes de seguridad y salud en el trabajo, se están forrando11.
Los límites del Estatuto y las contradicciones sociales han destrozado el mito del «oasis vasco» antes de haberse asentado: las huelgas y movilizaciones de todo tipo, la autoorganización popular que se recupera y ha convocado una huelga nacional para enero de 2020 por parte de la izquierda sindical y política. El PNV ya la ha calificado de «huelga política» y, efectivamente, lo es, pero en el sentido verdadero, antagónico a la política burguesa11. Tenemos la victoria obrera en 2018 en la huelga de 43 días en Sestao, conseguida mediante:
[…] un perfil reivindicativo, de contrapoder, tuvo el apoyo de las respectivas cajas de resistencia para que los trabajadores pudieran mantener un nivel suficiente de ingresos pese a la pérdida de salario por ejercer el derecho a huelga. De otra forma y con otros planteamientos sindicales, hubiera sido imposible el mismo resultado. […] Durante el conflicto, el Gobierno vasco, con competencias tanto en Industria (PNV) como en Trabajo (PSOE), trató de «mediar» en clave de dialogo social ante la solicitud del grupo empresarial acorralado por la presión sindical de huelga, con la intención de debilitar la posición de poder sindical y las reivindicaciones planteadas. Sin embargo, la mediación no fue aceptada y no consiguieron sus objetivos12.
Varias son las lecciones que aporta esta victoria: una la del sindicalismo de contrapoder, ya vista arriba; otra también vista, la de la beligerancia anti obrera del Estatuto; además, otra en la que no podemos extendernos, la crítica del funcionamiento del poder del capital; y la que ahora nos interesa: las diferencias entre, por un lado, la democracia directa, asamblearia, que se practica en las luchas obreras, populares, estudiantiles, etc., en el sindicalismo de confrontación y, por el otro lado, la democracia del «ciudadano»:
Mientras que el voto ciudadano se está demostrando excesivamente voluble y, por lo general, escorado hacia el mantenimiento de mayorías parlamentarias que apuestan por la servidumbre al poder económico, la militancia y afiliación sindical siguen siendo la forma fundamental para garantizar y avanzar en derechos laborales, condiciones salariales, de empleo y vida. A su vez, la acción sindical, la organización trabajadora en los centros de trabajo, las huelgas, permiten democratizar los conflictos y debates económicos, re-politizando así a una gran parte de la población a quien los debates televisivos sobre cómo se debe gestionar un país le quedan lejos. Sin embargo, aquellas cuestiones de las condiciones de trabajo como el salario, la jornada o de la dinámica productiva de la empresa o sector, nos quedan muy cerca, podemos comprenderlas transformarlas e incidir en ella13.
El Estatuto solo admite la «democracia del ciudadano»: durante algo más de treinta años eran furibundos los ataques de las fuerzas estatutarias vascongadas y forales navarras contra la práctica de la izquierda abertzale de supeditar el «derecho del ciudadano» –impuesto por la violencia del Estado español– al derecho del pueblo trabajador a expresarse primero y fundamentalmente en su autoorganización cotidiana, laboral, cultural, política, callejera… y, luego, como medio secundario y supeditado al fundamental, utilizando todas o algunas de las formas impuestas de la «democracia del ciudadano». La prioridad que la izquierda abertzale dio a la democracia directa del pueblo trabajador hasta 2011 fue la causa fundamental de que el independentismo obrero resistiera los cantos de sirena del Estatuto.
Las huelgas generales contra el capital que se realizaron hasta entonces, también eran de hecho huelgas contra el Estatuto, aunque no se dijera. Después, la llamada «nueva estrategia» optó por la «ciudadanía» y el proyecto independentista fue diluyéndose en el vacío abstracto y legalista del soberanismo y del «derecho a decidir» aireado por la academia14 para justificar una reforma del Estatuto negociada con el Estado, mientras que se abandonaban muchas cosas, entre ellas un debate necesario sobre las diferencias de fondo entre ambos derechos15, y unido a ello, toda pedagogía sobre las ventajas innegables de la independencia lograda mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación. ¿Y ahora?
Expansión y contracción
Veamos, el Estado retrocede en el ranking mundial y sufre un cáncer que le pudre internamente: la deuda soberana, como veremos. Debe movilizar la Inquisición, los tercios y la Armada Invencible no tanto en el sentido del siglo XVI, sino para no ahogarse en la periferia europea en lo que resta del siglo XXI. Para descubrir el grave error estratégico que supone plantear un «nuevo estatus» en el contexto actual, olvidando las transformaciones mundiales habidas desde 2005 por lo menos, debemos buscar la ayuda de las lecciones históricas expresadas en forma teórica, lo que inevitablemente nos enfrenta al aparato académico e intelectual sea reaccionario o reformista que rechaza esta teoría.
Veamos, si partimos del hecho de que la ley del valor y de la plusvalía son el cáliz satánico en el que toman forma el capital y la lucha de clases, entonces vemos que la ley de la productividad del trabajo es la base del materialismo histórico que explica el auge, estancamiento y caída de las grandes potencias, y la permanente revivificación de las opresiones nacionales y de las luchas de liberación nacional. Estas luchas reflejan la dialéctica expansiva/constrictiva inherente al concepto simple de capital16, o sea, la unidad y lucha de contrarios entre la tendencia a la mundialización del trabajo abstracto y del valor, y la ineludible tendencia contraria a la fijación espacio-temporal del marco de acumulación de burguesías concretas, con los impactos que eso hace sobre las diversas conciencias nacionales de los pueblos.
Veamos varios ejemplos recientes de entre los millares disponibles de la dialéctica expansivo/constrictiva del concepto simple de capital descubierta por Marx. Uno es el nombramiento de dos consejeros delegados extranjeros en los bancos Santander y BBVA que culmina la internacionalización de la gran banca y su «independización» del Estado español17, mientras que, por el otro lado, esta banca se protege en el Estado para recibir gigantescas ayudas económicas a fondo perdido, como veremos, y para condenar al paro a decenas de miles trabajadores, que llegarán a 100.000 a lo largo de 201918. El Santander es junto a Telefónica una de las empresas del Ibex 35 que más propaganda hace de su españolidad y de su fervor monárquico, nada de lo cual ha impedido al primero participar en el fraude de dividendos cum-ex que ascendería a 55.200 millones de euros a la Unión Europea, denominado «el robo del siglo»19, por el que está siendo investigado por la judicatura europea. El nacionalismo español del Santander se basa en la dialéctica expansivo/constrictiva que también actúa en las entrañas de la corrupción internacional.
Un segundo ejemplo muestra que la españolidad del Ibex 35 sigue internacionalizada a pesar de las cesiones del Estado para que reviertan al fisco español parte de sus 13.000 millonesde euros de desvío, pero las empresas del Ibex 35 todavía mantienen fuera 805 filiales lo que supone para el Estado una pérdida fiscal de 3.250 millones de euros20. La pugna entre la expansión internacional y la constricción en un Estado para, cediendo un poco en su cuenta de resultados, este Estado proteja los intereses generales del capital y sobre todo de su alta burguesía, esta pugna demuestra que el dinero no tiene patria, pero sí tiene Estado que defienda sus intereses en el mercado mundial y le proteja internamente contra las clases explotadas.
Esto nos lleva al tercer ejemplo: si la burguesía está ubicada en una nación oprimida a la que se le impide por la violencia poseer su propio Estado de clase, entonces esa burguesía se ampara sin rubor alguno en el Estado ocupante, aunque algunos sectores de la mediana y sobre todo de la pequeña burguesía sí se movilicen para tener su propio Estado. Cuando en 2012 el Gobierno argentino recuperó la empresa IPF que estaba en manos de Repsol, el Gobierno vasco, militantes del PNV y la patronal organizada en ADEGUI, defendiendo los intereses de su burguesía con acciones en Repsol, pidieron al Estado español que presionara a Argentina: el saqueo energético del pueblo argentino enriquecía al capital vasco y para mantener ese expolio de recursos la burguesía corrió a protegerse21 en el Estado ocupante.
Un cuarto ejemplo lo vemos en la razón que tiene esta frase: «Sería absurdo pensar que la radicalización del nacionalismo catalán, escocés e inglés no tiene nada que ver con la rabia desatada por la resolución injusta de la crisis de 2008»22. El empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la opresión despiertan a los pueblos de su letargo alienado al darse cuenta que su malestar está causado por el expansionismo del Estado ocupante y, a la vez, por la incapacidad de esas naciones para defenderse con un poder propio. El concepto simple de capital lleva en sí mismo, en su identidad, la contradicción expansiva/constrictiva, que se agudiza al extremo en las crisis que, por ello mismo, tensionan al máximo los complejos y enfrentados sentimientos nacionales, sus luchas sociales internas y externas, y sobre todo la necesidad de los Estados opresores de multiplicar los beneficios que obtienen mediante la explotación de las naciones que ocupan.
Un quinto ejemplo es el catalán: la opresión nacional que sufre este pueblo da un salto con el incremento de la brutalidad represiva desde septiembre-octubre de 2017, aumento que responde a que el Estado no va a dejar perder el 19% de su PIB, la cifra más alta desde el 200023, conseguida con la explotación del pueblo catalán. Perder casi una quinta parte del PIB sería una catástrofe para el Estado y más en medio de la tercera Gran Depresión mundial que, como veremos, tensiona al extremo sus debilidades estructurales. El grueso de la burguesía no quiere independizarse del Estado, quiere un sistema parecido al de Nafarroa y Vascongadas, derecho que no exigieron en 1978 – 1979 por un error estratégico. Es la pequeña patronal y sectores de la mediana la que impulsa el proceso. La toma por mayoría electoral de la dirección de la Cámara de Comercio de Barcelona, en mayo de 2019, desplazando del poder a las grandes empresas, lo dice todo: 30 pymes y solo una gran empresa24 copan la dirección de la Cambra, conmocionando a la gran burguesía porque las pequeñas y medianas empresas han ganado con un programa al «servicio de la república»25 catalana.
La contradicción interna del concepto simple de capital explica por qué el grueso de la burguesía catalana desea a lo sumo mayores competencias foral-autonomistas en un Estado menos centralizado; pero también explica su contrario, por qué el grueso de las pymes quiere una república neoliberal independiente de España, pero dependiente de Bruselas y de las grandes corporaciones transnacionales. El programa socioeconómico de ERC o «Llei Aragonès» ha «hecho saltar todas las alarmas»26 en los colectivos y organizaciones que defienden los servicios públicos y los derechos sociales por su impúdico neoliberalismo27 privatizador que extenderá la precarización capitalista28 y que va imponiéndose por la fuerza de los hechos consumados, antes incluso de su tramitación parlamentaria, como ya ha ocurrido con la externalización del 80% de las ambulancias29. El fondo de esta ley expone un modelo de independencia formal de España y de dependencia neoliberal del euro imperialismo: ni siquiera cambiar un amo por otro, sino tener dos amos.
Y el sexto y último ejemplo que confirma la necesidad que tiene el independentismo socialista de utilizar la dialéctica marxista, en este caso la de la contradicción ínsita en el concepto simple del capital, nos lo da el propio Estado al mostrar preocupación30 por la suerte de los 40.000 millones de euros que tiene invertidos en la explotación del pueblo argentino y que ahora, con la victoria de la derecha peronista sobre la extrema derecha macrista, pueden rendir menos beneficios. Recordemos lo arriba visto sobre la recuperación de IPF por Argentina en 2012 y la respuesta de la burguesía vasco-española. Ahora es más grave porque es bastante mayor el capital involucrado y por tanto aumenta mucho la tasa general de ganancia comprometida.
Cuando el titular del artículo referenciado habla de «40.000 millones españoles» tenemos que saber que incluye dentro de los «españoles» a los burgueses «regionales», sobre todo catalanes y vascos por ser más fuertes, interesados en que su Estado de las Autonomías presione a Argentina para no perder beneficios porque todas ellas se llevan su porción de la tasa general de ganancia obtenida exprimiendo al pueblo argentino. La amenaza es clara: «Los inversores de España, los segundos en importancia tras los de Estados Unidos, esperan medidas concretas que generen seguridad para permanecer en el país»31. Las burguesías de Hego Euskal Herria y del Principat Català, al igual que el resto, no dudan en hacer suya esa amenaza de su Estado de las Autonomías, aunque tal vez no la expliciten por simple táctica electoral. Muchas de ellas participarán en mayor o menor medida en esos 40.000 millones de euros por la lógica de la mundialización de la ley del valor, pero a la vez necesitan al Estado español para asegurar los beneficios que obtienen con el sufrimiento argentino.
La ley del valor adquiere aún más vigencia cuando la teoría marxista de la crisis queda confirmada por enésima vez, como ocurre en el presente. En semejante contexto largo, del que no hay perspectivas de salida y sí de agravamiento generalizado del sufrimiento, las «soluciones» reformistas que aseguran que se puede anular lo «malo» del sistema desarrollando solo lo «bueno»32 están condenadas al fracaso, por mucho que lo «bueno» se inserte en un nuevo Estatuto que deje fuera lo «malo». Si ya en el capitalismo de 1979 era imposible un Estatuto que hiciera este milagro como se ha demostrado, ahora, en el actual, es lo que la escolástica medieval llamaba imposible metafísico, que era el grado más alto de imposibilidad tras la moral y la física.
Situación de España
Son las limitaciones estructurales del capitalismo español, multiplicadas desde 2007, las que impiden dejar que Catalunya y Euskal Herria, fundamentalmente, abran vías de avance siquiera a su independencia aparente, al estilo de la descolonización británica que cedía el poder político formal, pero controlaba el poder económico. La histórica desidia por la tecnociencia de la burguesía española es una de las responsables de que, por una parte, la inversión en I+D33 haya retrocedido nada menos que en quince años, hasta tocar fondo en el nivel de 2004 junto con Portugal, Letonia, Rumania y Finlandia; y, por otra, los esfuerzos para mejorar en el Ranking de Competitividad34 solo hayan logrado que el Estado mantenga el puesto 36 de una lista de 63 países, eso sí, superando a Portugal que ocupa el puesto 39 e Italia en 44. Según este estudio, la razón fundamental del estancamiento en la competitividad es la ausencia de una estrategia industrial en el capitalismo español.
Sobre este particular, otro informe es contundente: «La competitividad de España se estancó el año pasado frente a la del resto del mundo»35. Este informe da cuenta del retroceso de Estados Unidos superado por Singapur. Pero lo que ahora nos interesa es que, como en cualquier carrera, quien se estanca en un momento preciso termina siendo superado más temprano que tarde por los que vienen detrás. Un sector del capital estatal es consciente, desde hace años, de esta debilidad industrial tomando medidas para superarla en parte, logrando que en el índice de Competitividad Global36 se haya pasado de 67,14 puntos en 2017 a 74,2 puntos en 2018, del puesto 34 al 26. Las diferencias entre el Ranking y el Índice muestran los diversos niveles de competitividad, pero el más importante es el primero.
¿Cómo se ha logrado detener el retroceso en el ranking y a la vez lograr una recuperación en el índice? Muy sencillo: brutalizando la explotación económica, intensificando la explotación de las naciones oprimidas, devastando el gasto público y la ayuda social, involucionando fiscalmente en beneficio del capital y tolerando un fraude gigantesco y una corrupción medieval, desmantelando la mínima legislación medioambiental y socioecológica existente, endeudándose de forma suicida, aprovechándose del viento de popa de la economía internacional que le ha favorecido hasta hace poco y del bajo precio de la energía, transfiriendo masas ingentes de capital público al privado, abriéndose incondicionalmente al capital transnacional… En los últimos años el Estado ha dado todas las facilidades a las grandes corporaciones extranjeras para que explotaran a las clases y naciones trabajadoras con la tecnología más moderna disponible37.
Veamos el intolerable caso de las «ayudas» a la Banca y a las Cajas, reflotadas o cerradas sin pérdidas personales para los culpables mediante una estremecedora inyección de sangre obrera en las cuentas de resultados: 76.410 millones de euros hasta 2017 sumando todas las ayudas38, de las cuales las Cajas y la Banca solo ha devuelto una ínfima parte. Otras investigaciones anteriores fueron aún más esclarecedoras: hasta 2014 cada súbdito del Estado español tuvo que «donar» a la Banca 2.175 euros para sacarla del agujero en el que ella misma se había metido muy conscientemente, hasta sumar la friolera de 100.000 millones de euros que el capital se embolsó sin apenas contrapartidas39.
Pues bien, a pesar de este dopaje con sufrimiento humano para alegrar la vida a la burguesía, hasta agosto de 2019 el capitalismo español es el que más producción ha destruido desde 2007, hundiéndose un 21% a pesar de la recuperación desde 2013 que parece que está llegando al límite: solo Grecia destruyó más producción industrial, un 29%. Incluso la propia derecha ultra neoliberal está cada vez más inquieta porque el Estado sufre una «lenta desindustrialización»40 y porque: «Por primera vez en toda la serie histórica, el PIB por ocupado y por hora de trabajo de España no es superior al europeo, lo que evidencia un deterioro del modelo productivo del país»41. En efecto, si la productividad del trabajo era del 2,7% en 2010, bajó al 1,8% en 2013, al 0,3% en 2015 y al 0,1% en 201842. Los efectos sísmicos de este retroceso hacen temblar los cimientos de las grandes empresas: «Más de 200.000 empresas prevén recortar plantilla este trimestre»43, exactamente 205.000 empresas, a las que hay que sumar las 170.000 que ya redujeron plantilla en el pasado trimestre.
Lo cierto es que, ante la posible recesión internacional inminente, la situación española se define con esta frase: «La única certeza es nuestra gran vulnerabilidad»44. No es ningún consuelo para el Estado pensar que a prácticamente todas las burguesías les sucede algo parecido45. El sector lúcido de la española, el Ibex 35, la CEOE… presionan al PSOE un día sí y otro también en busca de mayores prebendas. Las grandes superficies mercantiles, que suponen el 20% del PIB estatal y que explotan a 4.500.000 trabajadoras/es, son conscientes de su tremendo poder extraparlamentario, efectivo, y advierten de la «japonización»46 de España, exigiendo al gobierno que se reforme la ley electoral, que aumente la edad de jubilación, etc. Naturalmente, no les inquieta que el 55,3% de la población del Estado malvive «con la soga al cuello»47 por la disminución de sus recursos.
La patronal interviene diariamente en la política sin esperar a las elecciones cuatrienales, exigiendo que se cambie la ley electoral en su beneficio. Junto a este intervencionismo, asistimos a un aumento de la represión laboral: las demandas de despido por parte de la patronal ha aumentado de 53.374 en 2018 a 57.632 en 2019, resultando significativo que sea la patronal de la Comunidad de Madrid la que más las ha incrementado, probablemente porque se sienta envalentonada después de recuperar el poder en esta Comunidad48. La dureza del ataque empresarial es tal que hasta el sistema judicial debe oponerse a los abusos de la patronal, dando la razón a la clase trabajadora en el 75% de sus demandas dentro de una por ahora ligera tendencia al alza de estas49.
La prensa burguesa silencia la casi totalidad de la lucha de clases que a diario se libra en el Estado, pero además de las informaciones de colectivos político-sindicales, gracias a la militancia de un grupo admirable tenemos a nuestra disposición en la Red50 un seguimiento permanente de las movilizaciones, actos y huelgas de las clases proletarias en el Estado. Aunque estas presiones han logrado una pequeña recuperación salarial, la situación de las clases explotadas es muy mala: «[…] segundo país con la mayor tasa de “pobreza severa” de la Unión Europea (6,9%) y su población en “riesgo de pobreza” es del 13% (eufemismo del INE y de la Unión Europea para referirse a personas trabajadoras cuya renta está por debajo del 60% de la media de ingresos del país, con una carencia material severa de bienes y que tienen una “muy baja intensidad laboral”, menos de 20% de su potencial)»51.
Pero la situación tiende a empeorar porque los sectores sociales más afectados por el debilitamiento52 económico son los de servicios, construcción y autónomos, los que sostienen el grueso del consumo y de la producción, y dentro de estos, el deterioro de las condiciones de la mujer trabajadora. Conforme el empobrecimiento social vaya minando el consumo, se multiplicarán todos los demás problemas, como ya está sucediendo53. Y muy probablemente empeorará el mayor de todos según muchos analistas: la por ahora impagable deuda soberana que se ha disparado del 35% del PIB hace diez años a casi el 100% en la actualidad54: dado que el capitalismo español retrocede en la productividad del trabajo, tiene que endeudarse con el capital transnacional para comprar en el exterior. El único método existente para salir de ese agujero es brutalizando el entero proceso de explotación del trabajo para convertir el plusvalor obtenido en ganancia burguesa. ¿Es posible reivindicar un «nuevo estatus» en este contexto que favorezca al pueblo trabajador en detrimento de la burguesía?
¿Y ahora qué?
El contexto mundial de 2019 no tiene nada que ver con el de 2001 – 2005 cuando el plan Ibarretxe, con el de febrero de 1990 cuando la solemne engañifa sobre el derecho de autodeterminación y, menos todavía, con el de 1979 cuando se aprobó el Estatuto. Cualquier planteamiento sobre un «nuevo estatus» debe basarse en las tendencias contradictorias insertas en un contexto caracterizado por la descomposición de los sistemas de control tradicionales de la burguesía imperialista55, los que le sirvieron para mantener el orden relativo del capital desde 1945 y en especial desde la crisis de 1968 – 1975.
El Estatuto y la Comunidad Foral fueron concedidos por el Estado en ese orden relativo que ha estallado desde la tercera Gran Depresión. Ahora, a pesar de los dientes de sierra ascendentes en períodos cortos, la tendencia al retroceso generalizado de un «capitalismo desquiciado»56 es tan innegable que el portavoz del social liberalismo español ha reactualizado la vieja trampa de reinventar el capitalismo57, algo que ya anunció a bombo y platillo Sarkozy hace once años: refundar el capitalismo, como si fuese un puzle que puede recomponerse cambiando sus fichas de lugar.
Un ejemplo de la inquietud del imperialismo por el empeoramiento social generalizado lo tenemos en el triple premio Nobel otorgado por la Academia Sueca a economistas especializados en la «lucha contra la pobreza» que pertenecen a una ONG premiada en 2008 por la Fundación BBVA, dos trabajan en el MIT, que es uno de los centros de planificación estratégica de la tecnociencia imperialistas, y otro en la universidad de Harvard58. La Academia se rige por el plan de la ONU contra la pobreza, caracterizado por la ausencia de cualquier crítica al capitalismo y por los objetivos del desarrollo sostenible elaborados en 2015. Hasta 1974, el concepto empleado en los debates internacionales era el de «ecodesarrollo», que fue sustituido por el de «desarrollo sostenible» cuando H. Kissinger, factótum de la política exterior yanqui, se lo pidió por carta al presidente del Programa para el Medio Ambiente de la ONU59. El «ecodesarrollo» era un término peligroso para los neoliberales, porque abría el pensamiento a formas de estudiar el capitalismo en las que el «medioambiente» era parte del ambiente entero la catástrofe socioecológica, a la desertización, el agotamiento de los recursos, etc., que tienen tanto que ver con el empobrecimiento, pero que abre la puerta a la crítica marxista60 del capital.
La lucha contra el empobrecimiento es la lucha contra la propiedad capitalista y contra la ley del valor, pero mientras eso se conquista debe multiplicarse el gasto público, reorientar las inversiones productivas, imponer prioridades sociales, recuperar la naturaleza, recuperar bienes comunes y propiedades privatizadas, multiplicar los impuestos directos, acabar con la corrupción, exigir a la iglesias que devuelvan bienes en vez de hacer caridad… lo que supone reducir drásticamente los beneficios burgueses. Si esto era imposible en la época dorada del keynesianismo, más lo es ahora cuando el sistema está acogotado por el miedo a un nuevo crack61.
Cuando la poderosa burguesía de las grandes superficies advertía al Gobierno español que la economía se estaba «japonizando» se refería al hundimiento de los tipos de interés, a los bonos bajo cero, a la imparable deuda pública, etc., problemas que arrastra Japón desde hace años, que también invaden la eurozona62 y a la deuda corporativa63 de todo el mundo y sobre todo de Estados Unidos, pues los fantasmas que no dejan dormir a la FED64 son muy reales, tanto que ha reducido por tercera vez en tres meses el precio del dinero para reactivar una economía «dormida». Para exorcizar los miedos, paralizar a la oposición65 y reprimir el aumento de las luchas y protestas, la Administración Trump aumenta las estrategias militaristas y neofascistas llevada a su expresión más salvaje: la amenaza de guerra civil66, en medio de una campaña de pedagogía del miedo contra el avance en las clases explotadas de ideales socialistas67.
En Estados Unidos resurgen muchas formas clásicas pero también nuevas formas de lucha proletaria: la reciente huelga de la transnacional Amazon68 es uno de tantos ejemplos, que está siendo confirmado con la huelga de la transnacional GM como parte de una lucha de clases que con dificultades se extiende por el mundo69 al tener que superar enormes obstáculos de toda índole, destacando entre ellos la negativa sistemática del sindicalismo reformista, amarillo y corporativo como es el caso de la gigantesca industria hospitalaria yanqui Kaiser, en la que 85.000 trabajadoras y trabajadores en huelga deben superar la oposición del sindicalismo oficial70, cuando no mafioso. De nuevo, el sindicalismo reformista sale en defensa del capital cuando el proletariado pasa a la acción.
El autoritarismo avanza en países tan «democráticos» como Gran Bretaña, en el que una parte de la población ha aprobado el intento de B. Johnson de cerrar el Parlamento durante un tiempo para impedir que la oposición abortara su plan de Brexit inmediato, lo que sería imponer un estado de excepción o una dictadura transitoria. La dominación burguesa ha creado una «democracia burbuja» en cuyo interior las clases explotadas malviven como si nada de eso sucediese de verdad, relativizándolo, como la «democracia simuladora»71 consciente de los peligro pero que a la vez justifica no combatirlos.
Alemania, que ha sido la gran beneficiada por la implantación del euro72 en detrimento del Estado francés y de Italia, además del Estado español como hemos visto, se está agotando. El Bundesbank además de reconocer que la economía ha podido entrar ya en recesión técnica desde septiembre, insiste que hay que retrasar la edad de jubilación a los 69 años y 3 meses. Cuando en 2011 la patronal y el banco lanzaron esta idea, la respuesta obrera fue importante. En los ocho años transcurridos desde entonces el nazismo se ha organizado penetrando incluso en el ejército y la policía, y la patronal prepara nuevos ataques contra el proletariado:
En Europa, en el corazón del capitalismo, la crisis económica está empezando a golpear con fuerza. En Alemania, los planes de despido se multiplican. El Deutsche Bank anunció en julio la supresión de 18.000 puestos de trabajo, el mayor «plan de reestructuración» de su historia (el 20% de la plantilla). Otra señal preocupante para el empleo es que «los pedidos en el sector de máquinas herramienta, la punta de lanza de la economía, cayeron un 22% interanual entre abril y junio». Pero la pérdida de puestos de trabajo ya se está extendiendo a casi todos los sectores: supermercados (por ejemplo, la fusión de Karstadt y Kaufhof provocará la pérdida de empleo para casi 5.000 personas, muchas de ellos con empleos parciales); 5.600 despidos en T‑Systems, la filial informática de Deutsche Telekom; Seguros (700 puestos de trabajo menos en Allianz), en conglomerados industriales: Thyssenkrupp (6.000 en todo el mundo, incluidos 4.000 en Alemania), Siemens (2.700 en todo el mundo, 1.400 en Alemania), Bayer (12.000 en 2021), etc. En el sector de la automoción está reapareciendo el trabajo a tiempo parcial afectando ya a 150.000 personas73.
En Iparralde la situación socio-económica va deteriorándose porque también lo hace en el Estado francés, en donde la pobreza crece día a día74 como efecto, entre otras cosas, de los restrictivos presupuestos para 2019, conocidos en medio de la crisis de verano de 2018, encresparon los ánimos75. Junto al mantenimiento de las movilizaciones de los chalecos-amarillos, otras se suman a la lucha destacando la del pensionariado: «La huelga por la reforma de las pensiones de Macron paraliza el transporte público en París»76. De la misma forma que el Estado español es denunciado internacionalmente por la práctica de torturas, el francés lo es por sus ataques a los derechos humanos77 para reprimir la creciente acción popular, involución autoritaria que ha llevado a que se plantee la pregunta sobre su posible latinoamericanización78. Medio año después de esta interrogante, la prensa conoció un estudio de la Coordinadora Nacional de Inteligencia en el que se expone la estrategia represiva para cinco años en previsión de estallidos de «violencia insurreccional»79. La demostración de fuerza policíaco-militar uniformada y de paisano ha sido aplastante durante el G7 en Euskal Herria.
Hemos dejado fuera de nuestro análisis casi la totalidad del contexto mundial y europeo porque pensamos que ya es suficiente con lo dicho. No hemos comentado nada sobre la gran pugna entre Eurasia y Occidente que es mucho más que la guerra comercial lanzada por Estados Unidos contra China80, cuyo crecimiento ha retrocedido a las tasas de 1992, el 6%, porque nos alargaríamos demasiado en cosas ya sabidas pero de directa repercusión sobre Euskal Herria. Si el plan de la Ruta de la Seda se desarrollase según lo inicialmente proyectado, su rama más occidental pasaría por Euskal Herria81, conectándola sobre todo por tren con Extremo Oriente, lo que afectaría al proyecto histórico de la burguesía autonomista de hacer de su país el nudo de conexión entre el eje norte-sur y el eje este-oeste. La incipiente guerra comercial de Estados Unidos contra la Unión Europea, dentro de la cual hay que incluir al Brexit, repercute sobre Euskal Herria, lo que le ha llevado al lehendakari a pedir protección a la Unión Europea porque el Estado español es muy débil frente a Trump. Como cualquier burguesía que ha renunciado definitivamente a crear su propio Estado, la vasca siempre busca un capo más poderoso que le proteja sin romper la dependencia con el anterior.
El Estatuto –y la Comunidad Foral Navarra– seguirán existiendo como estructura de poder español en Vascongadas y Nafarroa en la medida en que cumplan al menos tres objetivos necesarios para el capitalismo estatal: impedir la recomposición del independentismo socialista, garantizar el pago del tributo vasco al Estado y mantener contenta a la burguesía del lugar para que se esfuerce en cumplir con los dos anteriores, que también le benefician a ella. Dependiendo de los momentos, cada uno de los objetivos tendrá tácticamente más importancia que los demás, pero es el primero el que mide su efectividad última. Y lo es porque en él se sintetizan todas las contradicciones del espacio material y cultural de acumulación de capital que denominan España tal cual actúa contra Euskal Herria.
En la medida en que la plusvalía extraíble del proletariado vasco ayude a mantener un equilibrio inestable en la contradicción expansivo/constrictiva del capitalismo estatal, impidiendo su retroceso en el mercado mundial e incluso logrando un leve ascenso gracias a la sobreexplotación, en esta medida el Estatuto seguirá existiendo. Las presiones al alza de la mundialización del valor y de la competencia por los mercados son imparables, confirmando las impotencias estructurales del Estado español pero también atando aún más a la burguesía de Hegoalde a ese Estado y al euroimperialismo. Tales impotencias explican el endurecimiento del centralismo estatal y la necesidad del autonomismo de buscar un capo más poderoso, como hemos dicho.
En estas condiciones que han venido para quedarse y empeorar, es ilusa la creencia de que el PNV aceptará abrir un «nuevo estatus» con HB Bildu que le lleve a un mínimo roce con el Estado, ni siquiera a un choque bastante más suave que el que libra y sufre el procés catalá dirigido por la pequeña burguesía. Una de las virtudes de la política revolucionaria es que no genera esperanzas imposibles en el pueblo obrero, sino que dice la verdad, se adelanta en la medida de lo posible al devenir de las contradicciones y propone alternativas inasimilables por el capital, asumiendo que eso puede restarle votos, pero éste es un debate en el que no vamos a entrar ahora.
Iñaki Gil de San Vicente
Euskal Herria, 31 de octubre de 2019
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- Ion Salgado: La pobreza, una realidad creciente en la Comunidad Autónoma Vasca, donde las desigualdades son «cada vez mayores», 28 de septiembre de 2019 (http://www.sinpermiso.info/textos/la-pobreza-una-realidad-creciente-en-la-comunidad-autonoma-vasca-donde-las-desigualdades-son-cada).
- Iñaki Iriondo: Lakua intenta ocultar su estadística de que la pobreza crece en la CAV, 13 de julio de 2019 (https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2019 – 07-13/hemeroteca_articles/lakua-intenta-ocultar-su-estadistica-de-que-la-pobreza-crece-en-la-cav).
- Ll. Rodríguez Algans y J. B. Zubiri Rey: Industria vasca, el naufragio permanente, 17 de abril de 2019 (https://www.elsaltodiario.com/industria/industria-vasca-naufragio-permanente#).
- Danilo Albin: El verano de la sanidad vasca: demoras en ambulatorios y cierre de camas en hospitales, 11 de julio de 2019 (https://www.publico.es/politica/verano-sanidad-vasca-demoras-ambulatorios-cierre-camas-hospitales.html).
- Beñat Zaldua: Nafarroa y la CAV lejos de la media innovadora europea, 25 de junio de 2019 (https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019 – 06-24/hemeroteca_articles/nafarroa-y-la-cav-lejos-de-la-media-innovadora-europea).
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- María-Paz López: Un estudio señala a Alemania como la gran beneficiada del euro, y a Italia y Francia como perdedoras, 3 de marzo de 2019 (https://www.lavanguardia.com/economia/20190303/46794395472/cosecha-germana-euro-alemania.html).
- Una nueva recesión: ¡El capitalismo exige más sacrificios al proletariado!, 28 de septiembre de 2019 (https://es.internationalism.org/content/4471/una-nueva-recesion-el-capital-exige-mas-sacrificios-al-proletariado/).
- Romaric Godin: En 2018, las desigualdades y la pobreza han aumentado mucho, 22 de octubre de 2019 (https://www.vientosur.info/spip.php?article15226).
- Henri Wilno: Presupuestos 2019: Macron el Robín de los Bosques al revés, 21 de septiembre de 2018 (https://vientosur.info/spip.php?article14186).
- Marc Bassets: La huelga por la reforma de las pensiones de Macron paraliza el transporte público en París, 13 de septiembre de 2019 (https://elpais.com/internacional/2019/09/13/actualidad/1568371275_746235.html).
- Eduardo Carmín: Retroceso de los derechos humanos en Francia denunciado ante la ONU, 10 de marzo de 2019 (http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/03/10/retroceso-en-los-derechos-humanos-en-francia-denunciado-ante-la-onu/).
- Carlos Schmerkin: ¿Francia se está latinoamericanizando?, 15 de diciembre de 2018 (https://www.rebelion.org/noticia.php?id=250180).
- Will Morrov: Francia. Documento de estrategia de la inteligencia advierte sobre «violencia insurreccional», 23 de julio de 2019 (http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/07/23/francia-documento-de-estrategia-de-la-inteligencia-advierte-sobre-violencia-insurreccional/).
- Alfredo Toro Ardy: China y EEUU: Armamento y Tecnología, 17 de septiembre de 2019 (http://politica-china.org/areas/seguridad-y-defensa/china-y-eeuu-armamento-y-tecnologia).
- Mikel Zubimendi: La Ruta de la Seda pasa por Bilbao, nueva «Cabeza del Dragón», 25 de junio de 2017 (https://www.naiz.eus/es/hemeroteca/gara/editions/2017 – 06-25/hemeroteca_articles/la-ruta-de-la-seda-pasa-por-el-puerto-de-bilbo-nueva-cabeza-del-dragon).